Espionaje: renunció el funcionario entrerriano procesado

El Poder Ejecutivo provincial publicó este miércoles 27 en el Boletín Oficial el texto del decreto a través del cual aceptó la renuncia de Alexis Lesa al cargo de director general de Informática de la Subsecretaría de Tecnología para la Gestión y las Telecomunicaciones de la Secretaría de Modernización envuelto en una causa nacional del espionaje ilegal. Había sido designado en diciembre de 2019 y ahora su dimisión es motivada por "cuestiones de índole personal". El decreto fue firmado por el gobernador Gustavo Bordet y la ministra de Gobierno, Rosario Romero.

El motivo verdadero es que Lesa, junto con otro empleado provincial, Pablo Palá, fueron procesados por la Justicia Federal por tareas de espionaje, en primera instancia por el juez federal Julián Ercolini, medida confirmada por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, que ordenaron profundizar la investigación contra los entrerrianos.

Se los acusa de utilizar un usuario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para realizar el seguimiento de Stuiso y Arroyo Salgado en la base de datos de Migraciones. De acuerdo con el fallo de la Cámara Federal, Lesa y Palá monitorearon los movimientos ambos la tarde del 18 de enero de 2015, horas antes de que se conociera la muerte de Alberto Nisman, el fiscal de la causa AMIA.

“Los movimientos migratorios de la jueza federal fueron consultados con el usuario de la Secretaría de Inteligencia el 27 de enero de 2015, a las 02:33:00 hs. Los de Stiusso, en treinta y ocho oportunidades desde el 18 de enero de 2015 a las 16:14:10 y 16:14:17 hs., hasta el 30 de enero de dicho mes, a las 13:04:27 hs”, añadió.

Y continuó: “En todos los casos, se activó una dirección de IP asociada al domicilio en Paraná, Entre Ríos, que era ocupado por Palá y Lesa y a un teléfono también vinculado a ellos. Ambos –se averiguó- tenían a la época contratos con dependencias públicas de la Provincia mencionada y especialidad en informática”.

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La denuncia que originó la investigación es más amplia y fue presentada en 2015 por Patricia Bullrich, hoy candidata presidencial, y por la diputada Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción.

Ambas aseguraron que más de un centenar de periodistas, políticos y funcionarios judiciales eran espiados ilegalmente a través de las denominadas OB (órdenes de observación) de la AFI (la exSIDE) que entonces era liderada por el actual senador kirchnerista Oscar Parrilli. Bullrich y Alonso entregaron una lista de personas presuntamente espiadas que incluía a miembros de la Corte Suprema, jueces, fiscales, funcionarios, periodistas, empresarios y políticos, publicó Entre Ríos Ahora.

En ese expediente, el exagente de inteligencia de la ex-SIDE Antonio Stiuso se presentó como querellante y aportó datos que mostraron los ingresos ilegales y sin orden judicial de la AFI a la base de datos de la Dirección General de Migraciones para saber su paradero horas antes de la muerte de Nisman. De haber hecho esas consultas se responsabiliza a los entrerrianos Lesa y Palá, quienes no solamente fueron indagados por el espionaje que concretaron, sino que, además, quedaron involucrados en la causa madre por el crimen del fiscal Nisman.

En la investigación de espionaje se suman ingresos similares respecto de la exesposa de Nisman y madre de sus hijas, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. En todos los casos, según el fallo “se activó una dirección IP asociada a un domicilio en Paraná, Entre Ríos, que era ocupado por Palá y Lesa y a un teléfono también vinculado a ellos”.

Ambos funcionarios entrerrianos siempre fueron cultores del bajo perfil, pese a que tienen numerosos contratos con el Estado provincial desde el último gobierno de Jorge Busti, aunque siempre ligados al urribarrismo.