Megajuicio: este jueves se conocerán los pedidos de pena

Se completó la primera parte del alegato de clausura del Ministerio Público Fiscal en el megajuicio por delitos de corrupción contra el exgobernador Sergio Urribarri, dos de sus exministros y otros diez imputados. Se abordó la causa de transición (Global Means) y a continuación, el legajo donde se acumulan varios expedientes denominado “Sueño entrerriano”. De este modo, recién el jueves, cuando concluya el alegato el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, se conocerán los requerimientos de pena.

El debate se retomó con el tramo final del alegato de Patricia Yedro, quien elaboró su tesis acusatoria en el legajo Nº 6.399 denominado Global Means. Según precisó la funcionaria en esta causa “se atribuye a Sergio Urribarri y Pedro Báez haber direccionado publicidad a favor de la empresa Global Means, de Germán Buffa”. Advirtió que a partir de la prueba documental y testimonial, se pudo demostrar que “cuando la empresa fue contratada, ni siquiera estaba constituida y se demostró que mantenía una relación con el exministro Pedro Báez".

Yedro cuestionó los mecanismos de contratación de publicidad y las irregularidades detectadas en los expedientes, una práctica común por la que responsabilizó a Urribarri y a Báez. Al volver sobre la propuesta de publicidad de Global Means recordó que “no tenía ni firma ni fecha, tampoco llevaba número de expediente. Si a esto lo confrontamos con la carátula del expediente la orden de publicidad llevaba otra fecha de emisión”.

Con estos elementos, la Fiscalía llegó a la conclusión respecto de cómo funcionaban los controles de los organismos del Estado. “Hubo un control laxo”, se ilustró.

La funcionaria destacó las testimoniales de Pablo Dimier, director general de Asuntos Jurídicos del ex-Ministerio de Cultura y Comunicación y de Mariela Teruel, con un cargo jerárquico en la secretaría de Comunicación. Ambos subrayaron la importancia que tenía la inscripción en el Registro de Medios para ser contratista del Estado: “Global Means debía estar al menos preinscripta”. En ese tramo mencionó a Virginia Lisnofsky, otra de las testigos que estuvo a cargo del Registro desde su creación. “Ella se encargaba de dar el alta a los distintos medios, ello ocurría cuando los medios completaban el registro de preinscripción on line. Vamos a demostrar cómo esa regla era excepcionada, y que esas excepciones la hacían quienes habían dictado la regla”, en referencia a los responsables de los cargos ejecutivos.

En esta causa, Báez, Urribarri y Buffa están imputados por contratar espacios en medios a través de la empresa Global Means, que no figuraba en el Registros de Medios de la Provincia.

El Sueño entrerriano

En segundo turno expuso el fiscal Gonzalo Badano, a cargo de una parte del legajo denominado “Sueño entrerriano”. Su intervención giró en torno a las causas de la solicitada contra los fondos buitre en medios nacionales y de la difusión de cuatro spots publicitarios para la Cumbre del Mercosur en Paraná. En relación a la solicitada, que se difundió en 18 medios nacionales, observó que “se utilizaron fondos públicos para posicionar a Urribarri como precandidato a presidente de la Nación”.

De inmediato agregó: “Dos personas decidieron a quiénes iban a direccionar estas contrataciones. No le dieron intervención a los organismos de control, y la reserva preventiva del gasto se realizó después de haberse realizado la contratación”.

De acuerdo a la tesis acusatoria, Urribarri tenía conocimiento de la solicitada y estaba al tanto de la contratación. Para sustentar su alegato exhibió un video donde aparece el exgobernador durante el programa 6, 7, 8, que se transmitía por la TV Pública. “Allí Urribarri describe la solicitada y que está dirigida a los demás precandidatos, no se trataba de una publicación más, era una pieza fundamental de su campaña y tenía un alto valor”, valoró el funcionario.

Badano mientras alegaba se apoyaba en registros de capturas de pantalla donde se mostraba a Urribarri en portales digitales donde se presentaba como precandidato a Presidente en 2015. “Las negociaciones de estas contrataciones se hicieron en forma superpuesta, por fuera del Estado, contrataciones por sumas millonarias. Advertimos que se dijo que por parte de Fiscalía se criminalizaron las aspiraciones personales. Acá investigamos delitos, sabemos que se usaron fondos públicos para aspiraciones personales”, acusó el fiscal.

Sobre el monto dinerario que demandó la contratación de la solicitada, el fiscal Badano precisó: “En aquel entonces era un monto mayor a 4.308.500 de pesos que equivalían a más de 504.700 dólares. Resulta dificultoso conseguir esta suma por fuera del Estado, ya sea por dinero propio de Urribarri, Báez o algún particular, entonces echó mano del dinero público”, acusó.

Para completar su alegato, Badano analizó la causa de la contratación de cuatro spots publicitarios para difundir la Cumbre del Mercosur en Paraná. “Hubo una restringida publicidad de esta contratación, solamente se difundió en el Boletín Oficial y en El Diario de Paraná. Lo llamativo de la contratación es que la empresa que se presentó tenía domicilio en Buenos Aires, esto constituye un alerta de la comisión del delito. Debía permanecer lo más oculto posible porque se trataba de una suma millonaria”, advirtió el fiscal. Agregó que se comprobó “una negociación subterrránea” que se pudo plasmar por los contactos telefónicos de Urribarri y su entorno de funcionarios con el titular de Nelly Entertaiment, Jorge Corcho Rodríguez.