Nuevas empresas públicas fueron convertidas en Sociedades Anónimas

La Inspección General de Justicia (IGJ), que depende de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia, anotó a dos nuevas empresas públicas como Sociedades Anónimas (S.A.) como parte del proceso de privatización que promueve el Gobierno de Javier Milei. Así, suman cinco las firmas estatales que se convirtieron en SA.

El Ministerio explicó que esta decisión quiere ponerle fin al uso político de las empresas públicas, obligando a las nuevas sociedades a operar como las compañías privadas, rindiendo cuentas y presentando los balances correspondientes.

De empresas públicas a SA

Las empresas afectadas son Administración General de Puertos Sociedad del Estado que pasó a ser Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU); y la transformación de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado en Fabricaciones Militares Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).

Antes fueron convertidas Corporación Buenos Aires Sur, convertida en Corporación Buenos Aires Sur Sociedad Anónima Unipersonal (SAU); Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) convertida en Corporación Buenos Aires Sur Sociedad Anónima Unipersonal (SAU); y Télam, que fue disuelta y pasó a ser Agencia de Publicidad del Estado.

En el comunicado oficial, publicado sencillamente con el título de “Motosierra”, el Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona señaló que esta medida servirá para modernizar el Estado, en línea con la estrategia de bajar el gasto público y ordenar el aparato estatal.

Según afirmó el Inspector General de Justicia, Daniel Roque Vítolo, “estos procesos de transformación no sólo ponen orden en las finanzas públicas y producen un cambio disruptivo y sumamente positivo en las propias organizaciones, sino que además han contribuido a la regularización de una serie de aspectos contables, registrales y financieros, que generaron la puesta al día de la información patrimonial y jurídica de cada una de estas organizaciones, respecto de las cuales había una percepción por parte de la sociedad, de opacidad y falta de transparencia, atento al atraso en sus rendiciones de cuentas y de revelar su situación real”.

“Lo acontecido con estas sociedades y los trámites en marcha indican que lo que se decía que no era posible, ciertamente se hizo realidad, gracias a la decisión y compromiso de las actuales autoridades con el proyecto de cambio que lidera el Presidente Javier Milei”, concluyó.

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Más cambios

El 3 de abril el Ministerio de Justicia anunció el corte de fondos a organismos de Derechos Humanos. "Cortamos con una caja millonaria gestionada por 13 organismos de Derechos Humanos, que gastó más de $3.000 millones de pesos anuales de los contribuyentes, sin ser fiscalizados ni supervisados. Desde el Ministerio de Justicia decidimos iniciar una auditoría y suspender todos los pagos hasta que no haya una rendición transparente de cuentas", dijeron.

Los organismos de Derechos Humanos respondieron con una carta donde expresaron su punto de vista sobre la medida: "Ante la información difundida por el ministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona acerca del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), desde el Directorio de Organismos de Derechos Humanos nos vemos en la necesidad de aclarar que la administración de los fondos del Ente Público tripartito en todas sus actuaciones cuenta con las firmas de las tres partes integrantes, que incluyen a la de Ciudad de Buenos Aires y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños”.

Y luego explicaron: “Además, señalamos que los fondos suspendidos momentáneamente por decisión del Ministerio de Justicia de la Nación corresponden casi en su totalidad a los salarios de los 176 trabajadores y trabajadoras, a través de quienes se sostienen a diario las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”. El texto cierra con una frase contundente: “Esperamos que la situación presupuestaria pueda normalizarse rápidamente para garantizar los sueldos del personal”.