La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Entre Ríos activó el proceso contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, acusada de mal desempeño en sus funciones. El jueves, el cuerpo legislativo avanzó con un paquete de medidas probatorias y resolvió correr traslado a la magistrada para que realice su descargo en un plazo de cinco días. Medina podrá comparecer personalmente o mediante apoderado —su defensa está a cargo del abogado Ladislao Uzín Olleros— y fue citada a una audiencia para el lunes 22 de diciembre a las 17 en el recinto de Diputados.
Juicio político a Susana Medina: ONG defiende su presentación y niega motivaciones políticas
Con críticas a la jueza Susana Medina, María Fabiana Cian, de la ONG Entre Ríos Sin Corrupción, dijo que el juicio político no tiene motivaciones políticas.
15 de diciembre 2025 · 10:57hs
La jueza del STJ Susana Medina enfrenta dos pedidos de juicio político.
El proceso se inició tras la unificación de dos denuncias: una presentada por el docente jubilado Eugenio Jacquemain y otra por la ONG Entre Ríos sin Corrupción, encabezada por María Fabiana Cian junto a María Valeria Harari. Ambas invocan la causal constitucional de mal desempeño y toman como base investigaciones periodísticas de la revista Análisis que dieron cuenta de presuntas irregularidades en la actuación de la vocal. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento actuará como Comisión Investigadora y dispuso que las pruebas sean producidas en plazos perentorios.
En diálogo con La Mañana de La Red (88.7), Cian explicó los fundamentos de la nueva presentación impulsada por la ONG. “Nosotros adjuntamos más razones para hacer la denuncia. Creemos que un juez y más del Superior Tribunal de Entre Ríos tiene que ser realmente una persona proba, que cumpla todas sus funciones”, afirmó. Y aclaró el alcance de la iniciativa: “Esto no tiene ninguna cuestión de animosidad, sino que queremos respuestas del Poder Judicial para llevar paz, tranquilidad y justicia a la ciudadanía. Esta presentación no persigue ninguna intencionalidad política”.
La referente de Entre Ríos sin Corrupción remarcó que el objetivo es obtener explicaciones institucionales, en línea con otros pedidos de información realizados a los demás poderes del Estado. “Solamente queremos sus respuestas, así como hicimos la otra vez con el Poder Ejecutivo y el Legislativo… En este caso, esto le toca al Poder Judicial porque vimos muchas irregularidades y por eso nos pusimos a trabajar para poder presentarlo”, sostuvo. Y anticipó el rumbo del trámite parlamentario: “Se va a abrir el juicio político, la Cámara de Diputados lo va a hacer. Nosotros presentamos un montón de pruebas y seguramente se van a solicitar más pruebas… creemos que el camino está logrado”.
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Consultada por uno de los ejes más sensibles de la denuncia, Cian se refirió a la cantidad de licencias tomadas por la jueza Medina y a la demora en la resolución de causas. “En cuanto a días de licencia son alrededor de 600 días. No hay derecho para que alguien pueda tener tantas licencias teniendo la responsabilidad de impartir justicia y además en una sala laboral donde se requieren tantas respuestas y lo más inmediata posible”, subrayó, en referencia a las estadísticas de mora en la Sala Laboral que integra la magistrada.
La presentación también incluye cuestionamientos vinculados al funcionamiento institucional del STJ. “Hay otras razones en la presentación de juicio político. Otra es la supuesta alteración del orden de designaciones de los vocales subrogantes durante su presidencia”, explicó Cian, al relatar una experiencia judicial de la ONG. “La ciudadanía tiene que tener la tranquilidad de que siempre la justicia es imparcial”, enfatizó.
Otro de los puntos señalados es el presunto vínculo entre Medina y aportes privados mientras presidía una organización civil. “El otro punto que pusimos es la presunta aceptación de contribuciones de un contratista litigante judicial como el Banco Entre Ríos a la ONG que ella presidía… Es juez del Superior Tribunal y que esté en la presidencia de la ONG no puede mezclar las actividades y no puede recibir contribuciones de contratistas y litigantes judiciales”, sostuvo.
El perfil de la ONG "Entre Ríos sin corrupción"
Finalmente, Cian describió el perfil y la motivación de Entre Ríos sin Corrupción. “Está conformada por personas comunes, por personas que tienen como objetivo una mejor provincia”, dijo. Y concluyó: “Bregamos para que las cosas se hagan bien y que sean justas. Tener un Estado transparente, que imparta justicia y que el dinero que se recauda sea gastado de acuerdo a lo que corresponde y para el bien de la ciudadanía”. En ese marco, recordó que la ONG se conformó en 2022, tras la destitución de la exprocuradora adjunta Cecilia Goyeneche, un episodio que —según afirmó— marcó su compromiso con el control ciudadano de los poderes del Estado.
Medidas probatorias
El jueves 11, la Cámara de Diputados avanzó en el proceso contra Medina con la aprobación de un amplio paquete de medidas probatorias que abarcan el período 2016–2025. La investigación pone el foco en el desempeño jurisdiccional de la magistrada, para lo cual se solicitó al Poder Judicial un informe detallado de las estadísticas de la Sala 3 del Fuero Laboral desde 2019, con especial énfasis en la actuación personal de Medina: fechas de inicio de causas, sentencias dictadas y desagregación de votos, identificando a cada vocal interviniente.
Otro eje central es el control de ausencias, licencias y gastos asociados. Se requirió a distintas áreas del Superior Tribunal de Justicia información completa sobre todas las licencias solicitadas por la jueza desde diciembre de 2016, sus fundamentos, viajes fuera de la provincia o al exterior, uso de viáticos y acuerdos que las autorizaron. A su vez, la Contaduría y la Tesorería deberán detallar los gastos generados por viáticos, alojamiento, movilidad, combustible, peajes y otros conceptos, tanto de la magistrada como de sus choferes, discriminando montos nacionales y extranjeros.
La comisión también puso bajo análisis el uso de vehículos oficiales y los desplazamientos de la jueza. Se pidió un registro exhaustivo de los autos asignados, hojas de ruta, órdenes de comisión, nóminas de choferes y horarios de trabajo fuera de la jurisdicción. Además, se libró oficio a Migraciones para conocer todas las salidas del país de Medina en los últimos nueve años. Finalmente, se incorporó un capítulo específico sobre su vínculo con la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, solicitando información sobre sponsors y donaciones recibidas en 2023 y 2024 —en particular de entidades vinculadas al Banco de Entre Ríos— y sobre la participación de la magistrada en eventos, incluyendo si percibió pagos o reintegros por representación o gastos.