Comedores escolares: el Procurador General respaldó sentencia que permite continuar con nuevo sistema de alimentación escolar

Jorge García dictaminó que debe confirmarse el fallo y consideró que no corresponde hacer lugar a la apelación presentada por padres, AGMER y la Fundación CAUCE por los comedores escolares. Además, reconoció que la instrumentación de la política alimentaria corresponde al Poder Ejecutivo y valoró la mesa de diálogo convocada por la Provincia.

El procurador general Jorge Amilcar Luciano García. Foto UNO Diego Arias.

El Procurador General de Entre Ríos, Jorge García, dictaminó que debe confirmarse la sentencia dictada en el marco del amparo por los desayunos y meriendas escolares y consideró que no corresponde hacer lugar a los planteos formulados por los padres, AGMER y la Fundación CAUCE.

García sostuvo que la sentencia no es arbitraria, sino que se encuentra motivada y fundada en la normativa constitucional, convencional y provincial aplicable. También señaló que la instrumentación de una política pública corresponde al Poder Ejecutivo, aunque esa competencia puede ser objeto de control judicial cuando están involucrados derechos fundamentales.

El Procurador aclaró que el fallo debe interpretarse en un sentido amplio: no se trata solamente de retirar los productos que tengan sellos de advertencia, sino de garantizar una alimentación escolar saludable. En ese sentido, remarcó que cualquier adecuación debe implicar una modificación efectiva de los alimentos y no limitarse a un cambio formal en su etiquetado.

Asimismo, valoró la instancia de diálogo interinstitucional y multisectorial convocada por el Gobierno de Entre Ríos, de la que participan especialistas, profesionales, universidades y la empresa proveedora. Consideró que se trata de un ámbito pertinente para avanzar en la adecuación del sistema.

LEER MÁS: Entre Ríos: fallo judicial prohibió la distribución de alimentos ultraprocesados en escuelas

Finalmente, García entendió que la apelación debe servir para aclarar el alcance de la sentencia y no como fundamento para revocarla.

De esta manera, el dictamen respalda la continuidad de la política alimentaria instrumentada por el Poder Ejecutivo, con las adecuaciones necesarias para garantizar que los productos cumplan efectivamente con los estándares de alimentación saludable establecidos por la normativa.