Causa "Melli"
Miércoles 26 de Septiembre de 2018

La querella pidió 15 años de prisión y la Fiscalía 12 y 9 para los médicos del IPP

Comenzaron este miércoles los alegatos de la causa ventila los delitos de sustracción, retención y ocultamiento y supresión de estado civil de dos menores durante la última dictadura cívico militar. Consideraron probada la coordinación entre el IPP y el Hospital Militar.

El fiscal José Ignacio Candioti pidió 12 años de prisión para el médico Miguel Torrealday y nueve para sus colegas Jorge Rossi y David Vainstub, titulares del Instituto Privado de Pediatría (IPP), en su alegato de la Causa Melli por delitos ocurridos durante la última dictadura cívico militar. Por su parte la querella solicitó la pena de 15 años de cárcel para todos los imputados por entender que son autores de haber separados de la esfera de sus padres a los mellizos Valenzuela Negro y haber sustituido sus identidades.


Como se sabe, en este proceso se juzga a los socios del IPP por haber recibido a los hijos de los detenidos desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, derivados horas después de nacer desde el Hospital Militar de Paraná; por haberlos internado, atendido y luego entregado a personas desconocidas. Todo esto ocurrió en marzo de 1978. La beba mujer restituyó su identidad 30 años después, mientras que el varón todavía no fue localizado, motivo por el cual este miércoles las partes acusadoras dejaron en claro que se trata de un crimen de carácter permanente.


El fiscal consideró a Torrealday partícipe necesario del delito de sustracción, retención y ocultamiento y supresión de estado civil de dos menores, por Sabrina Gullino Valenzuela Negro y su hermano desaparecido. Acusó a Vainstub y Rossi como partícipes secundarios de los mismos delitos, considerados de lesa humanidad. También pidió la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y el pago de las costas del juicio para los tres imputados.


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El titular de la acción pública aseguró que se coordinó el traslado de los mellizos directamente entre el Hospital Militar y el IPP. Puntualmente dijo que fue entre Marcelo Beret, director del nosocomio castrense, y Juan Antonio Zaccaría, jefe de Terapia Intensiva, con los médicos de la clínica privada.


A lo largo de su alegato puntualizó que el ingreso de los niños al Instituto fue irregular. También lo fue la permanencia como NN y separados de sus familiares. Del mismo modo, hubo un egreso clandestino, entregándolos a personas extrañas a la familia.


El testimonio de una enfermera del Hospital Militar que declaró que un médico del Instituto fue a buscar a los mellizos fue clave para fundamentar la coordinación entre ambas instituciones de salud.


Para Candioti los acusados tuvieron accionar doloso. "Prestaron colaboración con los delitos con total conocimiento e intención. No hubo negligencia ni accionar culposo", sostuvo. De la misma manera afirmó que "no hicieron nada para dar con los familiares; ninguna presentación a las autoridades correspondientes como un juez de menores o Consejo del Menor".


Respecto del conocimiento que tenían de la situación, recordó la entrevista que mantuvo Sabrina con los cuatro socios en 2013, cuando Torrealday hizo comentarios que evidenciaban el conocimiento que tenía de la situación. Por ejemplo le dijo: "Esa es la cunita donde vos estuviste", o "tu hermanito entró descomplejizado" o "vinieron, pagaron y se los llevaron".


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Al fundamentar el pedido de las penas, dijo que no encontró atenuantes, que actuaron sobre "víctimas indefensas", que el aporte a los hechos fue durante un tiempo prolongado, 23 días en el caso de la niña y 17 días el niño, entre otros argumentos. "Tenían un deber de cuidado y generaron tanto daño. Generaron un dolor constante. Solo pedimos justicia", remarcó.


El pedido de pena mayor fue para Torrealday porque los testigos lo señalan como quien tomaba las decisiones: era "una especie de gerente" y su aporte a la comisión de los delitos fue "más intenso", según el entender del fiscal.


Candioti también se refirió a los seis días de diferencia que hay entre el ingreso de Sabrina y el de su hermano en el IPP, según el libro de producción del Instituto. "El médico del IPP que fue a buscar a los mellizos al Hospital Militar sabe dónde fue el varón esos seis días", dijo.


Por otra parte pidió que los testimonios de Sabrina y la ex enfermera del IPP Stella Maris Cuatrín, brindados en el marco del careo entre ambas, sean remitidos a la causa que se encuentra en instrucción para investigar el paradero del mellizo, a fin de que se avance sobre la posibilidad de que quien hoy es un hombre de 40 años se encuentre viviendo en Córdoba, lo cual fue manifestado por Cuatrín.


"No obraron bajo coacción ni obediencia debida. Ellos eligieron violar la norma libremente. Podrían haber adecuado su conducta a la ley y no lo hicieron", concluyó.


"Es hora de que rompan el silencio"


El abogado Marcelo Boeykens fue el encargado de formular el pedido de pena por las querellas. Fue de 15 años de prisión para los tres imputados, considerándolos a todos como coautores y con el mismo grado de responsabilidad. Se trata del máximo de años que es posible solicitar por estos crímenes.


Santiago Bereciartúa, representante de Abuelas de Plaza de Mayo, explicó doctrinariamente por qué deben ser considerados coautores y además precisó que los delitos deben enmarcarse en el genocidio que tuvo lugar en el país.


Boeykens, al iniciar el alegato, repasó las distintas líneas de investigación que se siguieron y se descartaron en los últimos años, con resultado negativo de las pruebas de ADN. Precisó que hay 142 legajos en el área de identidad del Registro Único de la Verdad y la agrupación HIJOS, confeccionados a partir de denuncias y presentaciones espontáneas, que no han permitido encontrar al hijo de Raquel y Tulio. "Es hora de que los imputados nos digan a quién le entregaron el Melli. Cada vez que llega el resultado negativo, el Melli vuelve a desaparecer. Es hora de que rompan el silencio. La hora es ahora, antes de la sentencia", sostuvo.


La abogada Irene Esquivel hizo una pormenorizada enumeración de las distintas leyes de protección de la niñez vigentes al momento de los hechos, que los imputados incumplieron, tanto en el orden nacional como provincial. Aseguró que existían una serie de instituciones a los que los médicos debían recurrir y no lo hicieron.


Sofía Uranga, por su parte, se refirió a las pruebas que existen en el juicio, que demuestran cómo ocurrieron los hechos y que acreditan la responsabilidad de los imputados. Aseveró que el traslado "estuvo a cargo del IPP", bajo responsabilidad de sus titulares y con utilización de sus recursos. "Está claro que conocían de dónde provenían esos bebés y mantuvieron el ocultamiento", señaló la representante de HIJOS, y sostuvo que había "coordinación y confianza entre los médicos del IPP y las fuerzas armadas", por lo que habló de una sustracción de carácter "cívico militar".


Tanto Uranga como su colega Lucía Tejera dedicaron parte de su alegato a contradecir el argumento defensivo del "sistema abierto" del Instituto. Ante esto repasaron los testimonios que dan cuenta de que los pacientes estaban al cuidado de los médicos, bajo su responsabilidad durante un tiempo prolongado. "Tenían el total dominio y señoría sobre los mellizos y garantizaron la clandestinidad", dijo Uranga. "No se pudo probar que hubiera otros médicos de guardia además de los cuatro socios en marzo de 1978", afirmó Tejera.


Luego de las querellas realizaba su alegato el defensor de David Vainstub, el abogado Miguel Cullen.


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