Fiestas en islas de Victoria: apuntan contra fuerzas nacionales

La problemática de las fiestas clandestinas en las islas de Victoria, jurisdicción de Entre Ríos, y la denuncia de agrupaciones ambientalistas ante el daño ambiental porque en uno de esos eventos se arrojaron fuegos artificiales con riesgo de incendios y hubo música con impacto negativo en el ecosistema, disparó la inmediata respuesta de las autoridades de la Municipalidad de Victoria. La Intendencia recordó que esos eventos están prohibidos por orden de un juzgado federal, y criticaron a Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional porque “miran para otro lado” a la hora de los controles. La comuna tiene apenas 12 personas para realizar tareas de prevención y detección de focos de incendios, que son mayormente originados por acampantes.

Este fin de de semana agrupaciones ambientalistas denunciaron que se realizaron cuatro fiestas clandestinas en la zona de islas frente a Rosario, tres en jurisdicción de Entre Ríos, y otra en la isla de Los Mástiles, territorio santafesino frente a Granadero Baigorria.

Tres de las fiestas ocurrieron en el sector de paradores ubicados frente a la costa norte rosarina, que forma parte de las 376.000 hectáreas que constituyen la reserva de Usos Múltiples Islas de Victoria. Allí está prohibido todo tipo de evento masivo o espectáculo público, según una medida cautelar resuelta en 2020 por un Juzgado Federal de Paraná. Ahora, ese expediente se lo tramita el nuevo Tribunal Federal de Victoria.

Respecto a la fiesta en la isla de Los Mástiles, los ambientalistas alertaron que se arrojaron fuegos artificiales en un sitio “que sufrió hace pocos días la quema de una superficie cercana a las 200 hectáreas”. Hablaron de “riesgo ecológico” en un área designada como reserva natural.

La vista gorda

Desde la Intendencia de Victoria y sin polemizar, enfatizaron que son las fuerzas federales por tierra y agua las que deben realizar los controles, más aún si se tiene en cuenta que las fiestas en las islas están prohibidas a partir de una medida judicial de un juzgado federal. “Nosotros hacemos tareas de prevención y control con una delegación de apenas 12 personas en ese amplio territorio, pero no tenemos facultades más que para labrar un acta. El poder de policía lo tienen Prefectura Naval Argentina en el río, Gendarmería Nacional en la ruta, y la policía, pero miran para otro lado”, sentenció Elías Ruda, asesor legal del municipio. Es más, apuntó que Gendarmería “ve todo lo que ocurre en la ruta nacional 174 (puente Rosario–Victoria) cuando una persona baja a la zona de islas, pero cierran los ojos. Y Prefectura ve también cuando la gente cruza desde Rosario por el río, especialmente a la isla La Invernada, pero se hace la tonta, igual que el destacamento de policía del Charigüé”.

Al referirse a los escasa logística que tiene Victoria para hacer frente al control de esa gran extensión del humedal, Ruda expresó sin vueltas: “No tenemos ningún tipo de apoyo, y no vamos a exponer a nuestros empleados durante una fiesta. Tenemos una lancha inutilizada porque está rota. Reclamamos muchas veces a Medio Ambiente de la Nación que nos den dos embarcaciones que tienen paradas en Diamante, y más recursos para dotar la delegación de islas, pero nunca hubo respuestas”.

El funcionario fue claro respecto al control de las fiestas. “Están prohibidas por la resolución judicial de un juzgado federal que hizo lugar a una medida cautelar. Entonces, deberían controlar las fuerzas nacionales. Como resguardo administrativo sancionamos una norma para que, antecualquier pedido, podamos exhibir esa restricción”, enfatizó el funcionario en declaraciones a La Capital.

Sobre la limitación operativa en relación a los recursos disponibles, Ruda contextualizó que los 12 hombres de la brigada de islas, “están abocados a lo más grave, la prevención de incendios por el daño ambiental, lo que después afecta la salud de la población, principalmente de los rosarinos. Entiendo la denuncia de los ambientalistas, el trabajo que hacen es admirable, pero lo más grave son los incendios”.

Recordó además que se ha comprobado que “ninguna fiesta causó un incendio. El funcionamiento de los paradores está permitido, tiene una reglamentación, con extintores, y la cumplen. El problema más grave no es una fiesta, con algo de música alta, sino los focos que en su mayoría son de acampantes, sobre todo de noche que dejan fuego prendido”.

Sin respuestas desde Nación

En relación a la fiesta en las islas de Los Mástiles, desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, la titular de la cartera, Erika Gonnet, prefirió no hacer declaraciones, y el representante legal de la Municipalidad de Victoria advirtió la falta de respuestas del gobierno nacional.

En ese sentido recordó que se le pidió en reiteradas oportunidades al ministro de Ambiente, Juan Cabandié, “una lancha para hacer los recorridos por el humedal, que aporten fondos para mantener al personal local, y se le propuso infinidad de veces desarrollar actividades para promover la prevención. Pero, en vez de eso, se llegaron a gastar 3.000 millones de pesos en 2022 para apagar los incendios. ¿Qué pasaría si autorizaran esos recursos para tener una Policía Ambiental para prevenir y actuar rápidamente? Pero parece que hablás a una pared”, sentenció Ruda.

Aunque en el gobierno provincial no hubo consideraciones respecto de los festejos, puertas adentro del Ministerio de Ambiente coinciden con lo expresado por la intendencia de Victoria respecto a que las fuerzas nacionales, como Gendarmería y Prefectura Naval deberían tener un rol más activo.

La Municipalidad de Victoria informó que desembolsa 5 millones de pesos por por mes para los salarios de los empleados de la delegación de islas, y no recibe ningún tipo de aporte de los gobiernos de Entre Ríos o de la Nación para jerarquizar ese organismo.

Según indicaron desde Victoria, se promovieron reuniones con el ministro de Ambiente, Juan Cabandié en el marco del programa Piecas para desarrollar tareas de prevención, pero que “nunca fueron tenidas en cuenta”, recalcó Elías Ruda, asesor legal de ese municipio.