Miércoles 30 de Octubre de 2019
Durante una requisa en el pabellón 12 de la cárcel de Paraná, personal del Servicio Penitenciario halló un celular y Daniel Tavi Celis dijo que era suyo. Ese teléfono es el inicio de lo que, varios meses después, se convirtió en la causa Narcomunicipio, un escándalo político e institucional que tiene procesado y hoy juzgado al intendente Sergio Varisco, por supuesto financiamiento del narcotráfico.
Esa prueba fue la que, en la jornada de ayer del juicio contra las bandas presuntamente lideradas por los hermanos Celis, estuvo en el centro de la discusión, durante la declaración testimonial del efectivo del SPER que participó en aquella requisa. Se trata de Guillermo Cuesta, quien respondió varias preguntas de fiscales y defensores acerca de aquel día crucial para la causa.
“Al fin una buena, arreglé con el intendente”, es lo que decía el mensaje de texto que le envió Celis a su pareja, Fernanda Orundes Ayala. Esas palabras no podían dejar de relacionarse a lo que se había descubierto en la causa anterior, la Narcoavioneta, en la cual se ventiló el acuerdo político entre el intendente y el narco durante la campaña electoral de Cambiemos en 2015.
A partir de allí, se desplegó la investigación en la cual se determinó que Celis, desde la cárcel, había rearmado su banda para el tráfico de cocaína, con su entonces novia Luciana Lemos, y surgieron otros datos que apuntaron la sospecha del financiamiento de la actividad ilícita desde el Municipio.
El penitenciario Cuesta, que trabaja como encargado de seguridad interna en la Unidad Penal Nº 1, se refirió a la requisa en el pabellón Nº 12, en septiembre de 2017, en la cual participó como testigo, pero no recordaba si era parte de las revisiones habituales de las cárceles ordenadas por la Dirección, o si fue con motivo de una orden de allanamiento judicial.
Sí recordó que habían encontrado un celular oculto detrás de un laboratorio que es utilizado por todo el pabellón, preguntaron a todos de quién era y Daniel Celis se hizo cargo del aparto. Se labró un acta de secuestro y se responsabilizó al interno por el mismo.
Un aspecto de este procedimiento que fue cuestionado por las defensas, es cómo se determinó que el celular era efectivamente de Celis. Por un lado, interrogaron al testigo si al preguntar a los internos sobre la propiedad de un elemento prohibido en un pabellón, les hacen saber sus derechos o que pueden llamar a un abogado. La presidenta del Tribunal, Lilia Carnero, no habilitó la respuesta porque consideró que no se estaba ante un delito, sino una falta administrativa. Luego, el testigo dijo que “la gran mayoría de las veces se hacen cargo por una cuestión de códigos entre internos”.
También apuntaron a saber si existió cadena de custodia de la prueba de semejante importancia para la causa, pero el penitenciario desconocía lo que se hizo porque no fue esa su tarea en el procedimiento.
Otra cuestión que no pudo se esclarecida es por qué el celular fue remitido a la Justicia Federal y no a la Justicia provincia, de la cual dependía Celis, condenado por el asalto en un campo de Las Cuevas. Por esto, el defensor de Varisco, Miguel Cullen, pidió que se solicite al SPER que remita el expediente con el sumario administrativo, para que se pueda saber el fundamento de tal decisión. La Fiscalía Federal se opuso, pero Carnero hizo lugar al planteo, por lo cual en estos días se emitirá el oficio al director del Servicio Penitenciario provincial.
“Se hacen requisas y la mayoría de las veces se secuestran celulares en los pabellones”, contó Cuesta, y dijo que en el pabellón que actualmente aloja a Celis, el N.º 2, fue requisado hace dos meses y “se secuestraron algunos teléfonos”.
Una pregunta que le hizo el defensor del Tavi, Leopoldo Cappa, fue si, antes de declarar, estuvo en el salón de audiencias: “Estuve unos momentos en la audiencia hasta que un gendarme me dijo que me retire”, admitió Cuesta. Resulta que los testigos no pueden presenciar el debate en el cual luego van a declarar. Esta situación podría derivar en algún planteo para desacreditar el testimonio.
“Que me lo diga en la cara”
Cuatro testigos que declararon ayer, fueron citados por la defensa de Javier Silva, acusado de ser un colaborador de Celis, con aportes en la operación de la llegada de la avioneta con 317 kilos de marihuana. Por un lado, el defensor Augusto Lafferriere apunta a desacreditar la escucha telefónica en la que Silva habla con Celis sobre un negocio de 800.000 pesos en zapatillas, que la acusación entendería que se trata de droga. Silva había dicho que había comprado el calzado para revender y el negocio le salió mal.
Carolina Pirola dijo ayer que fue su socia en ese negocio trunco: recordó que iban 50 y 50 con Silva en la venta de la mercadería, y afirmó que se la vendieron a Griselda Bordeira, pero ésta como estuvo con otros asuntos no la pudo comercializar.
Recordó que habían guardado la mercadería en el motorhome de Silva. Sin embargo, un policía federal que declaró el lunes dijo que en ese vehículo no había calzados. Pirola afirmó que ella había llenado el colectivo y que apenas había podido cerrar la puerta, por lo que desafió al policía: “Que venga y que me lo diga en la cara”, dijo.
También declararon tres mecánicos que acreditaron que Silva corría carreras de karting, con la finalidad de explicar las escuchas telefónicas que tuvo el procesado con Celis acerca de las averiguaciones para conseguir nafta de avión.
En tanto, declararon dos testigos que han trabajado con el procesado Patricio Larrosa, quien es técnico en refrigeración. Uno de ellos, que había sido su suegro, afirmó que el joven tenía una camioneta VW Saveiro y que solía prestarla. Esto apunta, en la estrategia defensiva, a desvincular a Larrosa del día que aterrizó la avioneta en Colonia Avellaneda, donde los policías federales afirman haber visto el vehículo del imputado. Además, el testigo contó que Larrosa era un trabajador, que no consumía drogas y que nunca tuvo bienes suntuosos.
El debate continuará el lunes y están citados a declarar ocho testigos, y el martes, con otro tanto más de personas que deben brindar testimonios. Por otro lado, la defensa de Varisco había pedido hacer comparecer en el juicio para declarar al policía federal Oscar Kinderknecht, quien actuó en uno de los allanamientos. El funcionario está preso procesado en una causa por narcotráfico en la costa del Uruguay y no pudo ser trasladado al juicio. El tribunal rechazó el pedido de los abogados por ser “sobreabundante”, ya que hubo otros testigos que
