Los gremios de trabajadores judiciales de Entre Ríos acordaron con el gobierno de Gustavo Bordet, luego de intensas negociaciones con la cúpula del Poder Judicial de la provincia, un aumento salarial de 24% en tres cuotas de 8%, lo que desactivó el paro del sector en todos los tribunales entrerrianos con movilización a Paraná que estaba previsto para este jueves.
Judiciales consiguieron aumento salarial
Anunció el acuerdo la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) seccional Entre Ríos, referenciado en el país con Julio Piumato, quien bajó hace poco a la provincia para reunirse con el Superior Tribunal de Justicia y avanzar en una solución al conflicto, que se remonta a más de un año.
La UEJN informó un acuerdo de aumento salarial de 8% en octubre, 8% en noviembre y 8% en diciembre, lo que se incorporará al salario desde el último mes del año como "Enganche", el mecanismo de actualización salarial del que gozan los trabajadores del Poder Judicial en la provincia y que ata sus aumentos a los que dispone la Corte Suprema de Justicia para los judiciales nacionales.
También la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER) había anunciado el levantamiento de la medida de fuerza convocada para este jueves, al conocerse el llamamiento del gobierno provincial a negociar la recomposición lograda este martes por la tarde en un encuentro en la Casa Gris de la capital provincial.
La "Ley de Enganche" que ata porcentualmente los sueldos de trabajadores judiciales entrerrianos a los de la Justicia Federal había quedado anulada cuando el gobierno de Gustavo Bordet sancionó la Ley de Emergencia provincial en el marco de los apuros económicos y financieros por la pandemia del coronavirus.
Desde entonces, los judiciales se igualaron al resto de los trabajadores de la administración pública provincial y sus recomposiciones salariales se resolvían en las paritarias al igual que docentes y estatales, por ejemplo.
Los gremios tribunalicios reclamaban hace más de un año que la Emergencia por el Covid ya había terminado y "merecían" el regreso al enganche con sus colegas nacionales de la Justicia Federal. Además, cuestionaban que en números el "desenganche" les había hecho perder más de 25% de lo que podrían cobrar si hubiesen mantenido los aumentos dispuestos por la Corte Suprema.
AJER incluso había advertido que la inflación y la devaluación "han dejado a un sector importante de los empleados más jóvenes con ingresos por debajo de la línea de la pobreza, además de deteriorar gravemente los ingresos de todos los judiciales".