Femicidio en Yeruá: Ni el botón antipánico ni la restricción evitaron el femicidio de Mariela

Mariela Silvana Esmau, de 41 años, había denunciado hace un mes a su expareja, Carlos Teodoro Trinidad, de 44, por violencia de género. La Justicia le impuso una medida de restricción perimetral, y le dio a ella un botón antipánico. Ayer al mediodía, habían terminado de almorzar, junto a sus hijos de 24 y 13 años, en la vivienda ubicada en la esquina de Eduardo Oliver y Tratado del Pilar, en la localidad de Puerto Yeruá, Departamento Concordia. Mariela esperaba a una amiga, que estaba llegando. Pero antes irrumpió en la casa el hombre, con un revólver calibre 32 en la mano.

No tuvo tiempo para correr, ni para defenderse, ni para pedir ayuda, ni para accionar el botón antipánico en su celular. Trinidad hizo unos pasos y le disparó en la cabeza. En seguida, se llevó el arma a la boca y gatilló otra vez.

La amiga de Mariela estaba cerca. Escuchó los disparos cuando estaba llegando a la casa, y al ingresar se encontró con los cuerpos de su amiga y el asesino, sin vida. También con los dos hijos de ambos, en una escena pavorosa.

En medio de la crisis nerviosa, de angustia y desesperación, la mujer llamó a la Policía. El personal de la comisaría local llegó en seguida y luego se montó el trabajo policial en la escena del crimen. Llamaron al fiscal de Concordia, Fabio Zavaleta, quien se hizo presente en el lugar junto a autoridades policiales, y dio intervención al personal de la División Criminalística e Investigaciones, para el trabajo científico y las averiguaciones de rigor ante un caso que, a simple vista, estaba esclarecido. Como tantos otros femicidios, a los autores no les importa caer presos ni terminar con su vida luego de cumplir con el objetivo.

Además de los rastros levantados en el lugar por parte de los peritos, se cuenta con dos testigos presenciales (los hijos de la víctima y el victimario) y de uno casi presencial (la amiga de Mariela), aunque se aguarda hasta el momento que estén en condiciones de declarar para citarlos a la Fiscalía.

Según se informó a UNO, el 10 de octubre le dictaron la medida de coerción a Trinidad, luego de las denuncias por violencia que había radicado Esmau. Las mismas se tramitaban en el Juzgado de Familia, y el juez, al tiempo que dictó la prohibición de acercamiento a la mujer, dispuso que se diera intervención al organismo municipal que otorga el sistema del botón antipánico.

El mismo no es un aparato que se entrega a la víctima, sino una aplicación que se instala en su celular. Al activarla, llega la alerta a la Policía, para que mande la ayuda a tiempo.

Ayer a las 13.25, cuando Trinidad llegó a la vivienda, la mujer no alcanzó a buscar su teléfono para pedir el auxilio. Según se indicó, no hay registro de la activación del sistema.

El botón antipánico puede ser una ayuda importante, ya que hay casos en los que ha servido para prevenir hechos graves, con la intervención a tiempo de la Policía.

Pero el problema es que la medida pone sobre las espaldas de la víctima la responsabilidad de protegerse, de correr y accionar a tiempo la aplicación en su celular. En cambio, sobre el violento pesa una restricción que nadie controla. Si bien es cierto que nadie puede evitar una decisión tomada, las denuncias previas no alcanzaron para que la Justicia implemente medidas de protección de la víctima y de sanción del agresor, más firmes y severas.

Como se ha advertido en numerosas oportunidades, debería ser el violento quien tenga que estar controlado con un dispositivo que advierta a la Policía su acercamiento a la mujer, en vez de ser la víctima quien deba estar todo el tiempo en alerta por peligrar su vida. El sistema de tobilleras electrónicas se implementó este año, con buenos resultados, pero al parecer no alcanza para todos.

Casi exactamente un año atrás, ocurrió en Concordia otro femicidio de idénticas características. Una víctima de violencia de género había denunciado a su expareja, pero las medidas de restricción contra el hombre no fueron cumplidas y el botón antipánico que le dieron a la mujer no pudo ser activado a tiempo. Y el resultado fue el asesinato a tiros de la mujer y el posterior suicidio del hombre.

Se trata del femicidio de Inés Amalia Dri, de 54 años, quien el 28 de octubre de 2017 estaba en su vivienda de calle Augusto Niez junto a una amiga realizando tareas de costura. Su exmarido, de 53, se levantó con la decisión en la cabeza. Fue a la casa de Felipe, un vecino remisero, en el barrio Villa Adela, y le pidió que lo llevara a la esquina de calles San Lorenzo y Chajarí, pero se bajó una cuadra antes, en Augusto Niez y Chajarí. Según el relato del remisero, le pidió que lo esperara allí. Pasaron unos minutos, regresó, y le indicó que lo trasladara hasta la playa Nebel, porque su esposa estaba pescando en esa zona.

Cuando se bajó de la Peugeot Partner gris Díaz le dijo al chofer que a la tarde le pagaría. La amiga de Inés, de 62 años, contó que Díaz irrumpió en la vivienda, sacó un revólver y mató a la mujer antes de que agarrara su celular. Efectuó dos disparos: uno impactó en la pierna y otro en la cabeza. La amiga salió corriendo a los gritos, vecinos llamaron a la Policía y cuando llegaron a la vivienda la víctima aún agonizaba. La trasladaron al hospital Masvernat, pero a los pocos minutos falleció.

Díaz estuvo varios días desaparecido, hasta que lo encontraron muerto en el río, con un disparo en la cabeza.

En tanto, el proyecto que ingresó en septiembre del año pasado a la Cámara de Diputados, para declarar la emergencia en violencia de género en la provincia por el término de dos años, que contempla amplias medidas de protección y resguardo a las víctimas, así como tareas de prevención y concientización, se encuentra en la Comisión Banca de la Mujer, con escaso tratamiento.