La problemática de las fumigaciones con agroquímicos dejó de estar en la agenda pública. Sencillamente porque el 90% de la información que circula es acerca de la pandemia del coronavirus y que ello suceda en parte es responsabilidad nuestra por ser vehículos de la noticia. Porque que haya personas afectadas por aplicaciones que se realizan sin ningún tipo de control y en cualquier momento del día, también implica un problema de salud pública. Desde el comienzo de la cuarentena, en Entre Ríos se registraron dos denuncias penales por fumigaciones con agroquímicos en cercanías de viviendas ubicadas en zonas rurales, según testimonios y prueba documental a la que pudo acceder UNO. Las damnificadas son dos mujeres que tienen la experiencia de haber vivido situaciones similares. Los hechos ocurrieron en las primeras semanas de confinamiento en el sexto Distrito del Departamento Gualeguay. Cuando divisó el mosquito que estaba fumigando cerca de su casa, Lidia Moreyra pareció revivir aquel día en el que habían esparcido químicos a cinco metros de su hogar. No es la primera vez que debe lidiar con este drama, que ya comenzó a deteriorar su estado de salud. Al igual que aquella vez, no dudó un instante en realizar la denuncia que quedó asentada en la comisaría del Sexto Distrito. Si bien la presentación se realizó el 24 de marzo, a cuatro días del comienzo de la cuarentena, el acta de constatación se elevó recién un día después al fiscal de turno, Jorge Gutiérrez. De esa manera comenzó a tramitarse la denuncia penal, aunque, como siempre sucede en este tipo de casos, su avance dependerá de muchos factores.
Mujeres fumigadas
Zulema Scansi es la segunda víctima de las aplicaciones con químicos que se utilizan en establecimientos agropecuarios de Entre Ríos. El episodio ocurrió en los primeros días de abril, también en el Sexto Distrito. A 24 horas de haber denunciado el hecho, una médica policial revisó a la mujer y además se tomaron muestras del agua y del suelo. “Los protocolos no se respetan, porque la Policía no avisa de la fumigación ni de las prácticas; es como que ya está naturalizado el hecho. No hay respeto por la vida alguno”. El testimonio pertenece a Ramón Velázquez, militante ambiental y que pertenece al Foro de Gualeguay.
Docente por vocación, es uno de los referentes del Foro Ambiental de Gualeguay y que en este tiempo le ha puesto el cuerpo a una lucha desigual por erradicar un modelo de producción tan cuestionado como nocivo para la salud y el medio ambiente.
Sobre la lucha silenciosa de Zulema, recordó: “Creo que una vez se fue hasta el medio del campo a parar al mosquito. Siguen fumigando a otras distancias, pero los olores se perciben. Hemos construido con ella una amistad, y cada vez que están fumigando me llama”, le contó el maestro a UNO.
La cuestión de las distancias fue siempre un tema controversial, quizás el eje de la disputa jurídica entre las organizaciones ambientales y el gobierno provincial. El Foro Ambiental de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) habían logrado a través de un amparo colectivo que se prohíban las fumigaciones terrestres con agroquímicos en un radio de 1.000 metros alrededor de las escuelas rurales y las fumigaciones aéreas con iguales pesticidas a una distancia de 3.000 metros. Se estaba ante un fallo histórico y sin antecedentes a nivel nacional, pero que al poco tiempo quedó trunco por una sentencia adversa del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Los límites para las aplicaciones se redujeron a 100 por la vía terrestre y 500 metros, en el caso de la aérea.
La militancia ambiental y la defensa del derecho a un ambiente sano y a una mejor calidad de vida, ya no solo se reduce a lo que sucede en las escuelas rurales y las personas que allí ejercen sus tareas cotidianas. Las historias de Lidia y Zulema se ven multiplicadas a lo largo y a lo ancho de la provincia, porque las fumigaciones no se detuvieron por la cuarentena, y las pruebas están a la vista de todos. Durante la noche, sin notificar a las autoridades e incurriendo en otros tantos incumplimientos, la actividad agroindustrial sigue privilegiando la rentabilidad económica por encima de la salud y de la vida de las personas.