La presidenta de izquierda Dilma Rousseff convocó a un gran pacto nacional

La presidenta de izquierda Dilma Rousseff convocó ayer a un “gran pacto” para superar la crisis que paraliza a Brasil, al día siguiente de la apertura de un procedimiento de impeachment en el Congreso. Pero el “pacto”, aclaró, pasa por el respeto a los más de 43 millones de votos que la reeligieron en octubre 2014 para un segundo mandato. “Brasil ya superó momentos difíciles haciendo pactos. Pero ningún entendimiento prosperará si no tiene como premisa el respeto a la legalidad y a la democracia. Y la primera premisa debe ser la defensa de la voluntad popular manifestada por el voto”, dijo la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT) en un acto en la sede de gobierno.
  Rousseff, de 68 años, es acusada de maquillar las cuentas públicas para reducir el impacto de la crisis económica en el año de su reelección. Si es destituida, será reemplazada por su vicepresidente centrista Michel Temer, que se convirtió en su mayor opositor. Tanto Rousseff como Temer enfrentan un proceso en la autoridad electoral, por denuncias de que su campaña fue financiada con dinero del megafraude a la estatal Petrobras. Ese proceso podría llevar a la anulación de los comicios de 2014 y a la convocatoria de nuevas elecciones.
  El diario Folha de Sao Paulo, que el domingo pasado se pronunció en un editorial por esa alternativa, filtró esta semana parte del testimonio de Otavio Marques Azevedo, ex director ejecutivo de la constructora Andrade Gutierrez, que confirmarían esas sospechas. Azevedo habría confesado que millones de dólares donados legalmente a la campaña de Rousseff provenían en realidad de sobornos pagados por la constructora para obtener grandes contratos en Petrobras. Los abogados del PT negaron las acusaciones.

Pinchado “ilegal”. El PT, en cualquiera de las dos hipótesis, ve amenazada su hegemonía de trece años de poder, que se inició en 2003 con la victoria de Luiz Inacio Lula da Silva, investigado a su vez por presunta ocultación de bienes procedentes de la red de Petrobras. Los investigadores dicen que desde el gobierno de Lula opera un grupo de poderosas empresas concertadas con políticos para pagar sobornos a cambio de contratos inflados.
  Lula espera que la Corte Suprema apruebe su nombramiento como ministro jefe de gabinete, bloqueado precisamente por sospechas de que su designación era un subterfugio para escapar de la Justicia ordinaria. El magistrado basó su decisión en una comprometedora conversación entre Lula y Rousseff, que difundió el temido juez Sergio Moro, que lleva el caso Petrobras. La defensa de Lula pidió ayer al Supremo Tribunal Federal (STF) que abra una investigación contra Moro por haber interceptado “ilegalmente” un teléfono del bufete que representa al ex mandatario. Los responsables del caso lo niegan. A la espera de un veredicto sobre su futuro en el gobierno, Lula se mantiene activo en la conquista de apoyos para salvar a Rousseff, pero por ahora tras bastidores.

“Nuevos puentes”. Rousseff busca consensos para superar el impeachment, al que siempre denunció como una tentativa de “golpe de Estado”. Una comisión de 65 miembros decidirá el próximo lunes si acepta la recomendación de su relator, favorable a su destitución. La Cámara de Diputados debería votar luego ese informe (la aprobación requiere una mayoría de dos tercios) y el Senado rubricarlo luego por mayoría simple. En ese caso, Rousseff sería removida de su cargo por un máximo de 180 días, hasta que el Senado dé su fallo definitivo. “Sea cual sea el resultado del impeachment, al día siguiente será preciso construir nuevos puentes”, dijo el diputado Leonardo Piciani, que se ha manifestado contra la destitución de Rousseff, pese a ser líder de la bancada del PMDB, el partido de Temer.