El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de la provincia, Daniel Ruberto, se mostró ayer a favor del proyecto de ley para la Promoción del Trabajo Registrado.
Moderada expectativa local por la ley de trabajo registrado
El sindicalista, que también es diputado provincial oficialista, manifestó que si bien se registra un aumento del blanqueo dentro de la actividad comercial, las irregularidades son muchas, sobre todo en cuanto al registro de la media jornada cuando se trabajan más de siete horas. “Se da el pago en negro de la mitad de las horas trabajadas, si bien no corresponde, esto no deja de ser un avance, ya que en esas condiciones el trabajador al menos cuenta con obra social, protección ante un accidente de trabajo y algún aporte jubilatorio, aunque sea menor al que le corresponde”, explicó a UNO el dirigente gremial.
Consultado sobre el descuento tributario que favorecerá a aquellos empresarios que registren a más trabajadores, Ruberto indicó que un trabajador en negro no es más barato que uno en blanco, si se tiene en cuenta que puede llegar a generarle al empresario un conflicto con la Justicia o caer en una inspección, en caso de que le suceda un accidente en el trabajo.
Teniendo en cuenta los costos de las multas que debería pagar en cualquiera de esos casos, “el trabajador en negro es lo más caro que hay”, opinó el sindicalista. Con esto se refirió a que muchas infracciones de este tipo han llevado a la quiebra a más de una empresa, provocando enormes deudas sobre los bienes de los familiares de los empleadores. A esto se suma una posible supervisión de la Administración Federal de Ingresos Públicos, lo cual implica el pago del 20% de la masa salarial en multas por un solo empleado sin registrar.
Por su parte, el secretario general de la seccional Paraná de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Ricardo Sánchez, dejó en claro que desde el sector no consideran que la nueva regulación sea un mecanismo para alentar el empleo, porque existe una situación económica en la actualidad que impide que se emplee de manera permanente a los trabajadores y que se generen nuevos puestos. “Sin una actividad más profunda que regule la inflación, no se podrán fomentar más fuentes de trabajo”, indicó el dirigente.
Sánchez criticó al gobierno por utilizar los contratos de obra como “una forma de tomar gente en negro y agregó que las únicas favorecidas con la medida serán las empresas. “Desde el punto de vista laboral, lo que propone es otorgar beneficios a las empresas, no a los trabajadores, además perjudicará a los jubilados porque habrá menos ingresos previsionales”.
Desde el sector argumentan el rechazo en la recaudación previsional, la cual recae sobre los haberes jubilatorios de los argentinos, porque consideran que al cobrarse menos impuestos a los empresarios se recaudará menos dinero y no se podrán otorgar aumentos. “Se termina premiando al empleador que tuvo una conducta ilegal y no a aquel que siempre sufrió el problema”, afirmó.
Consultado sobre los sectores que reflejan menor cantidad de trabajadores legales, el secretario de CTA indicó que en la provincia de Entre Ríos se da mayormente en aquellas actividades que, por su naturaleza, “permiten más permeabilidad”, como en el caso de las empresas que tienen demandas estacionales.
“Son las actividades ligadas a los frigoríficos, aserraderos, comercios gastronómicos y personal de limpieza”. Sánchez subrayó, en ese sentido, que las ciudades más perjudicadas por el trabajo en negro son Paraná y zonas aledañas, y Concordia, las cuales reflejan la situación más preocupante hoy en día.
El gremialista insistió: “En una situación como la actual, de freno en la economía, la generación de empleo genuino es muy complicada, a su vez es necesario que se incremente la actividad de los ministerios de Trabajo, para que realicen más controles”.
Contenido del proyecto
La nueva ley para la Promoción del Trabajo Registrado, que tuvo tratamiento ayer en la Cámara baja, había obtenido la media sanción de senadores en abril, con algunas modificaciones.
El proyecto impulsado por el Gobierno intenta reducir el número de trabajadores –más de 3 millones según indica el Indec–, que cumple con sus tareas, sin tener aportes previsionales ni obra social.
En él se contempla la reducción de contribuciones patronales para microempresas, y permite nuevas medidas de fortalecimiento en la fiscalización y capacidad de inspección del Estado nacional, como la creación de un registro donde se incluirá a las empresas que violen la legislación laboral. En ese Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales se incluirá a todas las empresas que no registren a sus trabajadores y contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales o incurran en trata de personas para el trabajo forzado.
A través de la iniciativa, también se creará un Régimen Especial y Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempresas de Menores Niveles de Productividad y Competitividad con beneficios. Ese sistema, abarcará a empresas que tienen hasta cinco trabajadores, que no son sociedades anónimas y tienen un cierto nivel de facturación anual. Para este tipo de empresas, la ley indica que habrá una reducción en las contribuciones patronales de manera permanente y un límite en las cuotas que pueden cobrar las ART en ese sector.
Puntos para el debate
Una de las partes más abordadas dentro del proyecto, en Senadores, fue la incorporación del descuento mencionado anteriormente, el cual corresponde a un 50% en las contribuciones patronales de todos los trabajadores, nuevos y actuales de las microempresas, que empleen hasta cinco ciudadanos. Es decir que todas las que tengan esa cantidad no pagarán más contribuciones patronales. El límite se extenderá, incluso, hasta siete trabajadores, cuando el empleador incremente su planta existente, al momento de su inclusión en el régimen. Esta medida, apunta sobre todo a las pymes, las cuales tienen un alto grado de informalidad.
Asimismo, el régimen de promoción del trabajo, el cual se extenderá en un plazo de dos años, implicará un descuento del 100% en las contribuciones patronales por cada empleo nuevo que tomen, durante el primer año, en el caso de las microempresas que tengan hasta 15 trabajadores.
Caso en Entre Ríos
El Ministerio de Trabajo de la Nación, seccional Concordia, detectó ayer 69 trabajadores no registrados en dos operativos en las localidades de Colonia La Argentina y Chajarí, en el Departamento entrerriano de Federación.
En Colonia La Argentina se constataron 39 trabajadores no registrados en dos quintas cítricas de la zona, mientras que en la ciudad de Chajarí 30 trabajadores de distintas obras de construcción no estaban registrados, informaron desde el Ministerio.
El Delegado Regional del Ministerio, Guillermo Satalía Méndez, señaló que en las quintas cítricas “además de las irregularidades de registración laboral, se fiscalizaron malas condiciones habitacionales, por lo que se labraron las actas correspondientes a las infracciones”. Además, detalló que trabajó en los operativos del Ministerio “personal de la seccional Concordia del Ministerio de Trabajo, junto con la Policía Federal Argentina delegación local”. Por otra parte, el funcionario indicó que en la ciudad entrerriana de Chajarí se realizaron los mismos operativos “pero en el rubro construcción, donde se detectaron 30 trabajadores no registrados en obras de distintos lugares de la ciudad”.













