La Justicia Federal de Gualeguaychú avanzó en la investigación por el presunto manejo irregular de planes Potenciar Trabajo, un programa creado durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández. Ayer, el juez federal Hernán Viri tomó declaración indagatoria a Carina Izaguirre, dirigente de 51 años de la Coordinadora de Unidad Barrial (CUBa)-MTR, un sector piquetero vinculado al Partido Revolucionario Marxista Leninista. Izaguirre está acusada por supuestas transferencias de dinero a la dirigente nacional de CUBa-MTR, Mecha Martínez, de La Matanza.
Causa Potenciar Trabajo: investigan a dirigente piquetera de Gualeguaychú
Carina Izaguirre, de la agrupación CUBa-MTR, está siendo investigada por la Justicia Federal de Gualeguaychú por presuntos delitos con planes sociales.
20 de diciembre 2024 · 12:29hs
La justicia investiga irregularidades con el plan Potenciar Trabajo.
La investigación también involucra a referentes del Movimiento Evita y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) por presuntos manejos irregulares de cientos de planes Potenciar Trabajo entre 2022 y 2024. Las acusaciones incluyen amenazas, coacción, extorsión, defraudación a la administración pública y, recientemente, enriquecimiento ilícito. Solo la organización CUBa-MTR controlaba aproximadamente 500 planes Potenciar Trabajo en Gualeguaychú.
Antes de ingresar a los Tribunales Federales, Izaguirre sostuvo su inocencia: "Soy inocente, olvídate". La dirigente fue trasladada por personal del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional, según consignó el portal Reporte 2820.
El caso
La investigación comenzó en abril de 2024 a raíz de más de 20 denuncias presentadas a la línea nacional 134, dispuesto por el ministerio de Capital Humano de la Nación, donde beneficiarios de los planes alertaron sobre la obligación de pagar una "cuota" mensual del 10% a los "punteros políticos" a cambio de recibir el plan. Además, los beneficiarios se veían forzados a participar en marchas y actos políticos. Quienes no asistían a estas actividades sufrían descuentos en su plan o incluso la baja del mismo.
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A partir de las pruebas obtenidas en los celulares de las imputadas, la investigación se amplió. El juez Viri también abrió una pesquisa patrimonial, constatando una serie de transferencias bancarias realizadas por los beneficiarios del plan hacia las dirigentes de Gualeguaychú, con pagos que alcanzaban el 10% de la cuota. En algunos casos, las transferencias se realizaban a los familiares de las dirigentes. Por ejemplo, uno de los hijos de Izaguirre recibió más de 51 millones de pesos entre 2020 y 2024, solo a través de una billetera virtual, lo que sugiere que los montos podrían ser mucho mayores.
En cuanto a un posible enriquecimiento ilícito, se descubrió que, a pesar de estar registrada como pensionada, Izaguirre adquirió en solo dos años tres vehículos nuevos y terrenos. Su nivel de vida, junto al de su círculo cercano, resultaba desproporcionado respecto a sus ingresos declarados.
Además, se investiga si los comedores y merenderos comunitarios que recibían subsidios estatales realmente brindaban ayuda social. Algunos de estos espacios, aunque cerrados, seguían recibiendo alimentos y subsidios, sin cumplir con su función social.
Tras 23 allanamientos realizados por Gendarmería Nacional en distintas localidades, alrededor de 20 personas están involucradas en este caso. La causa sigue en desarrollo, y el juez Viri tiene un plazo de 10 días hábiles para decidir si procesa a Izaguirre o le dicta la falta de mérito, además de evaluar su situación judicial.
