La directora del hospital Colonia de Salud de Mental de Diamante, Noelia Trossero, acusó a la conducción provincial de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) de entorpecer su gestión al no avalar la solicitud de suplencias para cubrir diferentes puestos en el nosocomio, señaló que fue víctima de situaciones de intimidación al menos en los últimos dos años y recordó que cada vez que se reunía la comisión evaluadora venía "gente de Paraná siempre en actitud patotera".
Fiscalía acusó a UPCN de tener actitudes de "apriete" y de funcionar como una "patota"
Esta fue la teoría que desarrolló la acusación. Los defensores rechazaron la imputación. Domínguez y Monzón se despegaron de los hechos en Diamante
23 de octubre 2018 · 08:28hs
Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira
En relación al caso de la enfermera y delegada de UPCN, Yanina Migueles, la funcionaria explicó por qué decidió su traslado a otra sala, en primera instancia, y luego resolvió, a raíz de diferentes irregularidades, dar de baja su suplencia extraordinaria. "Tenía dos expedientes por mala administración de dosis hacia un usuario. No sabe administrar medicación en la sala y le pedí al doctor (Carlos) Berbara que me diera una respuesta rápida. Pasaron nueve meses y no tuve ninguna respuesta", relató al brindar su testimonio en los tribunales de Paraná.
La kinesióloga también complicó en su relato al exministro de Salud de la provincia, Ariel De la Rosa, por un llamado telefónico posterior a la cesantía de Migueles. "Me dijo 'dejate de joder, no sabés lo que estás haciendo, este es un año político recontra complicado. No me traigás más problemas, reincorporala a Migueles y dejate de joder'. No podía creer lo que me estaba diciendo un ministro, que es mi superior", reveló la funcionaria ante el tribunal integrado por Alejandro Grippo (presidente), Alejandro Cánepa y Pablo Vírgala.
Fue uno de los testimonios más contundentes de la primera jornada del juicio a seis integrantes de la conducción del gremio estatal y al extitular de la cartera de salud. Los gremialistas Carina Domínguez (secretaria gremial), Fabián Monzón (secretario adjunto y uno de los directores del Iosper), José Zarza, Ester Santamaría, Zunilda Suárez y Guillermo Barreira, están imputados por el supuesto delito de coacciones agravadas. A Barreira y Monzón también se les atribuye el delito de desobediencia judicial y amenazas.
La práctica del "apriete"
En su alegato de apertura, el fiscal Laureano Dato, sostuvo en su hipótesis del caso que "hubo un propósito claro de quebrantar la voluntad y la libertad de la licenciada Trossero, pretendiendo la reincorporación de una empleada del hospital que había sido dada de baja por una disposición legítima de la directora Trossero".
Para el representante de la acusación pública "se creó un clima hostil y de dos conceptos que entendemos desde el Ministerio Público van a ser reproducidos por los testigos en esta audiencia debate. Estos conceptos son los de patota y los de apriete". En esos términos resumió su tesis el Ministerio Público Fiscal, en relación a los hechos ocurridos en el nosocomio de Diamante entre el 5 y el 7 de junio de 2017, cuando la directora del establecimiento denunció supuestas amenazas de integrantes de la conducción de UPCN para que reincorporara a la enfermera Migueles. La funcionaria denunció al entonces ministro de Salud, Ariel De la Rosa, por presuntas amenazas y presiones para dar marcha atrás con la medida en contra de la delegada gremial.
Respecto de la imputación a Domínguez dijo que "organizó, en su carácter de secretaria gremial, quiénes debían concurrir al hospital Colonia de Salud Mental el 5 de junio de 2017, entre las 7 y las 9, proveyendo de vehículos, de viáticos y de combustible, para que José Zarza, Ester Santamaría y Zunilda Suárez irrumpieran de modo intempestivo en el despacho de la licenciada Trossero, y de un modo violento le exigieran la reincorporación de Migueles. Directamente, no la dejaron salir, la agredieron física y verbalmente, tanto a ella como a su secretario".
En cuanto a la imputación de Monzón y Barreira, recordó que durante el traslado de Domínguez, Zarza, Suárez en un móvil policial dentro del predio del hospital "se interpusieron en el camino, frenaron el móvil policial y no cumplieron la orden que les dio la policía de hacerse a un lado. Monzón les dijo: 'Ustedes ya están trasladados, no saben con quién se metieron'. Lógicamente fueron aprehendidos en flagrancia".
Según Dato, la imputación de De la Rosa corresponde a los hechos ocurridos el 6 de junio: "Llamó desde el Ministerio de Salud al teléfono personal de la licenciada Trossero y la amenazó para que reincorporara a Migueles". El fiscal mencionó la resolución ministerial por lo cual se disponía la continuidad laboral de Migueles.
Denuncian "persecución"
El defensor de los seis gremialistas, Marcos Rodríguez Allende, atacó la tesis de la fiscalía que comparó a la práctica sindical con la "patota" y el "apriete". En cambio dijo que el denominador común de los hechos "era la realización de actividades gremiales dentro del fuero del derecho administrativo. Es un concepto totalmente agraviante para mis defendidos, cuando ni siquiera tuvieron acceso a la directora del hospital. Hubo una persecución política y administrativa, realizada por Trossero respecto a la enfermera Migueles".
En la misma línea se pronunció uno de los defensores de De la Rosa, el abogado Leopoldo Lambruschini. "Nosotros vamos a sostener que esta llamada se mantuvo dentro del riesgo permitido, es decir una llamada lícita que fue a los efectos de plantearle lo que se iba a resolver el Ministerio de Salud".
La versión de Domínguez y Monzón
Carina Domínguez y Fabián Monzón pidieron hacer uso de su derecho de ampliar su declaración indagatoria, previa consulta con sus abogados. La secretaria gremial se desligó de los hechos que se le atribuyen durante una movilización gremial para participar de una conferencia de prensa. En primer lugar dijo que "hubo un conflicto con una trabajadora" pero aclaró que la problemática se había iniciado en mayo de 2017. "Migueles fue notificada por parte de la directora del hospital de un traslado que se pretendía hacer a otra sala. Nuestra entidad sindical manifestó que este traslado no estaba permitido por la ley que rige la actividad, ya que modifica sus condiciones laborales", expresó.
Según Domínguez la situación laboral de Migueles empeoró: no la dejaban cumplir sus tareas, en la sala donde fue electa delegada. "El motivo del traslado de la compañera era porque en esa sala había tres delegados gremiales", planteó en la audiencia que registró UNO.
A continuación, Fabián Monzón, se defendió de las acusaciones. "Es la primera vez que me toca vivir una situación de estas, nos toca en función de lo que nosotros hacemos. Trossero no estaba facultada para hacer lo que hizo. Acá lo que se hizo es defender los intereses de los trabajadores. No integro ninguna patota", subrayó.