Dan protección a víctimas de violencia en el barrio Lomas II

El calvario sufrido por un grupo de mujeres vecinas del barrio Lomas del Mirador II de Paraná, que denunciaron ser víctimas de actos vandálicos por parte de un clan familiar con el presunto fin de echarlas de sus viviendas, ha comenzado a encontrar respuesta por parte del Poder Judicial, luego de nueve meses de insistencia.

Las decenas de denuncias y exposiciones policiales que efectuaron desde principios de año Carina Gaitán, Ana Escobar, Olga Pérez y Mónica Olivera, se encontraban dispersas en distintos Juzgados de Instrucción. Por esto, tal como pidieron las mujeres denunciantes a través del abogado querellante Guillermo Vartorelli, las causas fueron acumuladas y derivadas al Juzgado de Instrucción Nº 3, a cargo de Paola Firpo.

Según se informó a UNO, la magistrada de inmediato ordenó a la Jefatura Departamental de la Policía que arbitre todos los medios necesarios para brindar protección a las víctimas. Además, dispuso una medida cautelar imponiendo una severa medida de restricción a los acusados, quienes según las denuncias pertenecen a un clan familiar conocidos como “Los Panchos”, afincados en el mismo barrio.

La medida consiste en prohibir y evitar la realización de cualquier tipo de molestia o perturbación a las mujeres o a sus grupos familiares.

Consultado sobre los alcances de esta decisión de la jueza, Vartorelli expresó: “Se trata de una medida de protección muy eficaz que pone en perfecto conocimiento de los denunciados de una prohibición de molestar a las personas que aparecen como víctimas de su presunto accionar delictivo. Por supuesto que dicha medida debe ser acatada y cumplida cabalmente por las personas denunciadas, bajo severos apercibimientos (en el caso de no ser cumplidas) de restricciones mayores. Es decir que si no cesan en su accionar podría llegarse incluso a la pérdida de la libertad durante el proceso”.

Abordaje conjunto

Otras novedosas medidas dispuestas por el Juzgado a cargo de Firpo, consisten en la intervención que se dio en el caso a organismos estatales extrajudiciales, como la Oficina de Asistencia a las Víctimas y a la Subsecretaría de la Mujer de la Provincia, en procura de resguardar a las familias denunciantes de manera integral.

El conflicto ha sido entendido como un caso de violencia de género llevado a cabo por vecinos. Las denunciantes son todas mujeres solas, con hijos a su cargo, que se sienten desprotegidas ante los graves hechos de violencia denunciados.

Además, por expreso pedido de la Fiscalía a cargo de Ignacio Aramberry, la jueza ordenó la realización de un exhaustivo abordaje psicológico a las víctimas, con el objetivo de determinar posibles secuelas como consecuencia de vivir con miedo por los hostigamientos.

De este modo, ahora se ven involucrados en el conflicto distintos estamentos, en busca de obtener un tratamiento más eficaz a un asunto que concierne no solo a la administración de justicia, sino a todos los operadores del Estado.

Meses pasados, UNO publicó la problemática denunciada por las mujeres, quienes habían manifestado: “Nosotras lo que estamos pidiendo es que se nos tome en cuenta y en serio. Porque esto no es joda, o nos dan una solución o vamos a terminar con una de nosotras o uno de nuestros hijos, muertos”.