El exministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, Pedro Báez, ensayó una encendida defensa de su gestión al frente del organismo y aclaró que en esa etapa no se cometieron irregularidades en la contratación de servicios de publicidad. Su declaración se produjo en el marco del megajuicio que lo tiene imputado junto al exgobernador Sergio Urribarri, por presuntos delitos contra la administración pública.
Megajuicio: "No he cometido ningún delito", dijo Pedro Báez
El exministro de Cultura y de Comunicación, Pedro Báez, negó enfáticamente los delitos que se imputan. Vinculó el megajuicio a motivaciones políticas.
2 de diciembre 2021 · 16:37hs
El megajuicio tuvo como principal protagonista al exministro Pedro Báez.
En el marco de una extensa testimonial, que se vio demorada por problemas técnicos que surgieron en la transmisión de la audiencia a través de Youtube, Báez aclaró que en sus ocho años de gestión al frente de la Dirección General de Información Pública, y luego en el Ministerio de Comunicación y de Cultura, ningún acto administrativo “mereció la calificación de irregular”.
“No hay un solo pago que merezca la calificación de irregular, ni de parte de la Fiscalía de Estado, ni de la secretaría Legal y Ténica, ni del Tribunal de Cuentas”, ilustró en el comienzo de su monólogo.
El exdiputado deslindó su responsabilidad en los delitos que se le imputan en este proceso, al tiempo que reivindicó todas las políticas ejecutadas al frente del organismo que diseñaba la comunicación de las acciones de gobierno.
Desde ese lugar insistió con su inocencia: “No ha surgido ninguna irregularidad, tampoco tenemos ninguna declaración de lesividad”, alegó.
Báez también hizo una valoración del accionar del Ministerio Público en las causas donde se le adjudican responsabilidades, por ejemplo en el “direccionamiento” de pautas publicitarias en la vía pública. A su criterio en este proceso “todas estas imputaciones están teñidas de subjetividad. Hay que admitir una evaluación política”.
Sobre la causa imprentas
El exfuncionario contó con un ayuda-memoria para no olvidar datos de su paso por la función pública y de información vinculada a las causas que son el eje vertebral del megajuicio. Con esa estrategia y sin aceptar preguntas de la Fiscalía, empezó a desglosar algunas de las causas investigadas respecto de su gestión. Sobre el expediente denominado “imprentas” aseguró: “No contratábamos imprentas, contratábamos servicios publicitarios en la vía pública”.
Luego se arrogó la transformación de la vieja Dirección de Información Pública, a partir de un proceso de descentralización, que entre otras cuestiones mejoró el control de las contrataciones. “Revertimos esta situación, si hubiésemos querido hacer eso que se nos imputa, no hubiésemos establecido controles mucho más estrictos”, argumentó. A su tiempo destacó la puesta en vigencia de una resolución que regula la asignación de la pauta publicitaria en Entre Ríos, que según Báez aún en la actualidad sigue vigente. Del mismo modo recordó que en aquel momento se creó el Registro de Medios, una herramienta que sirvió “para el mejoramiento de la capacidad de control del Estado. Nos permitió configurar un mapa de medios, dimos inicio a un programa de democratización de la pauta del Estado”.
El exfuncionario indicó que otras de las acciones implementadas fue el sistema de control de certificación de campañas de publicidad en la vía pública. “Cubrieron un bache normativo en el área”, justificó. “Y fue más enfático aún en la defensa de su gestión de gobierno. Los procedimientos por los cuales se contrataron fueron los correctos. En 8 años recibí una sola comunicación del Tribunal de Cuentas, más precisamente el 14 de febrero de 2014. Allí se señalaba que las contrataciones se hacían en forma directa, tanto que el funcionario del Tribunal de Cuentas, Ricardo Genolet, expresó que los auditores marcaban la ausencia del decreto. Aunque se informó que ese decreto había sido eliminado”, reseñó Báez.
Promediando su exposición rechazó la posibilidad de que se haya direccionado la contratación de la publicidad, ya que el criterio para requerir de esos servicios estaban fundamentados. “Tenían el equipamiento, la autorización para comercializar esas posiciones. No teníamos alternativa, eran esos prestadores o era la nada”, completó en el recinto.
