El MegajuIcio histórico y sin precedentes para la historia política de Entre Ríos que llegó a su instancia definitiva este jueves con condenas de prisión efectiva para altos mandos del gobierno entrerriano de los últimos años acarreó cerca de 50 audiencias a lo largo de casi ocho meses, desde septiembre de 2021. Pasaron por Tribunales 13 imputados, defendidos por 10 abogados, y más de un centenar de testigos. Recibieron sentencia un total de cinco causas concentradas en tres grandes legajos.
Megajuicio: los delitos que cometieron los condenados
En un veredicto que se extendió este jueves durante varias horas, la Justicia provincial condenó a 8 años de cárcel al exgobernador Sergio Urribarri. Así lo resolvió en forma unánime el tribunal integrado por José María Chemez -presidente-, Elvio Garzón y Carolina Castagno. Además, se le impuso la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
También hubo condenas de seis años y medio de prisión efectiva para el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. Las sanciones penales al resto de los acusados fueron a Corina Elizabeth Cargnel, por tres años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua; y Gustavo Tamay, tres años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua.
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En tanto, la pareja de Aguilera, Luciana Almada, fue condenada a dos años y seis meses de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua; Emiliano Giacopuzzi a dos años y seis meses de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua; Germán Buffa,un año y dos meses de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua; y Gerardo Daniel Caruso, tres años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua.
Fueron absueltos, en cambio, el exministrod e Turismo, Hugo Marsó, Alejandro Almada, Maximiliano Sena, Gustavo Tórtul y Hugo Félix Céspedes (fallecido).
Imprentas familiares
El primero de los legajos investigados en el Ministerio Público Fiscal -representado en el debate por los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull- se conoce como “causa de la vaca” o “causa de las imprentas”.
Tiene como imputados al exgobernador Sergio Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador y empleado del Senado; a Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del exMinisterio de Cultura y Comunicación; y a Corina Cargnel, contadora de las empresas. La hipótesis principal apunta al direccionamiento y cartelización de publicidad estática en las calles y rutas, en favor de las empresas que adjudican a Juan Pablo Aguilera.
En esta causa también está imputado el publicista de Concepción del Uruguay, Fernando Montañana, pero fue apartado del debate oral y se lo juzgará oportunamente dado que cuando inició el juicio enfermó. También estuvo imputado en este proceso el publicista paranaense Jesús Bustamante quien, en febrero de 2018 arribó a un acuerdo de juicio abreviado con Fiscalía por el cual aceptó una pena condicional de 2 años y 8 meses.
Bustamante y Montañana, sostienen los fiscales, aceptaron aparecer como beneficiarios de diversas contrataciones con el Estado entrerriano siempre y cuando retornaran parte del dinero percibido a las empresas Tep y Next que, de ese modo, concentraron toda la publicidad en la calle. La investigación abarca un período que va de 2010 a 2015.
El "Sueño entrerriano"
Se ventila también el legajo conocido como “sueño entrerriano” que acumula tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada contra los Fondos Buitre.
Los imputados son Sergio Urribarri; Báez; Gustavo Javier Tórtul; Aguilera; Cargnel; el exministro de Turismo; Hugo Marsó; y Gerardo Caruso. La hipótesis acusatoria sostiene que a través de gastos del Gobierno de Entre Ríos se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.
En el primer hecho imputado los fiscales sostuvieron que Urribarri y Báez sustrajeron más de 4.000.000 de pesos para difundir una solicitada titulada “Acuerdo de Compromiso para la Reafirmación Democrática Argentina”, publicada en junio de 2014, utilizando fondos del erario público entrerriano para promocionar y dar a conocer la figura del entonces gobernador para fortalecer su campaña para ser precandidato a presidente de la Nación, que venía siendo impulsada desde principios de aquel año.
En cuanto al expediente Cumbre del Mercosur, se investigó la organización de la reunión de los presidentes de ese bloque económico en Paraná, en diciembre de 2014. Los fiscales determinaron que el monto sustraído es 31.461.000 pesos. En la acusación también se sostiene que el dinero público era para promocionar la cumbre pero el exgobernador “lo usó para su beneficio personal a través de la difusión nacional de los cuatro spots publicitarios, con el único propósito de instalar su precandidatura”.
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Bajo la misma hipótesis consideraron que se direccionó la contratación de la difusión nacional de los cuatro spots referidos, a favor de la empresa Nelly Entertaiment S.A., del empresario de la farándula Jorge Ernesto "Corcho" Rodríguez.
Otra de las estrategias utilizadas por Urribarri para posicionar su campaña presidencial, según se ventiló en el juicio, fue la instalación de un parador en Mar del Plata. En cuanto a esa operatoria los fiscales estiman que el monto sustraído fue de 14.561.870 pesos.
Los delitos que se le atribuyen al exmandatario son Peculado, Defraudación a la Administración Pública y Negociaciones Incompatibles, por los cuales se solicitarán 9 años de prisión efectiva.
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Global Means
El último legajo del megajuicio es el conocido como “Global Means”, a partir del cual se investigó la adjudicación de publicidad en 18 medios gráficos del país a una empresa que, cuando recibió el beneficio, no estaba constituida como tal y tampoco aparecía en el registro de proveedores del Estado. Esta causa relaciona a Urribarri, Báez y el empresario Germán Buffa, que obtuvo una pauta de publicidad del Gobierno provincial mucho antes de que su empresa, Global Means, tuviera existencia real.
Buffa era “una persona del entorno” de Báez, según Fiscalía, y por eso se “direccionó” el 1° de julio de 2011 una orden de publicidad a favor de la firma Global Means SA, y se contrató por vía directa la publicación de dos avisos, por un total de $118.000, cifra que dolarizada da la suma de 26.900 dólares.
En el debate intervinieron, además de los fiscales, los defensores Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Emilio Fouces; José Velázquez; Ignacio Díaz; Juan Méndez y Miguel Cullen.