La hora de los inquilinos

El viernes pasado fue publicada en el Boletín Oficial la prórroga hasta el 31 de marzo del decreto de alquileres vigente desde el 29 de marzo del año pasado. “¡Salió el decreto!”, se avisaban amigos, parientes, compañeros de trabajo, grupos de Facebook. La noticia, compartida miles de veces en redes sociales, llenó de aire los pulmones, relajó los ceños fruncidos y alivió los bolsillos de millones de inquilinos e inquilinas del país. Y, entre ellos, de decenas de miles en Entre Ríos.

A trazo grueso, vale recordar que la normativa congela los precios de los alquileres a marzo de 2020, cuando la declaración de la emergencia pública por la pandemia. También prorroga la validez de los contratos de alquiler vigentes en ese momento, prohíbe los desalojos de inquilinos que hayan dejado de pagar la renta y condiciona la renegociación de las deudas que se hayan generado, que podrán saldarse entre seis y 12 cuotas. Todo esto, mientras rija el decreto, es decir hasta el 31 de marzo que viene, cuando podrá prorrogarse nuevamente o no, según decisión del presidente Alberto Fernández.

En su letra, el decreto protege a los inquilinos, la parte débil del contrato, los no propietarios. Su justificación hace un año no requería muchos argumentos. Sobrevenían la parálisis de la actividad económica, las caídas de ventas, la pérdida de changas y puestos de trabajo formales y la suspensión hasta nuevo aviso de paritarias. Hoy, sus detractores –rentistas, inmobiliarias– pueden alegar: ya se reactivó todo. Se les podrá contestar: ¿se reactivó todo? Entre los saldos de la pandemia están el salto de la pobreza nacional, el crecimiento del desempleo y una inflación que aumentó más que la mayoría de los salarios.

De todas formas, en los hechos, la eficacia real del decreto admite, como mínimo, la duda. El control estatal dejó demasiados huecos. Alcanza con otear las redes sociales de las agrupaciones de inquilinos para encontrar un sinfín de quejas y consultas sobre numerosos y diversos incumplimientos. O recordar el informe de la Defensoría del Pueblo de Paraná de junio de 2020, que advertía por planteos de inquilinos “porque los locadores amenazaron con desalojos aunque no se permitan y porque los propietarios les cortaban los servicios”.

Mientras tanto, espera su reglamentación la nueva Ley de Alquileres, aprobada en julio de 2020 por el Congreso. Cuando se aplique –si se aplica– será un tratamiento integral a la gran ‘herida’ de inequidades y descontrol que caracterizan el mercado del alquiler en la Argentina, mucho más que la ‘curita’ que significa el decreto, como suelen graficar los inquilinos organizados. La ley, para empezar a hablar, ordena que los aumentos sean anuales –no semestrales– y atados a una fórmula que combina inflación y salarios. Fija contratos mínimos de tres años y prohíbe que los inquilinos paguen impuestos que corresponden a los propietarios, como el Inmobiliario. Además, pone topes a las garantías y los gastos de ingreso, un histórico dolor de cabeza y de bolsillo para los que buscan casa o departamento para vivir.

En Entre Ríos, un proyecto de adhesión a la ley nacional retoza en la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados desde el 14 de agosto del año pasado.

En Entre Ríos, también, aparecieron críticas a la ley. Hay inmobiliarias que la consideran contraproducente e innecesaria, porque sus beneficios para el inquilino ya se cumplirían en la práctica. Por costumbre. ¿Cuál sería el problema, entonces, de que queden plasmados por ley, y así evitar –o desalentar, al menos– la tentación de aquellos que prefieren correrse de esas supuestas ‘buenas prácticas inmobiliarias’? En la provincia, asimismo, están creciendo agrupaciones como Inquilinos Agrupados o Inquilinos Entre Ríos. Ya ha habido, años anteriores, iniciativas como la creación de una Defensoría del Inquilino en Paraná. Quizás un saldo positivo de la pandemia pueda ser el debate público de un tema que, aunque veamos más seguido en la TV porteña, preocupa a muchos entre nosotros. En el pago chico.