Los abogados de Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos y de su cuñado, Juan Pablo Aguilera, presentaron una acción de hábeas corpus ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. Buscan de este modo revertir la resolución de la Cámara de Casación Penal de Paraná. El martes, se ordenó la prisión preventiva del exmandatario por riesgo de fuga. La medida también recayó en su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Este miércoles tratan el pedido de ambos acusados para ser liberados.
Hábeas corpus de Urribarri y Aguilera: por la tarde se conocerá la resolución judicial
Los abogados de Sergio Urribarri y de Juan Pablo Aguilera buscan de este modo revertir la resolución de la Cámara de Casación Penal de Paraná
20 de noviembre 2024 · 08:05hs
Foto UNO/Gonzalo Nuñez
Foto UNO/Gonzalo Nuñez
Si bien en un primer momento el habeas corpus fue presentado por los defensores de Urribarri, Aguilera presentó una adhesión al mismo.
La acción de hábeas corpus es un recurso legal que protege la libertad personal y busca prevenir detenciones o arrestos ilegales.
En este caso, los abogados de Urribarri y también de Aguilera, argumentan que la resolución de la Cámara de Casación Penal vulnera los derechos de sus clientes y solicitan la revisión.
El pedido es ante la jueza Carola Bacaluzzo. Están presentes los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano e Ignacio Aramberry. En tanto, por la defensa están Leopoldo Cappa (Urribarri) y Miguel Ángel Cullen (Aguilera). De manera remota están los abogados Fernando Burlando y Javier Ignacio Baños (Urribarri) y los condenados desde la Unidad Penal de Paraná.
"Es privación ilegal agravada dictada por un tribunal de Justicia", consideró Baños. "El articulo 43 de la Constitución Nacional impone que cualquier persona puede interponer un habeas corpus contra cualquier acción que en forma actual o inminente, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta; lesionen, restringan, alteren o amenacen el derecho a la libertad", sostuvo.
El exgobernador, preso
El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, quedó alojado el martes por la tarde en una celda especial de la Unidad Penal 1 de Paraná, luego del pedido de los fiscales de la megacausa por la que fue condenado en 2022 a ocho años de prisión y a la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos.
La Cámara de Casación Penal de la capital entrerriana dispuso la inmediata detención de Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera, ante el riesgo de fuga. Por la noche, también emitieron el pedido para el otro condenado, el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez, que se resolverá este viernes a las 12.
“Así como se sirvieron de los cargos públicos que detentaban y la estructura que crearon, se servirán de las mismas y se puede inferir sin dificultad alguna que los condenados seguirán intentando por cualquier medio, incluida la fuga, eludir la acción de la Justicia”, sentenció la jueza Marcela Davite, a lo que adhirieron sus pares Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo.
En ese sentido, la vocal consideró que “han sido comprobadas las facilidades que tienen para abandonar el país o permanecer ocultos”.
Urribarri, que también fue embajador argentino en Israel y Chipre, fue sorprendido por oficiales de la Policía en su domicilio de Concordia, donde también arribó una ambulancia.
Minutos más tarde fue trasladado a la Jefatura Departamental de esa localidad, donde fue identificado y luego recorrió poco más de 260 kilómetros hasta llegar a Paraná, y cerca de las 17 ingresó a la UP1.
El 7 de abril de 2022, Urribarri recibió 8 años de prisión por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos, mientras que su cuñado Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez fueron condenados a 6 años y medio de cárcel.
La decisión judicial fue confirmada por la Cámara de Casación Penal de Paraná el 31 de mayo de 2023, y más tarde la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el recurso de apelación de las defensas, que actualmente buscan llevar esa decisión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Los fiscales de la investigación, Ignacio Aramberry, Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano solicitaron la efectivización de las penas, medida que fue descartada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná.
En ese entonces, los vocales Carolina Castagno y Julián Vergara rechazaron el pedido de prisión efectiva, mientras que su par Elvio Garzón fue el único que votó a favor, al considerar que “a todas luces” existían probabilidades de que se den a la fuga. El principal rechazo de la prisión preventiva fue el comportamiento procesal de los condenados a lo largo del proceso judicial.
El martes, la jueza Davite señaló que la decisión de los jueces “resulta arbitraria, carece de sustento normativo, no valora los elementos de juicio propuestos y resulta exigua frente a la entidad de los riesgos”.
Además, explicó que el monto de pena “es elevado”, lo que “resulta por sí mismo indicativo del peligro de fuga”. “Si nos atenemos estrictamente a la legislación procesal, los hechos quedaron acreditados con el grado de certeza en la sentencia, confirmada por la Cámara de Casación que a su vez rechazó el recurso de queja”, completó la jueza.
La Megacausa
Todo surgió a partir de una denuncia que realizó en 2013 el exdiputado nacional por Entre Ríos, el radical Jorge D’Agostino.
Si bien eran tres las causas, los fiscales unificaron los expedientes ya que todos se basaban en la utilización de fondos públicos para “financiar la campaña presidencial” de Urribarri.
Una de las causas investiga el desvío de 47 millones de pesos para promocionar su campaña presidencial en 2015.
Según los fiscales, se desviaron 4.308.500 de pesos destinados a la publicación de una solicitada en 18 diarios nacionales contra los fondos buitre; y otros 14.561.870 de pesos para instalar un parador playero en Mar del Plata.
Asimismo, siempre según la investigación judicial, se utilizaron cerca de 28 millones de pesos para contratar a la productora “Nelly Entertainment” de Jorge “Corcho” Rodríguez, para difundir spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur realizada en Paraná en 2014.
A mediados de 2017, Rodríguez acordó con la fiscalía la suspensión del juicio, el pago de 150.000 pesos al Estado y realizar “campañas de bien público en beneficio del comedor Los Piletones”, de Margarita Barrientos”.
Por otro lado, en otra causa afirman que entre 2010 y 2015 se otorgaron 24.204.918 de pesos para realizar publicidad callejera oficial, direccionados en favor de la empresa de Aguilera, cuñado de Urribarri.
También su gestión adjudicó 1.000.000 de pesos en publicidad a diarios y revistas, a los que Urribarri no identificó, y otros 500.000 a Global Means SA, una firma comercial con fecha de contrato social el 15 de agosto de 2011, con domicilio fiscal en La Plata.
Señaló además que, entre los medios más beneficiados con publicidad, estuvieron el canal C5N con 200 mil pesos; SA Entre Ríos (El Diario de Paraná), que percibió 271.000 pesos; y el diario UNO (Vila-Manzano), con una cifra que ronda los 800.000 pesos.