El operativo realizado la semana pasada por áreas del gobierno municipal de Paraná para expulsar de la Plaza 1° de Mayo a personas en situación de calle sigue teniendo repercusiones en la sociedad a partir de los planteos que vienen haciendo instituciones comprometidas con esta problemática.
Paraná: cuestionan al municipio por la expulsión de personas en situación de calle de las plazas
Foto UNO/Mateo Oviedo
En ese sentido se conoció que hubo una reunión entre los integrantes de la Red por los Derechos de las Personas en Situación de Calle. Se realizó en la sede de la Defensoría del Pueblo, y se analizó lo sucedido en el operativo de desalojo encarado por el municipio el jueves, mientras se espera una respuesta al pedido de audiencia, con carácter de urgencia, presentado el viernes al intendente Adán Bahl.
“Luego de los graves sucesos ocurridos en la noche del jueves, cuando personal de la Dirección municipal de Control Urbano, junto a efectivos policiales, expulsó del espacio público a unas 30 personas en situación de calle, la Red elevó al día siguiente una nota dirigida al intendente en la que solicitó una reunión, al tiempo que expresó “su honda preocupación y rechazo” por lo sucedido e instó a que cesen de inmediato ese tipo de acciones”, se informó oficialmente, en un documento público suscripto por las entidades participantes.
Precisamente, durante el encuentro, miembros de la Red analizaron con “profunda preocupación los alcances y consecuencias de las medidas aplicadas por el municipio”, así como también la vigencia hasta la actualidad de la prohibición de la permanencia de personas en situación de calle en plazas de la ciudad.
Creciente existencia
“En medio de ese panorama y de la creciente existencia de personas que permanecen en la calle y otras que si bien tienen un lugar para vivir recurren a los alimentos que se brindan en las recorridas nocturnas, se evaluaron posibles pasos a seguir”, planteó la Red, que además consideró como premisa “la vigencia –y la necesidad de su cumplimiento– de la Ley nacional N° 27.654 sobre situación de calle y familias sin techo, sancionada en diciembre de 2021, y de la Ordenanza municipal N° 8.932 de 2010, que crea el Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle en Paraná”.
La norma nacional da cuenta de que “las personas en situación de calle o en riesgo de situación de calle tienen derecho al acceso y uso de servicios públicos, de la infraestructura y de los espacios públicos sin discriminación por su condición de vulnerabilidad”.
Seguidamente, se ratificó la posición de la Red respecto de la necesidad de que se atienda la problemática de manera integral y con políticas de Estado, que se amplíen los dispositivos de contención y que además de alimento, se contemple la atención en materia de salud y acompañamiento psico-social, entre otros aspectos.
Por último, se remarcó la responsabilidad ineludible del Estado en la temática y en el resguardo de los derechos humanos de las personas.
Conformación
La Red está integrada desde 2019 por una veintena de instituciones y organizaciones de la ciudad, que vienen trabajando de manera permanente en la problemática.
En la reunión de ayer participaron representantes de Red Puentes, Suma de Voluntades, Grupo Un Cielo Nuevo de la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Facultad Teresa de Ávila de la Universidad Católica Argentina (UCA), Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, Cáritas Arquidiocesana Paraná, Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y Hogar de Cristo Paraná.
Desde la Defensoría del Pueblo de Paraná se acotó que por la institución, estuvieron las defensoras Marcia López y Cecilia Pautaso (adjunta), junto a la coordinadora del Centro de Mediación de la institución, Irina Chausovsky.