"Nos estafaron": empresarios complicaron a los acusados del servicio de evasión fiscal

Empresarios de la construcción contaron con detalles cómo actuaban los acusados de formar una banda que ofrecía servicios para evadir impuestos, y aseguraron que fueron estafados. Fue en la segunda jornada del juicio contra cuatro profesionales que, según la imputación, falsificaban o duplicaban certificados de libre disponibilidad que vendían a los deudores para saldar sus obligaciones con la AFIP.

Tal como ha informado UNO, la imputación señala que los abogados Alicia Ibáñez, que trabajaba en la AFIP, y su hijo Roberto Izaguirre Ibáñez, y los contadores Luis Salvador Morelli y Sergio de Araquistain, fraguaban certificados de libre disponibilidad falsos o mellizos para la simulación de pagos. No se trata de documentos sino de un trámite que se realiza en el sistema de AFIP con clave fiscal. En ente recaduador retiene montos de dinero excedentes luego de los pagos a cuenta que un contribuyente puede disponer luego para el pago de impuestos. Los acusados habrían accedido a dos tipos de información: por un lado, de quienes contaban con esos montos a favor; por otro, de aquellos que estaban con deudas. Entonces, falsificaban o duplicaban los certificados de los primeros, que luego vendían a los segundos. Aseguran que la maniobra fue ejecutada entre 2010 y 2015.

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Guillermo Gabriel Galeazzo, y sus hijos Pablo Gabriel Galeazzo y Santiago Alberto Gaitán Facello, dueño y colaboradores en la empresa Constructora del Norte SRL, declararon ayer en la primera jornada de testimoniales del juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Paraná. Luego lo hizo Miguel Ángel Marizza, presidente de Construcciones Caballi SA.

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Los empresarios refirieron que contrataron los servicios de los imputados para un procedimiento lícito: la compra de aquellos certificados de libre disponibilidad de otras empresas para pagar sus deudas con el fisco.

Los representantes de ambas empresas coincidieron en que les pagaron la totalidad del monto requerido por esos certificados más los honorarios, con cheques a nombre de las empresas que tenían aquellos montos a su favor. Pero poco después se encontraron con que la deuda seguía existiendo y con las acusaciones de funcionarios de AFIP de haber realizado una maniobra ilegal.

Es decir, señalaron que los imputados los engañaron con su trabajo de gestoría de un trámite legal, y se quedaron con el dinero. “Fuimos estafados”, afirmaron. Marizza dijo que tuvo que volver a pagar más de 370.000 pesos (hace alrededor de una década) para saldar la deuda.

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La jueza Noemí Berros les preguntó por qué no los denunciaron cuando se dieron cuenta de tal estafa. Galeazzo dijo que esto le causó un malestar enorme y un perjuicio muy grande a la empresa que construyó durante mucho tiempo, mientras se sentían asfixiados por el fisco e incluso estuvieron en proceso de quiebra, por lo que no quería saber más nada con los acusados. Marizza dijo que lo hizo al momento de ser citado a declarar como testigo en la causa.

Por otro lado, los testigos también coincidieron en que la información que manejaban los acusados sobre los códigos de los certificados de libre disponibilidad no los podrían haner conseguido sin contactos en algún estamento de la AFIP.

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Además, afirmaron que para las operaciones fueron contactados por Izaguirre Ibáñez, Morelli y de Araquistain. A los Galeazzo los visitaron en la empresa y con Marizza se conocían del Club Atlético Estudiantes de Paraná.