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Villa 351

La trama de una interminable espiral de violencia en la Villa 351

Balaceras, persecuciones policiales y restricciones judiciales que no se cumplen, con el trasfondo del narcotráfico en un barrio postergado.

Sábado 15 de Agosto de 2020

Los teléfonos del 911 suenan varias veces por día con llamados que denuncian situaciones de violencia en la Villa 351 de Paraná. El alerta llega a la comisaría sexta, que acude al barrio en patrulleros hasta una decena de veces en una sola jornada. Si arrestan a los sospechosos de alguna balacera pueden quedar detenidos por uno o dos días y la Justicia les impone restricciones para que no se acerquen al lugar por un tiempo. Este plazo vence, los acusados vuelven y se tirotean otra vez, mientras las causas no pueden avanzar por falta de pruebas.

El problema de siempre, con los apellidos de siempre, se recrean en una espiral interminable que genera fastidio y frustración en todos lados: en los policías hartos de entrar al barrio entre los tiros; en fiscales con legajos sin suficientes pruebas y con denuncias cruzadas; en muchas de las 250 familias que no tienen otra que llamarse al silencio y padecer, además, el estigma que ocasiona su domicilio; en organizaciones que ya no pueden trabajar territorialmente para ayudar a quien lo necesite.

No está claro si la disputa entre los dos grupos enfrentados es por el territorio para la venta de drogas o para demostrar quién se la aguanta más. O las dos cosas. Mientras, armas, municiones y drogas se venden, alquilan, usan y consumen en un negocio cuyas ganancias, a las claras, no quedan en la cortada de tierra que recorre unos 400 metros desde avenida De las Américas hasta calle El Paracao.

Distintos actores consultados por UNO coinciden en que la violencia suele ser cíclica en la Villa 351: tras un período de furia siguen unos meses de paz, hasta que vuelven los problemas. El último ciclo viene siendo largo, ya que desde que comenzó este año a los conflictos no los frenó ni la cuarentena. Por reseñar algunos, a inicios de febrero repelieron a piedrazos y tiros a móviles y policías de Robos y Hurtos que iban a allanar y detener a acusados de asaltos; el 1º de mayo, tras dos tiroteos llegaron grupos especiales, dispararon balazos de goma, hirieron a varias personas y en la refriega un policía terminó con un cuchillo clavado en el chaleco antibalas; en junio balearon a un adolescente de 16 años y dos semanas después una joven de 21 recibió un disparo en el cuello; el miércoles un policía recibió un balazo en una pierna. Entre medio, el cotidiano trajín de agresiones, persecuciones y los detenidos con restricciones o por robos.

Destierros y conflictos

Los Argarañaz y los Godoy son los dos grupos familiares enfrentados hace muchos años. Otras familias también han participado en el conflicto, pero se han retirado por órdenes judiciales o tras un homicidio. Los primeros viven cerca del acceso a la Villa 351 por calle El Paracao; los otros, desde la mitad de la cortada hacia avenida De las Américas. Cuentan con una decena de viviendas cada uno, que fueron construyendo o ampliando a medida que las familias fueron creciendo.

El jefe de hogar de los Godoy es el Oso, aunque su madre, Amanda Núñez, ha tenido siempre un rol protagónico en las decisiones. Llegaron a la Villa 351 desde el barrio Gaucho Rivero, luego del asesinato de Miguelito González, de 14 años, ocurrido el 10 de mayo de 2012, durante una batalla de piedras y tiros. Tras el crimen por el cual cuatro de ellos fueron condenados, un alzamiento de vecinos les demolió sus casas (aún quedan los escombros) y debieron mudarse. Según se recuerda, al llegar a la Cortada les compraron una casa a los Argarañaz, aunque la buena relación duró poco tiempo.

El 16 de noviembre del año pasado los Godoy sufrieron la muerte de Matías, de 36 años: recibió un balazo en uno de los pasillos del barrio, en el contexto de una pelea que mantenían con otra familia: los Sotelo, allegados a los Argarañaz. Mario Sotelo, de 51 años, está detenido y espera el juicio por el asesinato. Estos debieron irse de la Villa 351 antes de sufrir más represalias (les quemaron un auto Peugeot 408), se mudaron al barrio Juan Pablo II, donde el 14 de julio protagonizaron un enfrentamiento con otra familia y murió de un balazo un joven de 20 años que estaba con ellos.

La superficie y el fondo

Muchos de estos problemas se han ido acumulando y están detrás de los conflictos de estos días. Lo que aparece en la superficie de la violencia son adolescentes y jóvenes de 16 a 25 años, y también más chicos, que se tiran piedrazos y balazos. En la comparación entre tiros y heridos se evidencia que es más para mostrarse las armas que para matarse. Por el disparo que recibió un policía el miércoles detuvieron a dos menores de 16 y 17 años. Por un intento de homicidio anterior ocurrido en el barrio habían arrestado a otro adolescente. Los tres recibieron prisión preventiva en la residencia del Consejo del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) de calle Diamante.

No obstante, es equivocado sostener que los menores son los causantes de la violencia. Por un lado, por estadística: hay solo seis adolescentes privados de la libertad por delitos graves en toda la provincia (frente a más de 2.500 adultos en las cárceles), aunque hubo un incremento en hechos menores, contra la propiedad; además, desde el Copnaf precisaron que bajó mucho la reincidencia de adolescentes en comparación a años anteriores. Por otro lado, en razón de que las armas, las municiones y la droga las proveen mayores.

Entonces, parece haber, al menos, dos motivos en los conflictos en la Villa 351: las disputas entre pibes para ver quién manda o quién es más guapo en el barrio, y de fondo el uso y consumo de armas, municiones y drogas que moviliza un negocio importante.

En cuanto a las armas, tal como se señaló en un informe de UNO hace un mes, la Policía considera que, en base a los registros balísticos, hay pocas que se utilizan en distintos hechos, y que la astucia para ocultarlas ha impedido secuestrarlas. Por ejemplo, la pistola calibre 9 milímetros con la cual fue baleado el policía el miércoles es la misma con la que casi matan de un disparo en el cuello a la chica a mediados de julio, y también fue utilizada en otros dos episodios, ocurridos el 23 de marzo y el 15 de junio, en la misma zona. Evidentemente esa pistola está ahí, pero la topografía del barrio con mucha vegetación y las viviendas conectadas permiten esconderla rápidamente.

Sobre las municiones, sorprende a todos la frecuencia con la que se consiguen para que se produzcan varias balaceras en un día, la capacidad de compra y la facilidad de quien las compra legalmente para revenderlas.

Acerca de las drogas, un factor problemático es el consumo. En las últimas semanas, según contaron fuentes del barrio y policiales, se notó un incremento del uso de Poxi Ran y pastillas de psicofármacos. En cuanto a la venta, hay quienes se preguntan si en realidad en la Villa 351 proliferan los kioscos de droga y si las disputas actuales son por el dominio del territorio y la clientela. Se sabe que en medio de tanta violencia este negocio no suele prosperar. Por esto, se sospecha que los narcos de renombre en Paraná que tienen comprobados vínculos con personas que viven allí, buscan otro tipo de provechos para diversas tareas, en un barrio con características que los favorecen. Se trata de presunciones, que sólo podría corroborar una investigación de inteligencia criminal de fondo.

La impotencia del sistema

La gran cantidad de hechos forman múltiples legajos con conflictos enmarañados y dificultades concretas para que la Fiscalía pueda avanzar como en cualquier causa. Se toman los testimonios de los episodios con denuncias recíprocas entre uno y otro grupo enfrentado, lo que en principio complica saber quién dice la verdad o qué veracidad se le pueda dar a cada uno si existen broncas de vieja data.

Las pruebas tampoco parecen sencillas: cuando hay detenidos, el dermotest da negativo, si encuentran un arma, no coincide con los indicios del hecho, o termina quedando la palabra del acta policial contra la del sospechado. “Son las causas más complicadas”, afirman en el Ministerio Público.

Los fiscales sostienen que dan pelea en la Justicia para que un tiroteo sea considerado con la gravedad de un intento de homicidio, y no un simple abuso de arma que tiene una pena baja y con suerte termina en una probation. Esto les permitiría poder ser más severos en las acusaciones así como en las medidas cautelares durante el proceso.

Hoy estas causas derivan en medidas de restricción de acercamiento a la Villa 351 por un plazo determinado, que luego se vencen y si la investigación no pudo avanzar por lo antes señalado difícilmente se pueda prorrogar. De este modo, cuando se vence la restricción los acusados regresan al barrio y vuelven los problemas. Además, se observa que tanto las restricciones como la prisión domiciliaria pocas veces se cumplen.

Lo que sí tienen claro, tanto en la Fiscalía como en la Policía, es que el sistema penal no va a resolver los conflictos estructurales en este barrio.

Postergados

La postergación en la urbanización de la Villa 351 y en los derechos de sus habitantes ha configurado un lugar que parece fuera de control. La organización no gubernamental que trabajaba territorialmente en el lugar, Suma de Voluntades, debió cambiar el modo de ayuda a las familias por la pandemia, pero también desde el episodio violento del 1° de mayo entre vecinos y policías, mientras servían raciones de locro. Ya no pudieron volver al lugar pero igualmente están en contacto con personas del barrio y les entregan los alimentos a quienes los requieren.

La comisaría sexta cubre la cortada desde las 15, a veces con una comisión de dos policías en un patrullero y otras con personal recorriendo el lugar a pie. Cuando la situación está más caldeada se aposta un móvil del Grupo Especial de la Departamental. Si alguien llama al 911 por un balazo, piedrazo o botellazo acuden al lugar, aunque a veces las persecuciones se complican por el laberinto de pasillos que desembocan en distintas viviendas o en la vegetación frondosa que hay tanto hacia las edificaciones que están sobre avenida De las Américas como en el arroyo Antoñico y las vías, donde también se ocultan armas.

Consultado acerca de los planes de la Municipalidad para mejorar las condiciones del barrio sobre estas cuestiones, el secretario de Planeamiento y Desarrollo Territorial, Guillermo Federik, dijo a UNO: “Específicamente en el lugar hay intervenciones de mantenimiento y adecuación, porque el predio no es municipal, es una parte del ferrocarril y otra parte privado, no hay posibilidades concretas de integrar un programa como el Promeba. No obstante sí tenemos un grupo que trabaja en propuestas de ordenamientos de asentamientos irregulares de la ciudad. Tenemos 68 asentamientos irregulares y barrios populares, algunos con distintos grados de consolidación. Este es uno de los más nuevos, no con una gran consolidación pero con bastante población y muchos problemas sociales internos”.

En cuanto al mejoramiento, el funcionario explicó que se trata de “llevar agua potable, adecuar algún espacio verde, mobiliario como juegos y por supuesto mejorado de las calles y el agua. Hay que hacer un proyecto urbano, como se ha hecho en otros barrios”.

“El arroyo es jurisdicción provincial -agregó-. Ahí sí podemos intervenir en mantenimiento, probablemente haya que intervenir con urgencia. Se ha hecho mucho desmalezado y limpieza de cauce y sector de vías. En este momento hay una dragalina de la Provincia para la limpieza integral de todas las vías del ferrocarril, y tenemos presentado un proyecto en el programa Argentina Hace de limpieza y adecuación de cauces de los tres arroyos: Antoñico, la cuenca de Las Viejas (Colorado y Culantrillo) y un tramo de La Santiagueña. Esperamos que antes de fin de año salga”.

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