Debatieron en comisión el Régimen de Transición de Gobierno

Durante una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General, que preside Marcelo López; y de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, que encabeza Gabriela Lena, la Cámara de Diputados de Entre Ríos continuó este miércoles con el análisis del proyecto de ley de Régimen de Transición de Gobierno enviado por el Poder Ejecutivo.

Del encuentro, realizado en el recinto de la Cámara, participaron representantes de sectores involucrados en los alcances de la norma: Oscar Muntes, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); Ignacio Lozano, asesor legal de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN); Sergio Almeida, titular de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER), y Gonzalo García Garro, director del Instituto de Derecho Constitucional y Administrativo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER).

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El diputado López expresó luego de la reunión que las alocuciones que se escucharon en la reunión dieron cuenta del acompañamiento del objetivo primario del proyecto y también se escucharon algunas sugerencias de modificación vinculadas a negociaciones paritarias y a la autonomía de los municipios. "El estudio del proyecto venido del Ejecutivo ha encontrado buena recepción en los representantes de sectores involucrados. Ha sido bien recepcionado el espíritu general del proyecto, que es el de incorporar prácticas de transparencia en el manejo de la información que la gestión saliente debe ofrecer a la que le sigue. También se valora la introducción de un mecanismo que ponga coto a designaciones y contrataciones de obra pública en el último período de gestión a fin de no comprometer al gobierno sucesivo", indicó e diputado.

El diputado Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), quien integra la Comisión de Asuntos Constitucionales, destacó: “Venimos de varias reuniones de bloques y asesores, hemos escuchado incluso a los funcionarios del Poder Ejecutivo, y se han consensuado algunas modificaciones”. Esos cambios, indicó Sarubi, se refieren, uno, al periodo que contempla el proyecto para la transición gubernamental; otro, a la autonomía municipal; y hay más que se siguen conversando.

Por su parte, Muntes dijo que “es muy importante la invitación a los sindicatos” para analizar la iniciativa, al tiempo que manifestó su apoyo al ordenamiento del régimen de transición. También, planteó que se deben precisar las excepciones a la prohibición de nombramiento de personal en el último año de gestión, en función de respetar los acuerdos paritarios, hasta tanto no se cuente con un convenio colectivo o reglamentación del Régimen Jurídico Básico.

En tanto, Ignacio Lozano coincidió con Muntes en el planteo de la modificación del artículo 5 por entender que “no contempla como excepción a trabajadores que han obtenido sus cargos a través de las negociaciones paritarias”.

El peronismo busca legislar la carrera del empleado público

En el marco de la reunión de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, el bloque "Más Para Entre Ríos" sostuvo la necesidad de avanzar en la legislación que regule la carrera de los empleados públicos de la provincia.

Los diputados justicialistas reiteraron su voluntad de aportar a la elaboración de normas que promuevan la transparencia de los actos de gobierno, en un contexto en el que se preserven los derechos de los trabajadores estatales. Por esa razón el bloque propuso la presencia de los representantes gremiales, lo que fue receptado positivamente por todos los legisladores, indicaron.

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Ante la iniciativa que propone reglamentar aspectos relacionados con los trabajadores públicos durante el último año de gestión, el diputado Juan José Bahillo remarcó la importancia de avanzar en la legislación de la carrera del empleado público en vez de establecer limitaciones solo para un año. “Debemos trabajar en una norma que contemple la igualdad de oportunidades en el ingreso al Estado, la promoción de la carrera dentro de la función pública y la capacitación de los trabajadores. Una norma que también garantice la recategorización por antigüedad por permanencia y/o capacitación”, indicó el legislador.

Bahillo expresó que el bloque justicialista pretende de este modo “que el trabajador estatal tenga previsibilidad y no padezca incertidumbres cuatro años. Y por supuesto que también se elimine la posibilidad de que se cometan arbitrariedades. Una norma que transparente el empleo público y preserve la confianza con la sociedad, visibilizando y valorando el trabajo de la administración pública”.