Eludir la Justicia con la historia y las urnas

La imagen de la Justicia en la Argentina es mala, tal mala como la opinión que se tiene sobre los políticos o los gremialistas. Se salvan muy pocos de las críticas que hace la sociedad.

Y no es para menos, porque gracias a los políticos que supimos concebir desde la llegada de la democracia en la Argentina hay más pobreza, desocupación, desnutrición, deserción escolar, inflación y una moneda que casi no existe.

Pese a esto, las instituciones están por arriba de los hombres y mujeres, y tal vez por la esperanza de un nuevo gobierno se espera un pequeño soplo de mejoras a corto y mediano plazo.

Una forma de mejorar las instituciones es respetarlas en el juego mismo de la democracia.

Por ello, no es menor lo sucedido hace pocas horas con la declaración indagatoria de la procesada Cristina Fernández de Kirchner.

Fue inédita, polémica y llena de mensajes para todos lados. Y está bien que así sea la defensa política de una persona que está cansada –según ella– de estar sometida a un proceso injusto.

Puede callar, puede mentir, puede llorar, puede enojarse, puede hacer política, como cualquier acusado de un delito cuando le toca enfrentar a un tribunal constitucional del Poder Judicial.

Para mi gusto, a los jueces les faltó autoridad para enmarcar el acto jurídico de la vicepresidenta electa. Tal vez en el afán de evitar que ella les dijera que le coartaban su libertad de expresión en la declaración, prefirieron permitir algo que no es común para el resto de los mortales.

Deberá saber la expresidenta, que tanto ella como Mauricio Macri, si le toca pasar por tribunales a defenderse de una denuncia o cualquier otra persona, deben enfrentar la acusación y dar sus explicaciones, como cualquier hijo de vecino. No se elude una causa judicial invocando el veredicto de la historia reciente y mucho menos se lavan culpas o denuncias con un resultado electoral.

Es legítima la defensa política en un juicio o en un canal de televisión, pero es cierto que esas declaraciones nada tuvieron que ver con la defensa técnica sobre los hechos de corrupción en la obra pública que se le atribuyen.

Nunca, según lo que se escuchó, respondió a los severos cuestionamientos judiciales llevados adelante por los fiscales y que se sostuvieron en distintas etapas durante estos largos años de investigación.

Cristina intentó –increíblemente– retar al tribunal que tuvo el “tupé” de juzgarla, ya que los jueces son los que deberán responder a la historia por “atreverse” a investigarla.

Esas extralimitaciones de una persona procesada por hechos delictivos no deberían repetirse. Ni de parte de Kirchner como tampoco del fiscal Carlos Stornelli, que estuvo ocho meses eludiendo la indagatoria ante un juez federal de la Nación.

Ambos casos son ejemplos de lo que no se debe hacer cuando hay un estado de sospecha firme. Lo mejor, como cualquier persona con o sin fueros, con o sin poder político, con o sin poder económico, es enfrentar la denuncia y defenderse de lo que se considera injusto, más si se dicen inocentes. En la Argentina habrá jueces corruptos, como políticos, empresarios, periodistas, sindicalistas, lo que no se puede hacer es jugar a las escondidas utilizando todo el poder para esquivar el debido proceso o la legítima defensa, partiendo de falsas premisas.

En la Argentina todo puede estar perdido, pero al menos desde el punto de vista institucional hay que bregar con el ejemplo. En la dictadura no había tribunales, no había legítimas defensas, apelaciones ni estratos superiores de revisión. Claro, es más fácil transformarse en una especie de monarca que, por tal condición, casi no se puede mirar y mucho menos atreverse a denunciar ante la sospecha de hechos que son altamente probables.

Flaco favor se le hace a la República, no respetando las instituciones con todas las garantías constitucionales de un juicio justo. ¿Qué pasaría si este tribunal la declarara inocente? ¿Ella seguiría pensando lo mismo del proceso judicial? ¿Que siempre responde a un operativo o presión de algún sector?