Una mujer trans fue hallada sin vida este jueves por la mañana en una precaria vivienda ubicada en calle Pedro Martínez, en el oeste de la capital entrerriana. Se trata de Jésica Benavídez, paranaense, de 36 años. Una decena de mensajes y llamados sin contestar alertaron a un amigo y cerca de las 7 de la mañana, esquivando charcos y pastizales, pudo acceder a la vivienda y confirmar sus sospechas. El cuerpo de Nicky -como la llamaba su círculo íntimo- estaba sin vida.
Personal Policial de Comisaria 15° informaría luego a UNO que al momento del hallazgo, Benavídez se encontraba semidesnuda, sentada en una silla y "sin signos de violencia en la escena". Mientras la investigación a cargo del fiscal Martín Wasinger avanza, la causa está caratulada como "muerte dudosa".
La muerte de una mujer trans siempre es dudosa porque ser mujer es un riesgo, pero ser mujer trans es casi una sentencia. En Argentina el promedio de vida de una trans es de 36 años, según el informe de la Red Latinoamericana y del Caribe de personas trans. Por eso, la de Nicky Benavídez no es una muerte más porque nos obliga a volver sobre las condiciones de vida de una parte de la sociedad históricamente vulnerada en sus derechos humanos más básicos e inalienables.
Excluidas de la familia, del sistema de salud, de la posibilidad de recibir educación, de conseguir trabajo; perseguidas, violadas y torturadas por las fuerzas de seguridad, las mujeres trans que pueden dar testimonio son verdaderas sobrevivientes. Mueren asesinadas, por enfermedades previsibles sin tratamiento adecuado, o simplemente desaparecen. Se esfuman, solo viven en el relato resignado de sus compañeras, porque las identidades trans no aparecen sino en la narrativa policial y esta invisibilización que sufren también se cobra su ausencia en la historia. "Es muy difícil hacer una estadística porque no hay datos oficiales y porque muchas veces las chicas trans mueren y son enterradas como NN porque sus familias las expulsan desde muy chicas y no se hacen cargo ni de los cuerpos', afirman desde Archivo de la Memoria Trans.
Diana Sacayán luchaba por el reconocimiento de derechos de su comunidad, pero insistía en ir más allá: "Nuestra militancia no tiene que morir en los derechos de determinadas personas. Si no, vamos a tener un gueto, una mirada chica del mundo. Incluso hay que sortear la identidad travesti. Nuestra agenda no se muere con la Ley de Identidad de Género, nosotras planteamos la despenalización del aborto, demandas del movimiento indígena y del medio ambiente. Porque si no nuestro lugar pareciera ser la prostitución. Y hay sectores que quieren regularla. Particularmente, y por la experiencia que he tenido, pienso que es la expresión más clara de lo que es la violencia callejera, policíaca, institucional. Ha hecho mucho daño en la autoestima de las mujeres travestis. Incluso en la mía: me costó mucho correrme de ese lugar. Todavía sigo luchando para salir de ahí porque es un lugar horrible. Tenemos que desbaratar ese discurso: no queremos que nos condenen eternamente a esos rincones oscuros".
A Diana la asesinaron de 13 puñaladas en 2015, en su departamento. La activista tenía 39 años y más de dos décadas de militancia social. Fruto de su lucha se obtuvo la sanción de la ley bonaerense de cupo laboral, única por sus características y reconocida a nivel mundial. Su legado es inmenso, su rostro se multiplica al infinito en las banderas que se alzan cada vez que la militancia marcha en su nombre, que es también el de todas las identidades sexuales disidentes.
En mayo de 2012, la comunidad trans logró el reconocimiento jurídico de sus derechos con la ley 26743 de Identidad de género. Esta conquista, fruto de años de lucha y militancia, viene a cambiar un paradigma patologizante de la condición sexual de cada persona, por eso es reconocida a nivel mundial. No solo garantiza la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre sino también el acceso a la salud integral. Sin embargo, en nuestro país, casos como el de Jésica Nicky Benavidez, son habituales, y también las situaciones violentas y discriminatorias por parte de otros ciudadanos, fuerzas de seguridad e instituciones estatales. Por eso es necesario seguir trabajando en línea con el cambio cultural que derive en una sociedad más respetuosa e inclusiva, conforme a la legislación vigente.
Resulta contradictorio, entonces, que el Estado insista en sostener la educación religiosa, un obstáculo ineludible para la inclusión de las personas que integran la comunidad LGBT, una auténtica máquina de reproducir prejuicios y conductas discriminatorias, un espacio legitimado para sembrar la semilla del odio y el dogmatismo que a veces escala hasta matar y que otras veces te sienta en una silla desvencijada a esperar que la muerte venga sola.