Las posiciones entre la acusación y las defensas en el juicio contra el exintendente Sergio Varisco, el exsecretario Legal y Técnico Walter Rolandelli, y el presidente de la Mutual Modelo, Ángel Picazzo, no pueden estar más enfrentadas: las fiscales Cecilia Goyeneche y Patricia Yedro sostienen que existió una maniobra delictiva para entregarle 1 millón y medio de pesos a la Mutual Modelo, a modo de crédito sin garantías de devolución; los defensores Miguel Cullen, Rubén Pagliotto, Damián Petenatti y Emilio Fouces afirman que el hecho ni siquiera existió. Además, estos no ahorraron en críticas contra el accionar del Ministerio Público tanto en esta causa en particular, como en su política criminal general.
El contador general dijo que no era ilegal darle dinero a la Mutual Modelo
Por José Amado
Con un intenso interrogatorio de las partes (sobre todo con muchas objeciones pedidas por la Fiscalía), el contador del área de Contaduría General de la Municipalidad de Paraná, Eduardo Campdesuñe, declaró como el primer y fundamental testigo en el juicio. El profesional fue quien había advertido que en el trámite para otorgarle dinero a la entidad que es acreedora de empleados de la comuna se debían establecer mayores garantías para que el municipio recupere esos montos.
Este lunes en su extenso testimonio, Campdesuñe planteó, entre otras cosas, que era la primera vez que observaba un trámite de ese tipo, aunque en la gestión del exintendente José Carlos Halle se había hecho varias veces. Además, sostuvo que no advirtió ilegalidad alguna en la diligencia que, además, no está regulada por ninguna ordenanza.
El contador explicó cronológicamente cómo fue el curso del expediente, desde que ingresó el pedido del dinero por parte de Picazzo, suscrito también por la exconcejala Marta Zuiani, hasta que llegó a su oficina, donde se controlan los movimientos del erario municipal. Dijo que cuando observó este trámite se sorprendió porque era novedoso para él. Consistía en una entrega de 1 millón y medio de pesos a la Mutual Modelo debido a la crítica situación de la empresa, que esta debía devolver en 10 meses, a razón de 150.000 pesos por mes.
El profesional realizó una observación: que existía un riesgo de no recupero de esos fondos. Luego, Rolandelli emitió un dictamen en el cual sostenía que no existía tal peligro, ya que había un seguro que, en el peor de los casos, se haría cargo de la deuda.
Además, ante esta situación el contador dijo que mantuvo una reunión con Varisco, en la cual le advirtió tales riesgos y le explicó los motivos de la observación que había realizado. Y recordó que el entonces intendente le dijo algo así como que iba a ver cómo iba a proceder. De todos modos, el testigo afirmó: “Nunca expresé que era ilícito el pago”.
Finalmente, la orden de pago se anuló, e ingresó un nuevo expediente sobre el cual Campdesuñe no tiene conocimiento. Ante la pregunta sobre un encuentro con Varisco posteriormente, el contador contó que el exintendente le dijo, palabras más, palabras menos: “Menos mal que te hice caso”.
En un momento del interrogatorio de la defensa, se advirtió que la Municipalidad, en un lapso de 10 meses, iba a pagarle a la Mutual Modelo 5 millones de pesos, en función de las deudas que empleados municipales mantenían con la entidad, es decir, una suma mayor al préstamo o adelanto que plantearon entregarle en enero de 2016, por lo cual los defensores entienden que el riesgo de no recupero del dinero no existía.
Acerca de los antecedentes de movimientos de dinero de este tipo, Campdesuñe dijo que durante la gestión de Halle en la Intendencia hubo nueve o 10 expedientes similares, sobre los que desconoce si hubo advertencias de algún contador (él aún no trabajaba en el municipio).
Pagliotto y Cullen, con munición gruesa contra la Fiscalía
En los alegatos de apertura, la fiscal anticorrupción, Ceclia Goyeneche, y la fiscal Patricia Yedro afirmaron que pedirán condenar a los imputados por la maniobra imputada, e incluso que posiblemente pidan condenar por el delito de Peculado.
A su turno, dos de los defensores criticaron el accionar del Ministerio Público. Miguel Cullen afirmó que tiene severos inconvenientes en ejercer la defensa ya que “se nos trae a juicio por un no hecho”. “Dinero que no salió, cheques que no se emitieron...”, ejemplificó. “Lo que hizo Picazzo fue un pedido a las autoridades, y lo hizo con un trámite que siguió todos los pasos legales”, aseguró. Cuestionó que tanto en la Justicia provincial como en la federal, no existe la igualdad ante la ley para Sergio Varisco. Y pidió: “Que se vuelva al estado de Derecho en la provincia. Que se vuelvan a dejar los fondos públicos en manos de quienes fueron elegidos por el voto popular, y no por el Poder Judicial”.
Rubén Pagliotto fue igual de duro y vehemente. Sostuvo que la Fiscalía adolece, tal como lo demuestra este caso, de “delitomanía”. Es decir, que para los acusadores “cualquier cosa es delito”. Acusó a las fiscales de tener desconocimiento del Derecho Administrativo y de la contaduría pública. Además, respecto de la situación de Walter Rolandelli, afirmó que se está criminalizando la opinión, ya que un dictamen, en este caso del exsecretario Legal, es una opinión no vinculante. Y lo comparó con los dictámenes que realizan los fiscales, que muchas veces terminan con personas, a la sazón inocentes, en prisión preventiva, sin que jamás se condenara a algún fiscal por eso