Ordenan el cese del desmonte en el departamento Villaguay

La jueza de Paz Nº 1 de Paraná, Virginia Giachello, ordenó el cese inmediato del desmonte en los lotes de propiedad de la empresa agropecuaria Selentein Argentina B-V, ubicados en los distritos Mojones Norte y Mojones Sur en el departamento de Villaguay.

La medida fue adoptada ayer por la magistrada al hacer lugar parcialmente a la acción de amparo ambiental promovida el 18 de marzo por la directora ejecutiva de la Fundación CAUCE, Valeria Enderle, contra el Gobierno provincial, la empresa Salentein Argentina B.V., SYS S.A. (representado por Cristian Sterz), El Choli (de Martín Bleginomini) y Jorge Rodríguez por desmontes ilegales en tres lotes ubicados en zonas categorizadas como I (rojo) y II (amarillo) en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), donde la tala está prohibida.

Asimismo, declaró responsables del daño ambiental a los representantes de la firma y exhortó al Estado provincial a que se arbitren los medios y canales conducentes a fin de dictar -prontamente- la resolución administrativa en el marco del expediente N° 3.010.683 iniciado en el mes de marzo del año 2024 conforme los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

Cese del desmonte

La magistrada ordenó el cese inmediato del desmonte en los predios identificados en los planos N° 37797, 37796 y 3278, de propiedad de Salentein Argentina B.V. (hasta noviembre de 2024) y de SYS S.A. (representado por Cristian Sterz), El Choli (de Martín Bleginomini) y Jorge Rodríguez, a partir de esa fecha, aunque comodatarios a partir de junio de ese año. Y los consideró responsables de daño ambiental.

Consideró el dictamen del Ministerio Público Fiscal, que entendió procedente la acción de amparo, reconociendo la necesidad de intervención judicial para frenar los daños al monte nativo. Se aplicó el principio preventivo, es decir, evitar mayores daños: ya se registraron unas 125 hectáreas desmontadas en forma ilegal.

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Pruebas técnicas

En su resolución, la jueza tuvo en cuenta las pruebas técnicas presentadas en el proceso. Por ejemplo, destacó las mediciones de un ingeniero agrimensor, que constató “abras” de entre 50 y 60 metros que los demandados indicaron como supuestos cortafuegos; y un informe técnico de UADER que confirmó que el desmonte comenzó en junio de 2024, cuando Salentein aún era titular dominial, aunque hubiera cedido el uso del predio por comodato.

La jueza exhortó al Estado Provincial a resolver, en un plazo de 60 días hábiles, el expediente administrativo iniciado por Cristian Sterz, Martín Bleginomini y Jorge Rodríguez (expte. N° 3.010.683), y a informar a la Justicia sobre los avances.

Desde Fundación CAUCE celebraron el fallo como "un paso firme hacia la aplicación efectiva de la Ley de Bosques (Ley 26.331), la Ley 10.284 del OTBN y de nuestra Constitución". "La sentencia, con fecha 29 de mayo, reconoce la gravedad del daño ambiental que implica el desmonte de áreas especialmente identificadas de monte a proteger como son las categorías I y II (roja y amarilla), la ilegalidad del accionar de empresas y particular que pretenden saltear las áreas del Estado que están para proteger y cuidar nuestros bienes naturales y la responsabilidad que al propio Estado en el objetivo de la preservación de nuestros ecosistemas", destacaron.