La realidad del sistema previsional en Entre Ríos enfrenta una verdadera encrucijada por una serie de variables que amenazan la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Dentro de ese esquema subyacen aspectos que contribuyen a aumentar el déficit del organismo, tales como el incremento de la tasa de jubilados que se incorporan al sistema y el mayor caudal de fondos destinados para pagar haberes. “Según la actual proyección, vamos a cerrar el 2023 con un déficit anual de 118.000 millones de pesos. Convengamos que son años donde la inflación desfigura los números, debemos reconocer que pagamos sueldos interesantes y que la inflación no ha mellado en los sueldos de los jubilados provinciales”, graficó a UNO el presidente del organismo, Edgardo Scarione. En una entrevista a agenda abierta el funcionario se refirió al funcionamiento de la repartición y los desafíos para lograr un sistema equilibrado.
La Caja de Jubilaciones proyecta un déficit de 118.000 millones de pesos
—¿Cuál es la situación actual de la Caja en términos económicos y financieros?
—La Caja de Jubilaciones es un tema preocupante; más que preocupar nos debemos ocupar. En las reuniones, que no solo tengo con la gente que trabaja conmigo –porque somos 170 empleados activos–, sino con los funcionarios que vienen, sea intendentes, funcionarios de gobierno o legisladores, entiendo que es un tema del que nos debemos ocupar. La nómina salarial de agosto ascendió a 24.000 millones de pesos y es una cifra muy importante; en ese universo se deben contar a 60.000 jubilados y 120.000 activos, con un promedio de haberes jubilatorios muy cercanos a los 295.000 pesos. Pero tenemos una extensión de salarios que van desde los 100.000 pesos a los 3.000.000 de pesos, es decir una brecha muy importante. Nosotros liquidamos de acuerdo a la Ley Nº 8.732, que habla del 82% móvil, y en casos excepcionales el 85% cuando el empleado aportó 40 años de servicio: se paga el promedio de los 10 últimos años de aportes. Es una de las cosas que siempre está en el tapete, por qué hay gente que cobra tanto y hay gente que cobra menos, aunque nosotros tenemos que aplicar la ley. Hay gente que nos dice ‘¿por qué no le recortan?’ No podemos hacerlo graciosamente, porque quedaríamos bien ante determinado sector de la comunidad y al otro día nos meten 50 amparos. ¿Quién se hace responsable de eso? Es un tema que hay que analizarlo profundamente y no empezar a plantear, si extendemos la edad o el porcentaje. Se necesita analizar desde el primero hasta el último artículo de la ley, es una norma que tiene 70 años y que se hizo una pequeña reforma en 1994. Sirvió para un par de años pero las expectativas de vida han cambiado, hoy las personas viven mucho más y nos hemos quedado con edades que no sé si están acordes. Y no digo que hay que extender o no la edad, pero sí hay que analizarla. Hay que pensar en lo siguiente: 4,7 de cada 10 pesos, o el 0,48 de cada peso es déficit y lo pone la Provincia. Y cuando digo que lo pone la Provincia, digo que lo pone el quiosquero de la esquina y el quiosquero de la esquina cuando se jubile, si es autónomo paga 17.500 pesos por mes y va a cobrar 85.000 de jubilación.
—Ha planteado usted en varias entrevistas la necesidad de modificar el Régimen General de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, ¿es posible avanzar en ese sentido?
—Sí. Nada debe salir por fórceps, esto debe ser consensuado entre todos los sectores. Algunos dicen que es utópico y creo que no, porque se trata de una cuestión de supervivencia también. El gobernador lo ha dicho millones de veces, que el 82% móvil es inamovible, peleamos por eso y queremos que siga, pero también hay que hacer algo sustentable.
—¿Hay jubilaciones que son muy altas?
—Si, son cifras altas, pero que están de acuerdo a la ley. Para la economía de la provincia la ley está bien y la provincia lo puede soportar. Tenemos la obligación, los legisladores, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la sociedad entera a través de sus organismos de hacer un análisis. Algunos te dicen ‘solo interesa a los empleados públicos’, pero me que interesa a un poco más que al sector público, porque tener 0,47 de déficit de cada peso que pone la Provincia le interesa también al quiosquero de la esquina, porque él también está poniendo para eso. El comercio en sí está esperando que cobremos los empleados públicos, y en los pueblos chicos es más que acá, cuando cobramos los empleados públicos hay una mayor dinámica económica.
—¿Cuáles fueron las reformas que impulsó desde que asumió en 2020?
—Nos reunimos con los trabajadores por una serie de medidas que tomamos de orden interno, que para nosotros son muy importantes. Recibí el halago y también las críticas, porque desde el ‘93 nadie había hecho algo por sostener y defender el sistema previsional: escucho a algunos exfuncionarios hablando o dando soluciones que realmente se han quedado en el tiempo y no son plausibles. Cuando estuvieron en el gobierno no hicieron lo que dicen ahora y es muy difícil creerles. Mediante tres resoluciones que estudiamos durante ocho meses, la Gobernación y Fiscalía, que luego se ejecutaron entre el 2020 y 2021, los empleados al siguiente día que asumí, me pidieron evitar el famoso 3x1 en las jubilaciones especiales, con lo cual evitamos que determinados sectores en vez de jubilarse a los 52 años lo hagan a los 50, o que en vez de hacerlo a los 45 lo hagan a los 44. En 1994 habían modificado por resolución lo que decía la ley. Lo sacamos y nunca hemos tenido un fallo en contra. Otra decisión fue que se jubilaran a los que cumplen con las condiciones y los requisitos para hacerlo en la provincia. Antes trabajabas 35 años en la Nación, pero tenías 15 años y un día en la Provincia, entonces te jubilabas por la Provincia: lo modificamos. Hay que tener 30 años de servicio, junto a los 57 años o 62 años de edad. Había una interpretación de un fallo determinado, entonces con 15 años y un día de aportes te podías jubilar. Era el hecho de defender el sistema previsional y de aplicar justicia. Y el tercer caso fue el incremento en pasividad; algunos profesionales seguían dando clases y después venían acá y les incrementábamos los haberes, lo cual tampoco era congruente. Eso también lo cortamos. Tuvimos el apoyo del gobernador.
—¿Cuál es el déficit actual de la Caja?
—Según la actual proyección, vamos a cerrar el 2023 con un déficit anual de 118.000 millones de pesos. Convengamos que son años donde la inflación desfigura los números y debemos reconocer que pagamos sueldos interesantes y que la inflación no ha mellado en los sueldos de los jubilados provinciales. Desde el momento en que el gobierno da aumentos mayores a la inflación, nosotros recogemos ese aumento y lo aplicamos inmediatamente en nuestros jubilados.
Más y menos
—¿Cuál es la jubilación más alta que se paga?
—Es la que se cobra en la Justicia, de un vocal que se jubila en el Superior Tribunal de Justicia y supera los 3.000.000 de pesos. Siempre se cuestiona, y el criterio para pagarlo es el 82% móvil, calculando el promedio de sus últimos 10 años de aportes. Acá no se le regala nada a nadie. Hay jueces o empleados que han entrado a trabajar a los 18 años y a los 60 años tienen 40 de antigüedad. Por ejemplo, (Bernardo) Salduna era un caso muy especial porque él tenía una jubilación nacional, a la que renuncia y se queda solamente con el beneficio provincial. Él cumplió con los requisitos porque tenía más de 20 años de aportes en la provincia y más de 68 años de edad.
—Es habitual que se asegure que se pagan jubilaciones o pensiones de privilegio. ¿Qué tiene para decir al respecto?
—Tampoco hay pensiones de privilegio, eso siempre lo dejo en claro. Tenemos una ley que establece que se deben cumplir tantos años de antigüedad, de servicio y de edad. No hay jubilaciones de privilegio, la ley no lo permite. Además tenemos pensiones sin aportes a los Héroes de Malvinas, que creo corresponde. También a gobernadores y vicegobernadores, pero es un padrón de 10 personas.
Posible reforma de la Ley
—¿Uno de los ejes centrales para debatir sería el de la edad para jubilarse?
—Para mí es un tema más, porque no hay que pararse en un solo ítem y te lo digo como empleado de la Caja y de lo que recojo entre los 170 empleados de la institución. Si reformamos solamente un ítem en cuatro años estamos peor, porque vamos a solucionar un problema durante algunos años. Es muy personal y no sé las autoridades que vengan, por ejemplo los legisladores que vengan, pero creo que habría que revisar del porcentaje, el control de aportes, la forma de liquidar haberes, el mecanismo para dar aumentos a los activos, la edad, menos el 82% móvil. Pero todo lo demás tiene que estar en la agenda y aggiornarlo a una idea y a un mundo nuevo, porque la expectativa de vida ha crecido en gran forma y las personas por la madurez de su edad también necesitan seguir trabajando. El crecimiento vegetativo es de un 3%.
—Teniendo en cuenta que se acerca el final de la actual gestión de gobierno, ¿los candidatos a gobernador le han solicitado un encuentro para abordar la situación de la Caja?
—El contador Adán Bahl envió hace cuatro meses a dos personas para tener un paneo integral de la Caja. Estuvieron una mañana, dos personas, e hicieron todas las preguntas que se les ocurrieron respecto del sistema previsional. Se las contestamos. Después algún legislador nos consulta y debo reconocer que los intendentes siempre están muy preocupados porque hay muchos municipios que aportan al sistema previsional, diría la gran mayoría. Incluso aquellos municipios que no aportan a la Caja también han venido a charlar, para conocer el funcionamiento y de la actualidad de los números.
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Reclamos judiciales
—¿Afrontan muchas demandas judiciales?
—Tenemos recursos de queja, pero hemos disminuido notablemente. Cuando me tocó asumir las jubilaciones demoraban más de un año en salir, eran muy pocas las que salían con menos y ahora se gestionan en condiciones normales entre cuatro y cinco meses. Muchas de los pedidos para jubilarse llegan sin los requisitos. En todo este tiempo hemos incorporado el sistema de digitalización que ha sido un gran adelanto.
La Caja previsional en números
La Caja de Jubilaciones funciona bajo un sistema de reparto, es decir que los fondos corrientes para el pago de los haberes jubilatorios se financian con los aportes corrientes de los trabajadores activos. En la actualidad el sistema cuenta con un total de 61.956 jubilados, de los cuales 40.736 son mujeres y 21.220 son varones.
Según datos proporcionados por el área de Informes Estadísticos, el haber promedio ronda los 295.656,01. De acuerdo al relevamiento de junio de este año, donde se clasifica a los beneficiarios según el escalafón, los docentes jubilados representan a un universo importante. Son 23.218 y cobran un haber promedio de 296.000 pesos, seguidos por la administración central con 12.129 y un haber promedio de 274.000 pesos y en tercer lugar los municipales con 7.531 y un salario promedio de 165.000 pesos.
Como se mencionó en el artículo, los sueldos del Poder Judicial son los más significativos, siendo 1.416 pasivos que cobran salarios que en promedio rondan los 984.338 pesos. Mientras que los agentes activos que aportan al sistema jubilatorio son 120.000.