Juzgado por violación amenazó y el juez lo dejó en la casa

En importantes sectores de la Justicia entrerriana, el discurso de la perspectiva de género parece ir por un lado, mientras las decisiones y los hechos van por otro. Ahora, el escándalo sucedió en Concepción del Uruguay: un hombre imputado por la violación a su hijastra desde los 12 años, que está siendo juzgado por jurado popular, se encuentra con prisión preventiva domiciliaria. Desde allí, publicó un video con amenazas a la víctima, a testigos y a la fiscal, quien pidió que mientras dure el juicio, el hombre permanezca detenido en una comisaría. Pero el juez técnico Nicolás Gazali rechazó el pedido y dejó al acusado de abuso sexual en su casa, con acceso a medios para seguir intimidando.

Alcides Rubén Rodríguez tiene 48 años y era integrante de la Gendarmería Nacional hasta que le dieron la baja. La Fisalía lo imputa por haber abusado sexualmente de su hijastra durante más de 15 años. La víctima pudo romper el silencio a los 28, cuando hizo la denuncia. Vivió amenazada por su padrastro quien abusó de ella hasta en su lugar de trabajo, en la División Canes de la Gendarmería.

Luego de la investigación que reunió pruebas suficientes para consolidar la imputación, Rodríguez fue llevado a juicio. Desde esta semana, 12 ciudadanos del Departamento Uruguay, constituidos en un jurado popular, escuchan las versiones y testimonios del caso y decidirán si es culpable o no.

La imputación reúne un sinfín de delitos: “abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, abuso sexual con acceso carnal reiterado agravados por la convivencia preexistente, privación ilegal de la libertad agravada, amenazas reiteradas, desobediencias reiteradas a una orden judicial todos en concurso real en contexto de violencia de género”.

Cabe subrayar que se publica la identidad del imputado por expreso pedido de la víctima al periodista de Concepción del Uruguay, Pablo Bianchi, luego del episodio ocurrido ayer.

Rodríguez estaba en su casa cuando agarró el celular y se grabó en un video. En la primera parte del mismo expresa amenazas contra la víctima y testigos que fueron citados para declarar en el juicio. Luego apunta también contra autoridades, en particular a la fiscal María Gabriela Seró.

“Ustedes lo quieren cagar al tío, no se aprieta a la gente así, doctora, aprendan que hay un dios y que su reinado de maldad tiene fecha”, dijo Rodríguez y señaló con el pulgar hacia abajo.

El video causó temor en muchas personas. Más allá de esto, implicó una clara infracción a una medida elemental que se impone a cualquier imputado: no molestar ni perturbar a la víctima, a su entorno y a testigos. Aquí se agrega que hay vecinos que lo están juzgando, que deben dictar un veredicto y luego regresar a su casa, sin ningún t

ipo de protección como suelen tener algunos jueces y fiscales cuando se sienten atemorizados.

Frente a esta situación, la fiscal explicó en la audiencia lo sucedido al juez técnico y solicitó que se revoque la prisión domiciliaria y se le imponga la preventiva en una dependencia policial. Galizi rechazó el planteo de la acusación pública y mantuvo al acusado detenido, pero en su vivienda, según informó el sitio 03442.

Sin paridad de género

Gazali se encuentra en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay desde noviembre del año pasado, en forma interina, es decir designado por una autoridad judicial superior sin concurso. Es hijo de una exjueza de Instrucción de La Histórica, María Cristina Bonifacino, y venía de ser defensor oficial en Concepción y en Gualeguaychú.

Su arribo a la vocalía del Tribunal sucedió luego de que la vocal Evangelina Bruzzo lograra por concruso, con el mejor puntaje, un lugar en la Cámara de Casación Penal de Concordia. En ese momento, la designación mediante el método conocido popularmente como “a dedo” de Gazali, fue cuestionado porque ese lugar debía ser para una mujer. En Concepción hay varias funcionarias con trayectoria suficiente para ocupar ese lugar, como la jueza de Garantías Melisa Ríos (quien también llegó por concurso, con un elevado puntaje).

De esta manera, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción es el único de la provincia que quedó integrado solamente por varones.

En 2020 se sancionó la Ley provincial de paridad de género, que reglamenta el artículo 17 de la Constitución Provincial: “La designación para cubrir los cargos deberá atender al principio de paridad de género”, sostiene la norma.

A mediados del año pasado, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos anunció que es obligatoria la Ley Micaela (capacitación en perspectiva de género), que opera para los casos de confirmación en el cargo, para poder participar en los cursos de ascenso y para la designación de suplencias que superen los 90 días. (Es curioso que en la Justicia se declare obligatoria una Ley).

Nada parece ser suficiente.

Mientras tanto el juicio contra Rodríguez continúa hoy y lunes y martes próximos, con las declaraciones de testigos y luego con los alegatos de las partes.