El ex intendente Constantino comenzó a cumplir la pena en la cárcel

El juez de Garantías y Ejecución de Penas de Gualeguaychú Carlos Rossi determinó que Ángel Fabián Constantino, ex intendente de la localidad de Gilbert, sea trasladado a la Unidad Penal 9 Granja “El Potrero” para continuar con la pena interpuesta el año pasado, al haber sido condenado por abusar sexualmente de tres empleadas.

La decisión llegó luego de que el juez Arturo Dumón, rechazó el pedido de suspensión de la sentencia y ordenó que comience la ejecución efectiva de la condena. Hasta este martes, cumplía prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su vivienda, donde incluso abrió una pollería. Durante su traslado, Constantino fue interceptado por periodistas a los que no respondió preguntas pero les remarcó: “Soy inocente”.

Pueblo chico

Tras el análisis de numerosas pruebas, archivos, y cerca de 80 testimonios, un Tribunal comprobó que se cometieron múltiples abusos al menos entre 2018 y junio del 2021. Además, mientras avanzaba la investigación en su contra y pesaban sobre él las medidas restrictivas, Constantino se acercó a unas de las víctimas en varias oportunidades, por lo que fue detenido durante 24 horas, el 26 de agosto de 2021.

También se logró demostrar que durante la investigación no cumplió las medidas que le impedían acercarse o tener contacto con las víctima, sus domicilios o lugares de frecuencia, ni familiares, allegados, ni testigos.

Todo esos sucesos, aún con Constantino como el jefe comunal: en mayo de 2022, recién 10 meses después de la primera denuncia, presentó un pedido de licencia con goce de haberes, y luego de recibir el pedido del Partido Justicialista (PJ), e incluso el gobernador por ese entonces, Gustavo Bordet, había enviado a la Legislatura un pedido para desplazarlo e intervenir el Municipio.

Gilbert, una localidad de no más de 1500 habitantes ubicada en el sureste entrerriano, es un “pueblo chico”, explicó la fiscal del caso, Martina Cedrés, por lo que “siempre es difícil” poder llevar adelante una denuncia. Al ser el intendente el señalado, “existió miedo a denunciar”, señaló, y dijo a UNO que “en los pueblos sigue señalando a la víctima como la culpable de la situación, incluso después una condena que es confirmada”.

Más denuncias al intendente

“Había personas que sufrieron tocamientos que sucedieron antes que las denunciadas”, pero no quisieron radicar la denuncia ante el “miedo por un juicio de valor, pero toda víctima tiene su tiempo y hay que respetarlo”, remarcó la fiscal. La fiscal precisó que el funcionario también realizó actos de exhibicionismo, aunque no se pueden iniciar causas judiciales, ya que no está tipificado como delito en el Código Penal.

Todo eso, consideró Cedrés, “da un panorama de su forma de manejarse con las mujeres: conductas sexuales sucesivas, intimidación y acoso”. Asimismo, destacó el valor de poder denunciar, ya que “siempre previene otras” y –en este caso– “vinieron a cortar la sucesión” de abusos que ejercía Constantino.

El 13 de marzo del 2023, un Tribunal de Gualeguaychú condenó a Constantino por tres hechos de “abuso sexual simple y con acceso carnal, y abuso sexual con acceso carnal en la tercera denuncia reiterados, en concurso real”.

Ley Micaela en abogados

Durante el proceso judicial, uno de sus abogados defensores dijo que a su defendido “le habían hecho una cama, quizás por celos y para bajarlo de la política porque tiene atractivo sobre las mujeres, siempre tuvo auto y formación”.

“Según el Derecho Penal, todas las relaciones con menores de 15 son abusos con acceso carnal, de 15 a 18 se llama estupro y se supone que una menor de 18 años no tiene conciencia, y no entiende o le parece un juego, aunque ya sabemos que una de 12 tiene más conciencia que yo de 66”, consideró el abogado Mario Arcusín.

Ante ello, el Instituto de Mujeres, Géneros y Disidencias del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos repudió “tajantemente” esas declaraciones, señalaron que “ningún profesional del derecho puede hacer apología del delito sexual, ni justificar conductas abusivas”, y exigieron la aplicación de la ley Micaela “para todos y todas las profesionales del derecho”.