Coimas: acordó probation y ofreció $2 millones de reparación

Jorge Adrián Zanabone, analista de sistemas de la empresa Relevamientos Catastrales SA, propiedad del empresario paraguayo Diego Cardona Herreros, acordó con la Fiscalía la suspensión de juicio a prueba en la causa que investiga el presunto pago de coimas por parte de la firma con el Estado durante el gobierno de Sergio Urribarri, entre 2007 y 2015. Ofreció realizar un pago mensual a una institución de bien público y una reparación económica al Estado entrerriano por más de $2 millones, pagaderos en 18 cuotas.

En un audiencia que se realizó hoy ante el juez de Garantías Julián Vergara, los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro informaron que alcanzaron un acuerdo con el acusado, defendido por el abogado Claudio Berón. El mismo no implica que reconozca los delitos.

En la investigación, Zanabone y otros empleados están imputados de haber participado en la elaboración de la propuesta de la firma para ganar una licitación para implementar software en la Administración Pública y el pago de coimas a funcionarios de la gestión Urribarri. Concretamente, la acusación dice que junto a otros empleados "intervinieron en la gestión de la contratación desde antes del inicio del trámite administrativo, pues contaban con información anticipada, que les posibilitó confeccionar los pliegos, y ajustar el precio final que iba abonar el Estado provincial por el servicio, dentro del cual estaba contemplado el porcentaje de sobreprecios, que se iba a distribuir entre funcionarios y la empresa beneficiaria, de conformidad a lo acordado entre Urribarri, Cardona Herreros y los funcionarios que integraban el grupo designado para la negociación".

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Al respecto el abogado defensor señaló que el empleado está acusado "por seis hechos" en los que se le endilga los delitos de "partícipe primario en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la Administración Pública y cohecho activo en calidad de coautor".

"Entendemos que se han dado los requisitos tanto objetivos como subjetivos, particularmente porque de la propia remisión a juicio que ya se había hecho por parte de la Fiscalía se le pide una pena de 4 años al señor Zanabone. Esto nos permite realizar una prognosis que en un potencial juicio podría caberle una pena de cumplimiento condicional", explicó y agregó que su defendido podría acceder a la probation ya que no cuenta con antecedentes y no es funcionario.

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Según registró UNO, el abogado explicó cuál fue el acuerdo alcanzado: "Entendemos que se encuentran reunidos los requisitos exigidos y solicitamos que se suspenda en la presente causa el juicio por el término de 18 meses, tiempo durante el cual ofrecemos las siguientes reglas de conductas: en primer lugar, fijar y mantener domicilio; solicitamos que, ya que vive en Buenos Aires, las tareas comunitarias sean reemplazadas por un aporte económico mensual durante el mismo tiempo de suspensión de la causa, por un monto de $31.675. Asimismo, en cuanto al pago de la multa, se establece la misma en un pago único de $540.000; y como último punto, la reparación económica ofrecida al Estado se ha fijado en una suma de 2.111.678,83 centavos, los cuales ofrecemos que sean pagaderos en 18 cuotas iguales y consecutivas, en cuotas mensuales de 117.315,491".

Por su parte, el fiscal Badano explicó que la reparación económica será destinada a la Fiscalía de Estado "ya que se trata de un juicio a la Administración Pública". "Quiero destacar en cuanto a la eventual pena de cumplimiento condicional, que no es un funcionario público. Nosotros con los funcionarios públicos hemos solicitado la remisión de causa a juicio, con las penas respectivas, y se ha corrido vista de esta remisión a juicio a las partes en el cual está en curso de ser contestada", informó al juez.

Finalmente, tras oír a las partes, el juez Vergara informó que dará su resolución en los próximos días.

Para Urribarri piden 10 años de cárcel

En esta causa, el Ministerio Público Fiscal pidió la elevación a juicio con una pena en expectativa de 10 años de cárcel para el exgobernador Sergio Urribarri, en el marco de la causa que se le sigue por supuesto pago de coimas al empresario Cardona Herreros. Además, la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de $540 mil. Para Cardona Herreros, la Fiscalía pide 9 años de cárcel.

También pide cinco años de prisión para Guillermo Smaldone, exministro de Trabajo; seis para Carlos Haidar, Director de Informática de la Provincia; cinco para Luis Erbes, Subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; cuatro años y seis meses para Miguel Ulrich, Director General de Ajustes y Liquidaciones; y tres para José Flores, Secretario de Hacienda de la Provincia.