El Gobierno nacional sigue paralizando la ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno de Rogelio Frigerio publicó esta semana un decreto que limita severamente la autonomía de la UADER. El Decreto 2817/25 establece que la universidad no podrá decidir sobre las contrataciones, renovaciones y designaciones de su personal sin previa autorización del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Esta medida se alinea con la política de ajuste y recorte a las garantías fundamentales que impulsa la gestión libertaria.
Solicitada: "Frigerio, siguiendo el modelo de Milei, atenta contra la Autonomía de la UADER"
Mientras el Gobierno nacional sigue paralizando la ley de Financiamiento Universitario, Frigerio publicó un decreto que limita severamente la autonomía.
21 de octubre 2025 · 07:27hs
Andrés Sabella, rector de la UNER y la politica de Frigerio.
El Presupuesto como Garantía y el riesgo de la arbitrariedad
Como es sabido, la Constitución exige que el Poder Ejecutivo formule y eleve anualmente el proyecto de Presupuesto al Congreso para su análisis y aprobación. Este marco legal es fundamental, pues establece los límites y las garantías para la gestión del Ejecutivo y la rendición de cuentas.
La ausencia de un presupuesto nacional, por segundo año consecutivo, se ha convertido en una herramienta que permite al gobierno de Milei una arbitrariedad sin límites. Esto se traduce en un ajuste permanente y un ataque directo a los derechos de los sectores más vulnerables y, en particular, al sistema universitario. En este contexto de desfinanciamiento, la autonomía universitaria se ve seriamente afectada.
El Decreto 2817/25: Un Nuevo Ataque a la Autonomía Universitaria
Siguiendo esta línea de acción, el gobierno de Frigerio firmó el Decreto 2817/25, el cual exige a la UADER requerir autorización previa del Ministro de Hacienda y Finanzas para toda contratación, renovación de vínculos, recategorización y designación de personal, a excepción del docente.
Esta medida se suma a las acciones del gobierno nacional que buscan recortar el gasto público y avanzar sobre garantías fundamentales como la autonomía universitaria.
La Esencia de la Autonomía
La autonomía universitaria, incorporada en 1994 a la Constitución Nacional en el Artículo 75, Inciso 19, y ratificada en el Artículo 269 de la Constitución de Entre Ríos, es un principio que resguarda la independencia política y administrativa de las universidades públicas.
Hablar de autonomía no es un detalle menor; da cuenta de una historia de luchas que asegura que las casas de estudio puedan:
Autogobernarse y elegir a sus propias autoridades sin injerencia política.
Decidir sus propios estatutos y programas de estudio.
Administrar sus recursos sin interferencias del Poder Ejecutivo.
Precisamente, este principio histórico evita que las universidades queden a merced de los gobiernos de turno, tal como ocurría antes de la Reforma de 1918.
La UADER, como integrante del sistema universitario nacional, goza de las mismas garantías, por lo que el ejecutivo provincial no tiene potestad para decidir sobre sus recursos y personal. El Decreto 2817/25 del Poder Ejecutivo Provincial es, por lo tanto, una clara y directa violación a esta garantía constitucional.
El ejecutivo provincial está hostigando a la UADER y desconociendo las garantías contenidas en las Constituciones Nacional y Provincial y la Ley de Educación Superior. Argumentar que la Provincia se da sus propias normas no es un argumento válido si esto implica subordinar la autonomía universitaria.
Finalmente, resulta al menos irónico este accionar de los gobiernos de Milei y Frigerio. Mientras reiteran denuncias de falta de transparencia y politización, desconocen la institucionalidad del sistema y avasallan principios fundamentales de las universidades.
En tanto integrante del sistema, creo que deben impulsarse medidas legales y políticas para sostener esta garantía fundamental y alertar a la comunidad educativa y la opinión pública sobre este avasallamiento.
Así mismo, resulta indispensable que los legisladores de Entre Ríos defiendan los intereses de la provincia y su sistema educativo, poniendo un límite claro a las políticas de desfinanciamiento educativo que lleva adelante el gobierno nacional y que ahora se replican en el ámbito provincial.