La preceptora de una escuela de jóvenes y adultos de Hernandarias cometió un error. Un error, una falta, que asumió para que un alumno pudiera vislumbrar algún futuro. Le costó caro porque la denunciaron, debido al escarnio sufrió graves problemas de salud y ahora, para evitar dilatar el proceso judicial, acordó cumplir una pena condicional.
El error para ayudar a un alumno que una preceptora pagó caro
Falseó un acta y dio por aprobadas materias al alumno que necesitaba el título pero trabajaba todo el día y no podía ir a rendir. Acordó de prisión condicional.
Por José Amado
14 de mayo 2023 · 08:08hs
Juan Ignacio Pereyra
Para algunos, lo que M.Y. hizo es un delito. Para otros, es una gambeta a la trampa del sistema, a aquella ilusión del mérito y el esfuerzo como único recurso para alcanzar un objetivo en la vida. La realidad es desigual y las adversidades pueden aplastar cualquier sueño.
Mario necesitaba el título de la secundaria para poder realizar un curso de electricidad. Lo empezó con un certificado que indicaba que había cursado las materias de la escuela, y luego debía ir a rendirlas. Pero nunca se presentó a los exámenes porque tenía que trabajar todo el día en un aserradero para ayudar a la manutención de su familia, con sus padres incapacitados, y el patrón no le permitía salir para ir a rendir.
Mario nunca iba a poder rendir las materias. No iba a poder tener el título y no le iban a certificar el curso de electricista. Debía trabajar todo el día para que sus hermanos pudieran comer.
M.Y. y su compañero S. decidieron falsificar el acta como si hubiera rendido las materias. Luego, los docentes las firmaron sin saber que el alumno no había ido a rendir. Antes de que el título llegara a manos de Mario, quien nunca se enteró de esta situación, el preceptor S. le dijo a la secretaria de la escuela que el acta era falsa. La mujer realizó las reuniones y reclamos pertinentes, y rompió el título.
Así comenzó un conflicto que luego iba a derivar en un escándalo con ribetes politiqueros.
El entonces senador radical Raymundo Kisser presentó una denuncia para que se investigue esta situación. Se terminó hablando de “sistematización de títulos truchos”, aunque en la investigación judicial posterior no se demostró más que el caso de Mario. El caso tuvo amplia repercusión, sobre todo en el Departamento Paraná.
Imputaron a M.Y. por la falsificación de instrumento público y a la secretaria L.G. por encubrimiento. El preceptor S. quedó en esta historia como un denunciante que llegó a hablar de un clima laboral hostil y de amenazas.
Mario nunca se enteró de lo que había pasado.
Planteos rechazados
La historia del acta y la situación de Mario, ocurrió a fines de 2018. En 2019, se presentó la denuncia y se abrió la causa judicial. Tras la imputación, el defensor de M.Y., Patricio Cozzi, peleó con distintas argumentos. Por un lado, consideraba que no existía el delito de falsificación del instrumento público por parte de la preceptora, ya que esta no tenía ese rol. Más allá de que quedó clara cuán fue la intención de la mujer, que nunca lo negó, los que firmaron el acta sin atender que el alumno no había rendido, fueron los profesores. El planteo no prosperó en las distintas instancias.
Por otro, consideraba que se le podría otorgar una probation. La Justicia le rechazó el pedido porque la mujer es funcionaria pública. Cozzi comparó el caso con un empleado de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Paraná que vendía licencias de conducir. No eran truchas, sino que las expedía a cambio de dinero sin que la persona atravesara los exámenes y revisión médica. Y le otorgaron el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, pese a ser “funcionario público”. Sin embargo, tampoco le hicieron lugar al pedido.
Cabe recordar que muchas personas han recibido el beneficio de la probation por casos más graves, pero que no eran funcionarios públicos. Por mencionar un ejemplo, cabe recordar los casos de los dueños de las principales constructoras de la provincia: Miguel Marizza (Caballi SA), Néstor Iván Szczech (Szczech & Szczech SA), Daniel Hereñú (Organización Integral Constructora SA) y Rubén Grasso (Cemyc SRL), quienes recibieron la suspensión de juicio a prueba por la imputación de sobreprecios en obras públicas de la Cumbre del Mecosur, y como tal no realizaron tareas comunitarias sino que pagaron dinero a instituciones.
Juicio abreviado
M.Y. podría haber ido a un juicio oral, pero en el transcurso de estos años la causa le fue pasando factura al cuerpo. Su médica psiquiatra aconsejó que se cierre de una vez la causa. Por ello, decidieron llegar a un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía.
El acuerdo fue presentado el jueves pasado a la jueza de Garantías María Gabriela Garbarino por la fiscal Paola Farinó y el defensor Cozzi, donde la preceptora consintió cumplir la pena de un año de prisión condicional.
En la audiencia, M.Y. leyó un escrito que ella redactó con el relato de lo sucedido, que se cita a continuación algo resumida:
“Los últimos días de diciembre aparece el exalumno Mario, el cual había cursado en la escuela los tres años de secundaria, quedando con dos previas de segundo año y cinco materias de tercer año, solicitando una constancia de cursado para poder inscribirse en un curso de electricidad. El mismo nos explicó que luego debería rendir las materia para que le den el certificado.
Extendimos la constancia con el señor S. y colocamos la leyenda que decía ‘adeuda materias’. En esta oportunidad le preguntamos por qué no se presentaba a rendir. Contestó que tenía que trabajar para mantener a su familia ya que su madre es discapacitada y su padre se enfermó. En febrero, cuando retomamos las actividades, iban a comenzar las mesas de examen, tuve que sacar licencia por problemas de salud. (…) Al reincorporarme, S. me dice que Mario había no se presentó.
Mario viene de una familia muy humilde que en varias oportunidades he ayudado con alimentos y medicamentos para su madre, porque con su hermana siempre tuve comunicación. Cuando S. me comenta que no se había presentado a rendir me puse muy mal. Le pregunté a su hermana y me dijo que él había conseguido changas en un aserradero y no podía pedir permiso porque lo iban a echar.
S. me sugirió que podíamos hacer las actas como que si se había presentado y le dábamos por aprobadas las materias. Me pareció una buena idea para ayudarlo a obtener el título. S. hizo las actas volantes y yo las actas en el libro. Luego le hicimos firmar a los profesores de las áreas y ninguno preguntó nada, porque les dijimos que eran actas que no se habían hecho en su momento, porque con la mudanza de un aula a otra se había extraviado el libro de actas. Cuando las actas estaban todas firmadas le llevé el libro a la secretaria G. para que confeccionar a el título. Ella lo hizo, lo mandó al CGE y luego volvió firmado. Cuando S. se entera de que el título ya había regresado, le dice a la secretaria que no era legal porque yo había falsificado las actas.
Se arma el revuelo en la escuela, M.Y. se enteró y fue a hablar con G.
“Le conté la verdad, no lo podía creer, lo llamó a S. y a la asesora pedagógica. G. me preguntó si alguien más sabía de esto y le dije que sí, señalándolo a S.. Él contestó que no tenía nada que ver, le insistí e que diga la verdad, pero no emitió palabra. Cuando la secretaria solicitó que firme el acta (de esa reunión) atribuyéndose lo que había hecho, saltó por la ventana y se fue”.
“Al otro día realizó una denuncia en el CGE diciendo que en la escuela había muchas irregularidades con respecto a los títulos, llegó una inspección por la tarde y lo único que se encontró fue el libro de actas que yo había confeccionado, y las actas volantes que él confeccionó con su letra no estaban. Más que claro está que obró de mala fe haciéndonos caer en una trampa que hasta el día de hoy no lo puedo entender porque el clima de trabajo era muy bueno.
Lo que habíamos hecho, si bien estuvo mal falsificar las actas, no tenía un fin de lucro. Para finalizar, yo reconozco haber hecho esto, pero quería contar cómo fueron los hechos para poder quedarme en paz y que todo se resuelva de la mejor manera”.
La secretaria G. no acepta ningún acuerdo e irá a juicio a defenderse del delito que le endilgan. La jueza Garbarino analiza el caso para dictar sentencia en los próximos días.