Causa por amenaza: Allende fue sobreseído y la exministra Velázquez anunció que irá a la Corte

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos declaró prescripta la causa penal iniciada en 2018 por la ex ministra de Salud Sonia Velázquez contra el dirigente sindical y ex presidente de la Cámara de Diputados, José Allende, acusado por la querella de amenazas y coacciones agravadas en contexto de violencia de género. El fallo, firmado por los vocales Daniel Omar Carubia y Miguel Ángel Giorgio, dejó sin posibilidad de avance el proceso penal iniciado hace siete años. La vocal Claudia Mónica Mizawak votó en disidencia, postura en la que la ex funcionaria apoyará ahora su estrategia jurídica.

Tras conocerse la resolución, Velázquez confirmó que llevará el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La querella ya adelantó que trabaja en la presentación del recurso extraordinario federal, basándose en los argumentos de derechos humanos y de protección de las mujeres esgrimidos en la disidencia de Mizawak.

Lo que dijo Velázquez

A través de una publicación en Facebook, la ex ministra expresó su malestar por la decisión del máximo tribunal entrerriano. “Persiste una deuda entre quienes tienen la responsabilidad moral política e institucional de resguardar y promover derechos y quienes han sido afectados en el ejercicio y desarrollo de sus funciones. Lamento el fallo del STJ que declara prescripta esta causa por amenaza y coacciones agravadas realizadas en contexto de género. Vale recordar que esta causa se inicia a partir de la denuncia presentada en el mes de octubre del año 2018 ante el Ministerio Público Fiscal. Han transcurrido 7 años desde aquel día en que tomé la decisión de poner fin a distintas coacciones y amenazas que sucedieron de forma sistemática y que se reiteraron durante un año y medio consecutivo, comenzando al poco tiempo del ejercicio de mi función como Ministra de Salud de la Provincia de Entre Ríos. Dichas conductas fueron probadas por testigos presenciales en distintos lugares públicos. Ocurriendo también, llamadas telefónicas, audios, declaraciones realizadas por el Sr, Allende ( que en aquel momento se encontraba con fueros legislativos) frente a casa de gobierno y conductas presenciales en el despacho oficial donde ejercía mis funciones. Las mismas, obran en el expediente como pruebas colectadas por la fiscalía”, dijo.

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En otro tramo, profundizó: “No fue una amenaza solamente, fue un modus operandi sistemático que tuvo la intención de amedrentar, aleccionar y socavar la conducta de gestión y gobernanza de quien conducía los destinos de la salud de la Provincia para todos los entrerrianos/as, quien se encontraba intentando, en primera instancia, junto a un equipo de profesionales, devolviéndole al Estado su capacidad de rectoría, de ética normativa y de transparencia a las instituciones públicas, hospitales y centros de salud sin intromisiones de índole de política partidaria u arbitrariedad sectorial, que nada tenían que ver las mismas, con la garantía de derechos a la salud para la ciudadanía o para los trabajadores del sector. Nos encontrábamos además propendiendo, a la reconstrucción de un Estado virtuoso cuyo marco jurídico e institucional, tendía a reconocer la capacidad ética y profesional de los equipos de salud y procurando que las instituciones públicas estuviesen al servicio de la planificación y ejecución de políticas públicas”.

Finalmente, la ex ministra enmarcó su denuncia dentro del sistema de protección de derechos humanos de las mujeres: “Al realizar la denuncia, lo hice convencida en el ejercicio de un derecho como ciudadana, teniendo en cuenta la Ley 24.632 que suscribe la convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia como Mujer Convención de Belén do Pará- que expresamente obliga a todos los Estados partes a condenar todas las formas de violencia contra la mujer y establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia. Estos argumentos y otros de significativa importancia son citados y planteados como argumentos sustanciales por la Sra. Vocal que vota en disidencia de este fallo, atendiendo expresamente la interpretación y aplicación de los Derechos Humanos en la protección de mujeres”.

Próximo paso: la Corte Suprema

Con el expediente cerrado por prescripción en el ámbito provincial, la querella intentará ahora que el máximo tribunal del país revise el caso. La estrategia se apoyará en la disidencia de Mizawak, que planteó —según destacó Velázquez— la necesidad de interpretar la causa desde los estándares de derechos humanos y de protección frente a la violencia de género.