Durante varios años padeció maltrato psicológico, agresiones verbales, y hasta debió pedir licencia porque corría riesgo su embarazo. Pese a reclamar la intervención de las autoridades del organismo nunca tuvo una respuesta, y recién pudo contar su calvario en una conferencia de prensa convocada por el Departamento de Género de ATE.
La violencia laboral hacia la mujer sigue siendo una de las conductas menos denunciadas
En los últimos dos años se iniciaron 117 expedientes, que corresponden a 121 víctimas, según un informe estadístico de la Justicia provincial.
1 de julio 2018 · 12:45hs
Foto UNO / Juan Ignacio Pereira.
Foto UNO / Mateo Oviedo.
Foto UNO / Juan Ignacio Pereira.
El caso de Eliana Berón, la empleada del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) que denunció por violencia laboral al director obrero de la repartición, Gabriel Abelendo, pasó casi desapercibido para la opinión pública.
Abelendo, el mismo dirigente que viene sumando denuncias por su conducta violenta y de agresiones no solo a las mujeres, sino que también alcanza a los hombres, le inició a Berón una querella por injurias que se tramitó la semana anterior en los tribunales de Paraná.
La problemática que no es nueva excede el ámbito del sistema público, y también comprende a la actividad privada, pero atento a la gravedad de la situación todavía son pocas las denuncias que llegan al ámbito judicial. Entonces cabe realizar un abordaje del encuadre jurídico de esta figura, ya que según surgió del debate legislativo esta semana, se advierte un "vacío legal en cuanto al procedimiento a seguir cuando se producen casos de violencia de género en el trabajo, en el ámbito privado".
El testimonio pertenece al senador por Concordia, Ángel Giano, autor de un proyecto de ley que propone modificaciones al Código Procesal Laboral (ley 5.315), que se analizó en la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta.
"No es lo mismo un hecho de violencia de género en una empresa, donde uno tiene que recurrir a la sede laboral, que un caso de violencia de género –en su más amplio concepto– en un hospital, un ministerio o en una oficina del Estado", consignó el legislador oficialista en declaraciones a UNO.
Giano dijo, que cuando se debe actuar ante un hecho ocurrido en el Estado, se "podrá agotar la vía que no ameriten medidas urgentes. Si siguiendo la vía jerárquica cesa la violencia de género, se puede utilizar la vía administrativa en forma normal. Si no sucede y es parte de lo que queremos debatir, se deberá discutir qué medidas judiciales habrá que tomar".
Consideró que una de las soluciones es recurrir a la Sala Contencioso Administrativa, que entiende en primera instancia los casos contra el Estado y volvió a remarcar la falta de un corpus jurídico que atienda la demanda de un colectivo que sigue estando vulnerado.
"Si ocurre un hecho de violencia de género en el trabajo tenés que recurrir a una instancia civil y el juez civil no tiene competencia para resolver relaciones laborales, y el juez laboral no tiene competencia para resolver situaciones de violencia de género en el trabajo. Creemos que hay cubrir este vacío, por eso hemos trabajado en este proyecto para que sirva como disparador, y para después a escuchar a todos los que van a operar con la ley", detalló. Giano precisó que en agosto se convocará a actores de diferentes ámbitos para debatir la cuestión.
La ley nacional 26.845 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer, a la cual la provincia adhirió en 2012 con la promulgación de la ley 10058 define a la violencia laboral contra las mujeres como "aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo.
Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral".
Según datos consignados en un informe elaborado por el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia de Entre Ríos (Rejucav), a cargo de Yanina Izet, en el período comprendido entre enero de 2016 y junio de 2018 se registraron un total de 22.577 expedientes tramitados, donde 8.437 corresponden a violencia contra la mujer, y entre ellos 117 pertenecen a casos de violencia laboral, siendo una de las modalidades de violencia menos denunciada y de incipiente visibilización.
Un factor que es importante mencionar es que hasta la creación del Rejucav (septiembre de 2015), "no todos los juzgados laborales identificaban antecedentes de denuncias de violencia contra la mujer en dicho ámbito, detectándose muy pocos casos en el territorio provincial hasta marzo de 2016", se reconoció desde el organismo que depende del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ). Partiendo desde la base que en algunos expedientes se registra más de una víctima, el informe precisó que el número de mujeres víctimas de violencia en la modalidad laboral es de 121. En otro pasaje el trabajo de investigación pone el foco en el vínculo entre las víctimas y sus victimarios en expedientes de violencia contra la mujer en la modalidad laboral, "el que se registra con mayor frecuencia (21,09%) corresponde a los casos en los cuales quien denuncia se encuentra en una relación laboral de menor nivel jerárquico (27 casos) en relación a la persona denunciada; el mismo porcentaje (21,09%)se registra en los casos en la que la víctima se encuentra en una relación laboral de igual nivel jerárquico (27 casos), le sigue en orden de importancia la relación laboral de mayor nivel jerárquico (24 casos)". Un elemento que surge del relevamiento que permite hacer varias lecturas, es que en gran parte de las denuncias se da cuenta de la existencia de otro tipo de vínculo, familiar o amoroso, además de del tipo laboral, como por ejemplo el de la exunión convivencial, que se encuentra presente en 17 casos.
Una radiografía preocupante
De los registros provenientes de la Rejucav se desprende que en 89 casos "se cuenta con el dato de la edad de las mujeres que denuncian ser víctimas de violencia laboral, siendo la edad promedio de 38 años". Al trazar una radiografía del total de expedientes iniciados por casos de violencia laboral (117) contempladas por la ley 10.058, el tipo de violencia que se registra con mayor frecuencia es psicológica (115 casos), seguida de violencia física (21 casos), sexual (13 casos) y por último, la patrimonial/económica (10 casos).
El sondeo además revela de qué modo se encuentran formuladas las denuncias sobre el total de expedientes iniciados en los últimos dos años. En el 97,44% de los casos es la víctima de modo directo quien se presenta a iniciar el trámite en sede judicial. Por otro lado, se pudo constatar que el organismo de mayor recepción de denuncias es la policía (89 casos); en fiscalía (12 casos) y en juzgados (11 casos).
Mientras que en uno de los últimos puntos se precisó cuáles son los organismos judiciales que intervienen en este tipo de denuncias. El listado es encabezado por Juzgados de Familia (35 casos), Juzgado del Trabajo (32 casos), Juzgado de Familia y Penal de Niños, Niñas, y Adolescentes (26 casos) y Juzgado de Paz (13 casos).
"Hay miedo y desconfianza"
La dirigente Norma Alonso, miembro de la conducción de ATE Entre Ríos, acompañó desde el Departamento de Género del gremio el caso de la empleada del Iafas, Eliana Berón. Al ser consultada por la poca cantidad de denuncias que se inician en la Justicia provincial ante hechos de violencia laboral, la sindicalista dijo que esto responde a que "predomina el miedo y realmente la confianza de que la justicia pueda parar este tipo de violencia.
En el caso de Eliana, si bien ella formalmente no hizo la denuncia en la Justicia, sí lo hizo en los organismos específicos: en la Secretaría de la Mujer, en la Subsecretaría de Trabajo, estuvimos con la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta. Todos se comprometieron, inclusive sabemos que (Gustavo) Bordet la instruyó a la ministra para que se ocupara del caso y sin embargo no pasó nada. Tenemos que agachar la cabeza y seguir porque a partir del caso de Eliana nosotros tuvimos conocimiento de situaciones desgarradoras". Alonso dijo que las consecuencias de este drama repercutieron en el estado de salud de las mujeres: hubo algunas que tuvieron ACV, otras padecieron parálisis facial, entre otras situaciones de suma gravedad. "Hay una particularidad en el Iafas; el sueldo básico es el mismo de toda la administración pública provincial, pero que tiene adicionales por presentismo o por productividad que son muy abultados. Esto tiene un manejo muy arbitrario y todos sabemos que si hay un jefe que te quiere perseguir encuentra la manera de que ese tipo de beneficios no lo cobres. La Justicia en eso no puede intervenir y particularmente en el caso del Iafas queda plasmado en que Abelendo cree que el Iafas es propio: él tiene un prontuario, no tiene un currículum. Y ejerce el cargo de director obrero por la coacción que ejerció desde el gremio para que lo votaran. A Eliana le dijo 'vos me debés la vida'", advirtió.
La dirigente expresó que la denuncia pública de Berón excedió a su persona y estuvo más ligada a las reiteradas acciones de coacción y de violencia contra los empleados que estaban a su cargo. "Él se había agarrado con una chica muy joven, ya que quería trasladarla y sacarla del lugar donde estaba. Eliana estaba en un lugar vital porque manejaba el circuito cerrado de cámaras y Abelendo necesitaba manejar eso, colocar ahí a su gente. Necesitaba sacarla a Eliana, que se mostraba muy honesta e indoblegable, y poner a otra persona", aseveró la gremialista en diálogo con UNO.
En relación a otros hechos similares que se hayan conocido en la administración pública, Alonso sostuvo que hubo situaciones en el hospital materno infantil San Roque con el director anterior pero que se pudo subsanar por la vía administrativa. "Cuesta mucho indagar, profundizar y llevar adelante este tipo de cuestiones. Son cosas muy sutiles y donde está en juego el trabajo; es la comida del día y todos los trabajadores sabemos lo que se pone en riesgo cuando hacemos este tipo de cosas. Y en tiempos difíciles es más complicado todavía y ante personajes prepotentes es mucho más complicado. La situación más grave que encontramos ahora es en el Iafas y se da en toda la provincia", planteó.