El ex concejal de Cambiemos, ex senador del PJ y ex Director de Vialidad Provincial, Santiago Gaitán, peticionó a la Justicia una nueva reducción a la pena impuesta por corrupción en 2017. En concreto, se lo encontró culpable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Corrupción: Gaitán pide menos pena y espera a la Corte
El ex funcionario solicitó en la Justicia una reducción de la pena por corrupción mientras discute en la Corte. La Fiscalía pidió el rechazo.
13 de abril 2023 · 14:29hs
La solicitud la formalizó hoy a través de su abogado Ignacio Esteban Díaz, quien pidió a la Cámara de Casación Penal que el monto de la pena aplicada pase de 2 años y 4 meses de prisión condicional a 1 año de cárcel, en esa misma modalidad. En paralelo, informó que se presentó un recurso ante la Corte Suprema para que la sentencia provincial sea anulada. Cabe señalar que el ex funcionario no asistió a la audiencia de hoy.
Por su parte, la Procuradora Adjunta, Mónica Carmona, solicitó se confirme la condena en el monto establecido por la Cámara de Casación Penal en 2020, cuando le aplicaron una reducción de 2 meses. Entre sus argumentos, mencionó que Gaitán pudo haberle hecho perder al Estado unos 7 millones de pesos, según estimaciones actuales.
La audiencia fue presidida por el juez Gustavo Pimentel y estuvo acompañado por medio de videoconferencia, desde Concordia, por los jueces Darío Perroud y Evangelina Bruzzo. La resolución, adelantaron, la darán a conocer el 12 de mayo.
Planteo defensivo
El planteo defensivo se realizó en el marco de una antigua causa en la que se le reprochó el aval que dio a un convenio de pago con la firma Neriki SA, cuando estuvo al frente de Vialidad en noviembre de 2006. La controversia se originó a partir un compromiso de pago por la DPV con la empresa Neriki SA por un monto de 1.199.662,70 pesos, suscrito por el entonces apoderado legal del organismo estatal, Flavio Torrealday, avalado por Gaitán. Esa cifra no se pagó ya que intervino Fiscalía de Estado.
La Justicia entendió que para la suscripción de dicho convenio se adujo falsamente que Nediki era cesionaria de la firma Induvial SA, empresa que había reclamado al Estado una suma de dinero por una contratación en 1993.
El 19 de junio de 2017, Gaitán fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión condicional por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa y negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública en concurso ideal. En 2020 la Cámara de Casación Penal le anuló la condena por fraude y le rebajó la pena en 2 meses.
El abogado Ignacio Esteban Díaz planteó su disconformidad con esa leve reducción: "Nos disconformamos enormemente en cuanto al grado de la pena. Esta reducción es mínima. No le he encontrado explicación lógica para que la reducción sea sólo de dos meses. Más o menos 1 año sería el mínimo justo".
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Enseguida, sostuvo que "la única agravante que se trató para justificar esta pena fue la responsabilidad como funcionario público que ostentaba" y agregó que existieron más elementos atenuantes para morigerar la pena, como la falta de antecedentes penales o que siguió el dictamen que realizó el asesor legal de Vialidad, Flavio Torrealday.
"Mi defendido no tiene antecedentes penales y no es abogado, desempeñaba el cargo de administrador de Vialidad. La resolución que dicta en 2006 fue en función del dictamen de Torrealday. En ese dictamen aconseja convenir el pago en función de la interpretación de la sentencia que había resuelto el Superior Tribunal de Justicia en el expediente Induvial SA, en la Sala Contencioso Administrativo", refirió.
También pidió que se considere como un atenuante que el convenio elaborado por Gaitán establecía un control posterior por parte de organismos de control, como la Fiscalía de Estado, la Contaduría General de la Provincia o el Tribunal de Cuentas. "Hay que ser realistas, hay algo que incumplió y fue precisamente no someter ese convenio a examen de los órganos de control. Pero de ninguna manera podemos no valorar esa actitud de Gaitán de esforzarse para que lo convenido estuviera resguardando los intereses del Estado. Eso también hace a la calidad de la sanción que debe evaluarse", enfatizó.
Al finalizar su alocución, recordó que la discusión sobre el fondo de la condena está en el máximo tribunal nacional. "Se presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación", informó Díaz y añadió que mientras aguarda una resolución se debe "reducir la pena al mínimo establecida para el delito de negociaciones incompatibles".
Postura fiscal
Por su parte, la Procuradora Adjunta Mónica Carmona solicitó el rechazo a las pretensiones del defensor de Gaitán. Y manifestó que es razonable la pena de 2 años y 4 meses que le impuso la Cámara de Casación Penal.
En contrario a la postura defensiva, señaló que existen muchos elementos agravantes contra Gaitán. "En el convenio, Gaitán pone a posteriori los controles de la administración pública. Eso es justamente el reproche punitivo que se encuentra firme. La afirmación de que Gaitán se preocupó por los intereses del Estado es falsa. Conocía perfectamente la Ley que establece que no los funcionarios no pueden emitir pagos sin previo dictamen a favor de los órganos de control", explicó.
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En ese sentido, destacó que Gaitán sabía que los controles debían hacerse previamente y no en un futuro próximo. "Esto de los controles posteriores lo hizo en un sólo convenio. Si dice que lo desconocía, también encontraríamos convenios indebidos de otros años. La defensa olvida también que era un importante funcionario y que el convenio que firmó con Issel tenía fecha anterior al dictamen de Torrealday", puntualizó Carmona.
Enseguida, resaltó que también fue grave la pretensión de Gaitán de obligar al Estado a pagar una suma millonaria sin haber realizado una previsión presupuestaría
"Gaitán detentaba un importante cargo y firmó un convenio para pagar más de 1 millón de pesos que en 2006 era una suma millonaria. Sólo por curiosidad realicé la conversión de ese dinero a la acualidad mediante la tasa activa del Banco Nación y hoy representaría unos 7 millones de pesos", detalló.
Finalmente, solicitó se confirme el monto de la pena aplicada por consderarla razonable y se tenga en cuenta como agravantes que el exfuncionario público estaba en conocimiento de las reglamentación para emitir pagos.
Otros condenados
En la causa contra Gaitán también fue condenado el ex asesor legal de Vialidad, Flavio Emilio Torrealday, como coautor material y responsable de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, en grado de tentativa, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en concurso ideal, a la pena de dos 2 años y 6 meses de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos, más el pago de una multa de $60 mil.
En tanto, el empresario Osvaldo Pedro Issel fue condenado como partícipe primario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, en grado de tentativa, negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso ideal. Le aplicaron la pena de 2 años y 6 meses de prisión condicional y el pago de una multa de $60 mil.
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