Entre Ríos amplió esta semana su demanda contra el Estado Nacional por casi 1.000 millones de dólares. Los reclamos incluyen una deuda previsional con Anses y el incumplimiento del pacto por excedentes de Salto Grande. El caso ya está en la Corte Suprema y suma tensión al vínculo fiscal con Nación. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, habló con La Mañana de la Radio (88.7 La Red Paraná) y explicó los alcances de las dos demandas de la provincia contra Nación por una suma que no registra precedentes en la historia entrerriana. "Podríamos desendeudar a la provincia", aseguró el fiscal graficando la magnitud de la deuda reclamada. Hipotéticamente hablando, este cobro retroactivo equivaldría al pago de toda la masa salarial de los empleados estatales por un año.
Julio Rodríguez Signes acerca de la deuda de Nación: "Podríamos desendeudar a la provincia"
Entre Ríos amplió demanda contra el Estado Nacional por casi U$S 1.000 millones. El reclamo incluye deuda previsional y excedentes de Salto Grande.
Foto UNO/Aldana Martínez
Concretamente, el fiscal de Estado explicó que se iniciaron dos demandas clave contra el Estado Nacional. Una apunta a fondos previsionales no transferidos y otra al reparto de excedentes de Salto Grande.
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La provincia ha judicializado dos temas
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Distribución de excedentes de Salto Grande
El segundo litigio se refiere al incumplimiento del acuerdo de 1998 sobre la distribución de excedentes de la represa hidroeléctrica. Según Signes, desde 2013 la Nación desnaturalizó la forma de cálculo y distribución de esos fondos. “Este también es un reclamo histórico. La provincia tuvo que judicializarlo en 2023 ante la falta de respuesta efectiva”.
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Fondos previsionales adeudados por Anses
Signes explicó que el Estado Nacional viene incumpliendo el Pacto Fiscal de 2017, que establece el financiamiento parcial del déficit del sistema jubilatorio entrerriano. “Hoy el reclamo supera los 230 mil millones de pesos. Es una cifra mayor a toda la masa salarial de la provincia”, señaló el fiscal.
El fiscal remarcó que se trata de conflictos jurídicos serios. “Esto no es dinero retenido que la Nación reconoce y no transfiere. Son derechos que estamos reclamando y que la otra parte niega. Por eso estamos en la Corte”, puntualizó.
Además, reveló que el gobernador Rogelio Frigerio solicitó avanzar con audiencias de conciliación ante el máximo tribunal, con el objetivo de acortar tiempos y abrir una vía de diálogo institucional.
“El retroactivo de la demanda de Salto Grande representa el total de la deuda de la Provincia, si a eso le sumamos la deuda de Anses, estamos entre 25 y 30% de la provincia. Si lo tomamos desde el punto de vista de la masa salarial, que representa 150 mil millones de pesos por mes a pagar estamos hablando de casi un año de pago de la masa salarial. Entre Ríos siempre corrió detrás del cronograma de pago, que por casi un año se esté delante, sin dudas sería otra provincia”, indicó el entrevistado.
Aunque las demandas ya fueron presentadas, el proceso recién comienza: la Nación deberá responder, se abrirá una etapa probatoria y luego la Corte deberá fallar. Signes destacó que la Corte tiene una trayectoria favorable al federalismo fiscal, por lo que confía en una resolución justa.
No obstante, admitió que incluso si Entre Ríos gana, la ejecución del fallo no es automática: “En otros casos se acordó el pago con bonos de deuda que las provincias luego comercializaron. No es que uno va al Banco Central a embargarle las cuentas al Estado Nacional”.
OSER es “continuidad jurídica” del ex Iosper
Obra Social de Entre Ríos (OSER) es "continuadora jurídica" de ex Iosper (Instituto de Obra Social de Entre Ríos) afirmó en otro orden Julio Rodríguez Signes y la diferenció de liquidaciones históricas como Banco Entre Ríos, el frigorífico de Santa Elena y la Línea Aérea de Entre Ríos (LAER).
Vale destacar que el gobernador Frigerio encabezó el martes un encuentro con autoridades y trabajadores de la recientemente creada Obra Social de Entre Ríos (OSER), para dar inicio formal a una nueva etapa en la gestión del sistema de cobertura de salud para los trabajadores del Estado provincial. "Arrancamos una nueva etapa en la gestión de la obra social provincial con más transparencia, eficiencia y eficacia para garantizar mejores prestaciones a más de 300.000 afiliados", afirmó el mandatario al recorrer las instalaciones del organismo.
Confirmó que la Oser estará dirigida por Mariano Gallegos y Ricardo García, quienes hasta el momento se desempeñaban como interventor y sub interventor del ex Iosper .
Rodríguez Signes explicó que el concepto de "continuadora" es clave para entender el estatus de OSER. “A diferencia de situaciones pasadas donde entidades provinciales como el Banco de Entre Ríos, LAER o el frigorífico Santa Elena fueron liquidadas para luego crear nuevas empresas, con OSER se establece una continuidad legal directa con Iosper. "Lo único que cambia es que la denominación y cambian algunas cuestiones referidas a la conformación del director", explicó el fiscal de Estado.
En cuanto a la conformación del directorio, la nueva ley retrotrae a un esquema mixto similar al existente antes de 2004. Anteriormente el directorio era designado por el gobernador. Con la modificación de la ley en 2004, la conducción pasó a estar a cargo de los gremios de la administración.
Ahora, el gobernador es quien designa al directorio, pero se incluyen dos representantes, uno por el escalafón docente y otro por el de la administración central, conformando un modelo mixto.
Otras novedades importantes en la estructura de la obra social incluyen la creación de una sindicatura dentro de OSER, algo que no existía previamente (solo había una comisión fiscalizadora en otra ley). Además, se integró en la ley de la obra social un tope para los gastos operativos, que no pueden superar el 10%, un límite que antes estaba en una ley posterior.
Lo fundamental para los afiliados y los prestadores, según Rodríguez Signes, es que OSER garantiza: “La continuidad de todas las relaciones y convenios prestacionales. Los convenios con entidades como el Colegio de Farmacéuticos, los acuerdos con anestesistas y otros profesionales, continúan vigentes sin necesidad de revalidación, ya que la propia ley establece la continuidad. OSER sigue siendo un ente autárquico, lo que significa que cuenta con sus propios recursos. Estos recursos provienen fundamentalmente de los aportes y contribuciones, cuyas tasas serán fijadas por decreto del Poder Ejecutivo y se espera que sean las mismas que regían anteriormente”.