Se conformó la Comisión Bicameral de Derechos Humanos

A solo siete meses de la finalización de la actual gestión de gobierno, las cámaras de Senadores y Diputados de Entre Ríos conformaron esta semana la Comisión Bicameral de Derechos Humanos, eligieron sus autoridades y definieron un cronograma de trabajo para la puesta en funcionamiento del Mecanismo local de Prevención de la Tortura.

El miércoles se reunió por primera vez la Comisión Bicameral de Derechos Humanos con la actual composición de la Legislatura. A partir de la propuesta del diputado Néstor Loggio, se decidió que la diputada Stefanía Cora y el senador Jorge Maradey sean quienes presidan el organismo parlamentario. La última vez que se había reunido la Bicameral había sido en julio de 2019, durante la anterior gestión.

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La diputada Stefanía Cora y la senadora Nancy Miranda.

Asimismo, en el encuentro los legisladores y legisladoras definieron convocar a las organizaciones sociales con personería jurídica que trabajan en la defensa de los derechos humanos para conformar el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, órgano contemplado por la la Ley 10.563 de Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, enmarcada en la Ley Nacional 26.827.

La Comisión resolvió su cronograma de trabajo, que comenzará con la publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria a las organizaciones sociales a la asamblea en la que se elegirán a los integrantes del Comité en representación de este sector.

De la reunión también participaron los diputados Uriel Brupbacher y Eduardo Solari, la senadora Nancy Miranda y el senador Amilcar Genre Bert, según informaron desde la Cámara baja.

Comité contra la Tortura

El 24 de marzo último, aniversario del golpe de Estado cívico militar de 1976, el gobernador Gustavo Bordet promulgó la Ley provincial N° 11.059 por la cual se modificó la 10.563, de creación del Comité contra la Tortura. Había sido un compromiso del mandatario con organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos, dado que la ley que por entonces se encontraba vigente nunca se había puesto en práctica por cuestiones presupuestarias.

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La nueva norma, consensuada con los organismos, establece que el Comité estará integrado por seis miembros, dos propuestos por las organizaciones de Derechos Humanos con personería jurídica vigente; tres legisladores a propuesta del Poder Legislativo –uno por la mayoría y otro por la primera minoría de la Cámara de Diputados y un senador– y uno por la Subsecretaría de DDHH del Poder Ejecutivo provincial.

En el caso de los legisladores y del representante del Ejecutivo, el desempeño será una carga pública honoraria. Los representantes de organizaciones de la sociedad civil, así como el secretario ejecutivo del Comité, serán remunerados conforme la jerarquía de una Dirección General tomando la base del escalafón del Poder Ejecutivo Provincial.

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