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Elaboran un protocolo para que abogados puedan entrar a ver a presos en las cárceles

Tras cuatro meses de restricciones por la emergencia sanitaria, se permitirá el ingreso de abogados a unidades penales con medidas de prevención.

Miércoles 15 de Julio de 2020

El reclamo se hacía sentir desde hace tiempo en los “pasillos virtuales” del ámbito judicial: numerosos abogados que litigan en el fuero penal venían expresando el malestar por la falta de contacto con sus clientes alojados en las unidades penales de la provincia. Las quejas llegaron al Colegio de Abogados y luego al Ministerio de Gobierno. Por esto, se respondió a la demanda encomendando al Servicio Penitenciario acondicionar un espacio en cada cárcel para que los defensores puedan estar cara a cara con los internos, previo aviso y designación de día y horario.

Hace cuatro meses que de la cárcel no sale ni entra nadie que no haya recibido la libertad condicional o la domiciliaria, salvo casos excepcionales, como medida de prevención ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

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Elaboran un protocolo para que abogados puedan entrar a ver a presos en las cárceles 

Elaboran un protocolo para que abogados puedan entrar a ver a presos en las cárceles

En este marco, el contacto de los presos no sólo se vio impedido en cuanto a los familiares, sino también a los abogados que los representan en las diferentes causas. En varios casos, sobre todo en aquellos cuyos legajos se encuentran en plena producción de medidas de prueba porque los hechos imputados ocurrieron recientemente, las quejas de los defensores apuntaban a las dificultades para el ejercicio de la actividad, debido a que la falta de diálogo directo con el imputado impedían el correcto abordaje y el desarrollo de la estrategia defensiva.

Para algunos trámites, por ejemplo, un abogado asiste a la unidad penal, le entrega a un agente penitenciario la información por escrito o el documento que debe firmar, y luego el carcelero regresa con la respuesta escrita o el papel rubricado.

En este sentido, a cuatro meses de una situación en la que todo indica que las medidas restrictivas se prorrogarán por un tiempo aún indefinido, se efectuó el planteo formal a las autoridades competentes. La semana pasada, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, respondió que la demanda era atendible, y envió una nota al SPER para que elabore un protocolo sanitario para subsanar esta situación.

Distintos abogados explicaron a UNO que ahora deberán comunicarse con la Dirección General del Servicio Penitenciario para informar a qué interno deben visitar y en qué uniad penal se aloja, así como precisar el día y hora de la entrevista. Para ello, en cada cárcel se deberá preparar un espacio que cumpla con los requisitos sanitarios de distanciamimento social, con el fin de prevenir un contagio que, en caso de producirse, puede ser calamitoso e imparable dentro de los establecimientos penitenciarios.

Cabe recordar que unos días antes de esta medida la jueza de Garantías Elisa Zilli había dictado una resolución ante un planteo particular de dos abogados para ver a su cliente, en la cual ordenaba habilitar la entrevista bajo condiciones sanitarias seguras.

Aclaran la salida de Vitale

Desde distintos ámbitos se han expresado a UNO quejas por supuestos beneficios otorgados al interno de la Unidad Penal Nº 1 de Paraná Antonio Vitale. Se indicaba que al experito del Superior Tribunal de Justicia, condenado por el robo y venta de armas de Tribunales, le habían otorgado salidas. Las quejas provinieron tanto de parte de familiares de otros presos que consideraban que se trataba de una situación desigual e irregular, como desde la Policía, ya que se indicó que personal de la comisaría 14ª debía asignar un uniformado para custodiar la puerta del domicilio de Vitale.

Fuentes judiciales informaron a UNO que Vitale fue intervenido por problemas de salud bucal. En un par de ocasiones debieron practicarle extracciones y luego implantes de piezas dentarias. Con prescripción médica, y luego de ser visto por un médico forense, estuvo tres días de reposo posoperatorio en su vivienda. Esto generó malestar y suspicacias por la medida dictada por el STJ, que fue aclarada con esta situación.

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