Entre Ríos: sobreseen a dos extranjeros tras pasar diez años sin ser juzgados por estafas

El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de la jueza Emilce Rojas, decretó el sobreseimiento definitivo de dos extranjeros que habrían estafado a comercios de Concordia con dólares truchos hace diez años. La resolución benefició al angoleño Toure Mohammed y al camerunés Fabrice Kepseu Padjou. La magistrada declaró la extinción de la acción penal por insubsistencia debido a la excesiva dilación procesal. La decisión se fundamentó en la violación a la garantía del debido proceso y al derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Derrotero judicial

Según el fallo al que accedió UNO, fechado el 10 de noviembre, el expediente comenzó el 2 de agosto de 2016, cuando Kepseu Padjou -entonces tenía 36 años- y Toure -en el momento de los hechos tenía 33 años- fueron acusados de realizar compras en tres locales de ropa en Concordia, pagando con dólares falsos. Sin embargo, el expediente judicial tuvo un derrotero prolongado en el tiempo. Los imputados nunca llegaron a ser juzgados.

Ambos fueron indagados el 5 de agosto de 2016. Más de un año después, el 6 de diciembre de 2017, el Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio por expendio de moneda falsa en concurso ideal con estafa. El Tribunal Oral Federal fijó audiencia de debate para el 11 de abril de 2019. Sin embargo, la audiencia se suspendió a pedido de la defensa. Kepseu Padjou, vendedor ambulante de artesanías, se encontraba en San Pablo, Brasil, donde estuvo internado dos meses en el Hospital Municipal Regional Norte por insuficiencia renal derivada de cálculos en el uréter, acreditado con certificados médicos.

Luego, el tribunal reprogramó el juicio en tres ocasiones por razones ajenas a los acusados: dos por el cúmulo de audiencias y una por la pandemia de Covid-19. A ello se sumaron fallas procesales: en 2021 se dictó la rebeldía y captura internacional de ambos. Aunque Interpol ubicó a Toure en San Pablo en 2023 y se le concedió excarcelación bajo caución juratoria, el informe socioambiental encomendado nunca se realizó. El 18 de agosto de 2026 Toure fue declarado nuevamente en rebeldía.

Argumentos de la defensa y de la fiscalía

La defensora oficial Julieta Elizalde solicitó el sobreseimiento sosteniendo que más de diez años de trámite vulneraban el derecho a obtener una sentencia en un plazo razonable (artículo 18 Constitución Nacional, art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 14.3.c Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Afirmó que el retraso respondía a la falta de actividad procesal eficaz y resaltó que la pericia de la Policía Federal confirmó velozmente la falsedad del dinero.

Por su parte, la Fiscalía coincidió formalmente con el sobreseimiento. Invocó la doctrina de la Corte Suprema en el fallo "Mattei" y los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, admitiendo la escasa complejidad de la causa. Asimismo, señaló que Toure cumplió en 2020 una probation en Mendoza por un hecho similar, por lo que una oportuna actualización de antecedentes habría permitido unificar las causas en lugar de prolongar el dispendio judicial.

Qué dijo la jueza

Al dictar la resolución, la jueza Rojas fundamentó el sobreseimiento así: "El tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones en agosto de 2016 hasta la actualidad supera holgadamente los términos de razonabilidad, más aún cuando no se trató de una investigación compleja".

Y agregó: "Todo lo referenciado, me lleva a concluir que la pena y su función han perdido razón de ser, careciendo de trascendencia tanto para los imputados como para la sociedad. La elongación del plazo de tramitación implicó que sobre los imputados recayera una especie de prevención especial negativa, pues fueron sometidos a distintas restricciones, cauciones y todo lo que conlleva un procesamiento judicial".

"No cabe dudas, que además de los perjuicios ocasionados a los imputados con un proceso judicial que se extendió por tantos años, el Estado también se ha visto perjudicado pues se distorsionan así todos los fines de la pena, que para su eficacia requiere la menor distancia temporal entre el hecho y la condena", subrayó luego.

"En definitiva, si el tiempo que el Estado ha empleado para dilucidar el hecho investigado resulta a las claras incompatible con la garantía que asiste a Fabrice Kepseu Padjou y Toure Mohammed a ser juzgados sin dilaciones indebidas. Corresponde declarar la extinción de la acción penal respecto de los nombrados y disponer sus sobreseimientos", finalizó. También dispuso levantar las capturas decretadas.