¿Quién podrá defenderlos?

En pocos días comenzará a debatirse en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de impuesto a las grandes fortunas, con el objetivo de afrontar las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus. En un contexto en el que todo el país ha hecho y sigue haciendo un esfuerzo descomunal para frenar el avance del Covid 19 y salvar vidas, la propuesta del impuesto a aquellos que tienen tanto dinero que no podrían gastar ni en diez vidas, gana consenso en la racionalidad política de la Argentina. No obstante habrá, seguramente, quienes se opongan a la iniciativa bajo argumentos de una economía liberal, a esta altura obsoletos, y advirtiendo de un populismo que, a esta altura, nos sienta bien.

El presidente del Banco de la Nación Argentina, Claudio Lozano, definió al impuesto como “un paso necesario dentro de una estrategia general que obliga a otro conjunto de regulaciones para reorientar el rumbo económico, social y también político de la Argentina”.

El actual contexto con las consecuencias del virus en los sectores históricamente postergados con miseria y hacinamiento, no deja demasiado margen para pensar en postergar una iniciativa que se menciona como extraordinaria, pero que seguramente dará lugar a propuestas que en el futuro permitan un régimen impositivo más progresivo para un país más justo.

En el artículo del economista Gustavo García Zanotti publicado el domingo en el diario La Capital, se rebate con datos espeluznantes varios de los argumentos esgrimidos por los detractores del denominado impuesto a los ricos. Uno de los más sorprendentes es tomado de la base de datos de AFIP: “Podemos constatar que el 70% de los activos declarados por los ricos se encuentran fuera de la Argentina. En este sentido, podríamos decir que las personas ricas poseen una elevada propensión a la fuga de capitales. Al contrario de lo que se enunció anteriormente (que el cobro de impuestos sacrificará la inversión privada), el cobro de un impuesto a las fortunas disminuiría la fuga en vez de reducir las decisiones de inversión.

Otro aspecto de la economía que evidencia que la situación de hambre y pobreza se puede paliar con una medida que a algunos también le resultaría drástica, pero no es más que una distribución justa para la emergencia, la mencionó en una reciente entrevista Arnoldo Gómez, autor del libro Los Macri, la burguesía intermediaria y la dependencia Argentina (Editorial Agora, 2019): “En la Argentina se producen 2.600.000 toneladas de carne vacuna por año, 2.300.000 toneladas de carne aviar, 650.000 toneladas de carne de cerdo. Además, la pesca nos provee otras 800.000 toneladas. Es decir, tenemos una producción anual de 6,5 millones de toneladas de distintas carnes. Con el 1 por ciento de esta faena anual, o sea, 64.000 toneladas se le pueden dar cuatro kilos de carne por mes a 16 millones de personas, que es la tasa de pobreza”.

Los números están sobre la mesa, y el debate está por empezar. Hay quienes se opondrán, pero ¿quién podrá defenderlos?