El ex concejal de Cambiemos en Paraná y exsenador del PJ, Santiago Gaitán, solicitará a la Justicia una nueva reducción de la condena que recibió en 2017 por corrupción en una causa en la que se le reprochó el aval que dio a un convenio de pago con la firma Neriki SA, cuando estuvo al frente de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) en 2006.
Corrupción: Santiago Gaitán discutirá nuevamente su condena
La defensa del ex titular de Vialidad discutirá la pena por corrupción que recibió en 2017 y morigerada en 2020. Habrá audiencia este jueves en Casación.
12 de abril 2023 · 14:02hs
UNO supo que la audiencia se realizará este jueves, desde las 9, ante la Cámara de Casación Penal de Paraná, integrada por los jueces Gustavo Pimentel, Darío Perroud y Evangelina Bruzzo. De la audiencia participarán el abogado de Gaitán, Ignacio Esteban Díaz, y la Procuradora Adjunta Mónica Elizabeth Carmona.
Cabe recordar que la causa tuvo un largo derrotero en la Justicia. El 19 de junio de 2017, Gaitán fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión condicional por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa y negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública en concurso ideal.
Entonces también fueron condenados el ex asesor legal de Vialidad, Flavio Emilio Torrealday, como coautor material y responsable de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, en grado de tentativa, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en concurso ideal, a la pena de dos 2 años y 6 meses de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos, más el pago de una multa de $60 mil.
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En tanto, el empresario Osvaldo Pedro Issel fue condenado como partícipe primario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, en grado de tentativa, negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso ideal. Le aplicaron la pena de 2 años y 6 meses de prisión condicional y el pago de una multa de $60 mil.
Más tarde, en 2020, la Cámara de Casación Penal -integrada por Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti- confirmó la condena a Gaitán como autor del delito de negociaciones incompatibles, pero anuló la declaración de coautor del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, y rebajó su condena en 2 meses. Así, su sentencia quedó en 2 años y 4 meses de prisión condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, más el pago de una multa de $60 mil.
La defensa del ex edil apeló la resolución de Casación y acudió a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que el 3 de septiembre de 2020 consideró que el Tribunal revisor no efectuó una fundamentación adecuada al reducir la pena de Gaitán.
En dicha sentencia, el máximo tribunal provincial anuló "la parte pertinente de la sentencia en cuanto lo declara coautor del delito de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa, determinando la pena en 2 años y 4 meses de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos,más la multa de la suma de 60 mil pesos".
Este jueves, nuevamente la defensa de Gaitán discutirá una reformulación de la pena.
Historia de la causa
La causa se inició por una denuncia de la Fiscalía de Estado de la Provincia cuando pidió que se declare lesivo el acuerdo del crédito que detentaba la empresa Neriki, contratista de la DPV. La controversia se originó a partir un compromiso de pago rubricado en noviembre de 2006 por la DPV con la empresa Neriki SA por un monto de 1.199.662,70 pesos, suscrito por el entonces apoderado legal del organismo estatal, Flavio Torrealday, avalado por Gaitán.
La Justicia entendió que para la suscripción de dicho convenio se adujo falsamente que Nediki era cesionaria de la firma Induvial SA, empresa que había reclamado al Estado una suma de dinero por uuna contratación en 1993.
La declaración de lesividad apuntó a frenar una demanda de pago que Nediki SA había iniciado ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 7, y que hubiese derivado en una sentencia que obligaría al Estado a abonar una suma de aproximadamente $1 millón a favor de los privados. Aunque actualizada, la cifra llegaría a los $4 millones, a valores de más de una década atrás.