Nadie escucha el dolor de las familias rurales

Valeria Girard/ De la Redacción de UNO
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En 2015 la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud reconoció lo que muchos médicos, afectados y vecinos sostenían desde hace años: que los pesticidas que más se utilizan en Argentina producen cáncer.

Glifosato y 2.4 D, los herbicidas más consumidos son cancerígenos humanos. A pesar de ello, 200 millones de litros-kilos de glifosato se consumen por año en la Argentina, generando una dosis potencial de exposición de 5 l-k por argentino por año.

El jueves Villa Elisa fue tapa de UNO por el elevado número de casos de cáncer que hay en la localidad y desde la UNER anunciaron que realizarán una investigación acerca de si existe una relación directa entre la enfermedad y los agroquímicos, o no. El 27 de diciembre de 2014 fue noticia San Salvador por la muerte de Joan Franco, un niño de 2 años afectado por los agroquímicos. Antes lo había sido por Leila, quien no llegó a cumplir 15 años. También lo fue Federación, por la muerte de Eduardo Ferreyra, que trabajaba en la producción de arándanos para una empresa de la zona. En distintas situaciones, pero todos por la misma causa.
Los resultados están a la vista, por eso desde hace años la realidad nos increpa como sociedad, sobre todo en Entre Ríos donde el 80% de las escuelas rurales padecen las fumigaciones con agrotóxicos.
En los últimos 20 años se naturalizó producir alimentos o sus insumos básicos utilizando cantidades crecientes de venenos, como una práctica normal o habitual.

Los estudios realizados en más de 25 pueblos, de menos de 15.000 habitantes, en Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba muestran que la primera causa de muerte es el cáncer (30% o más) desplazando a los problemas cardiorrespiratorios (en Argentina la primera causa de muerte es cardiovascular con el 26% y la segunda el cáncer con el 20%); que las incidencias y prevalencias de cáncer en general triplican a las que se reconocen en la ciudades, que los enfermos oncológicos son más jóvenes que lo esperable, que los problemas respiratorios y endocrinos duplican las prevalencias esperadas y que el impacto en salud reproductiva es inocultable. Sin embargo, los gobiernos de las provincias sojeras y el gobierno nacional parecen no escuchar el dolor de las familias rurales. Los intereses comerciales del mercado del alimento nos niegan el derecho al alimento sano, en cantidad suficiente y accesible para todas las personas como un derecho humano esencial y ponen en crisis nuestra soberanía alimentaria.
El reclamo de los pobladores de los pueblos fumigados del interior del interior de la Argentina crece y se multiplica como la cantidad inexplicables de enfermos. Muchos pueblos han logrado ordenanzas municipales que relativamente los protegen de la exposición a agrotóxicos. Lo que necesitamos es visibilizar este conflicto que enfrenta a formidables intereses económicos del agronegocio con el derechos a la salud y al ambiente sano de poblaciones anónimas e ignoradas.
Entre el 15 y 17 de octubre la facultad de Medicina de la UBA será sede del 3º Congreso Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados. Ojalá la voz de los médicos que participen del Congreso y sus conclusiones sean escuchadas, para que la situación de las familias rurales pueda ser de una vez por todas visibilizada por las autoridades pero también por la sociedad en su conjunto. Solo así podrá lograrse un cambio.