El joven acusado de la agresión a Varisco necesita trabajar y pedirán por su libertad

Hace un mes, el intendente de Paraná Sergio Varisco sufría una agresión en la puerta de su casa: le reclamaban cumplir promesas de trabajo, cayó al suelo y sufrió una fractura en la cadera. El principal acusado del lamentable episodio, Juan Ignacio Musuruana, quedó detenido con prisión preventiva en su vivienda del barrio Lomas del Mirador. El período de la medida cautelar vence hoy y la defensa pública oficial pedirá que lo liberen: el joven de 26 años consiguió un lugar donde trabajar y necesita salir para sostener a su familia. La Fiscalía evalúa solicitar la prórroga de la preventiva mientras sostiene la grave imputación por delitos que tiene una pena mínima de cinco años de cárcel. La querella, por su parte, acompañará la postura de la acusación pública.

Fuentes judiciales informaron a UNO que hoy a las 10.30 comenzará la audiencia de revisión de prisión preventiva ante la jueza de Garantías, Marina Barbagelata. El contexto en el cual se tramita esta causa es bastante delicado, tanto por la situación problemática de la ciudad como por la reciente denuncia contra el intendente saliente por parte del próximo presidente municipal, Adán Bahl, por fraude. A su vez, se tramita otra denuncia por las contrataciones de personal. Habrá que ver si esto es evaluado a la hora de decidir sobre las medidas judiciales que pesarán sobre Musuruana.

A cargo de la causa está la fiscal Natalia Taffarel, quien hoy pediría que se prorrogue la prisión preventiva, mientras se aguarda por la conclusión de la Investigación Penal Preparatoria hacia la eventual remisión de la causa a juicio. Los querellantes que representan a Varisco son Rubén Pagliotto y Miguel Ángel Cullen, quienes se plegarán a lo peticionado por la acusación pública, ya que bregan por la integridad del intendente y sus allegados.

Más que peligros de fuga, en este caso se plantearán temores a que el mencionado contexto de crispación, como se ha sostenido en la primera audiencia hace un mes, atente contra el futuro de la causa, que debería dilucidarse en un debate. Cabe recordar que hay un testigo clave que, según refirió la Fiscalía en la primera audiencia, declaró pero en una entrevista breve e informal no quiso ser videograbado y expresó miedo por posibles represalias.

Por su parte, la defensora oficial Fernanda Álvarez representa a Musuruana, y hoy pedirá su excarcelación. Según se indicó a UNO, el joven presentará la documentación correspondiente para acreditar que consiguió un lugar donde ir a trabajar y ante la situación económica apremiante para solventar los gastos elementales de su familia requerirá que lo liberen, bajo las restricciones que se consideren pertinentes. Ante una negativa de la jueza a esta solicitud, se reclamará que al menos le permitan salir de la vivienda para ir a trabajar en los horarios que corresponda.

La causa tiene a otros dos imputados: un hombre y una mujer que acompañaban a Musuruana durante el exaltado reclamo en la puerta de la casa de la madre de Varisco, en calle Pellegrini al 100. Vanina Julieta Gauna y Claudio Javier Godoy, quienes están en libertad pero con restricciones básicas para resguardar la investigación. Son defendidos por los abogados Humberto Franchi y Javier Aiani respectivamente.

Cabe recordar que en la audiencia realizada el 3 de octubre, la Fiscalía y la querella habían solicitado prisión preventiva para los tres acusados de cumplimiento en la cárcel, pero la jueza Barbagelata dictó la domiciliaria para Musuruana y la excarcelación de Gauna y Godoy, al considerar que tuvieron una participación diferente en el hecho, tal como se observó en el video que se viralizó aquel 1° de octubre.

Lo que se pudo reconstruir del episodio fue, según registros fílmicos y por los testimonios incorporados al expediente, que el intendente se aprestaba a ingresar a la vivienda cuando fue interceptado. Musuruana lo habría tomado del cuello, perdió la estabilidad y cayó al suelo. El mencionado video muestra a Varisco después de la caída, donde recibe insultos y amenazas de muerte por parte del principal imputado.

El reclamo del joven era por un contrato en la Municipalidad prometido durante la campaña electoral. El delito que le imputan es de Amenazas coactivas agravadas por el propósito de obtener alguna medida de parte de un miembro de uno de los poderes públicos, que tiene una escala penal de entre cinco y 10 años de prisión. No se descarta, como suele suceder en muchísimos casos, que en el diálogo para un juicio abreviado o (lo que por ahora no parece tan probable) una salida alternativa, se modifique la calificación legal del hecho a una más leve, que permita una pena condicional o una suspensión de juicio a prueba.