Alertan sobre el desmantelamiento del Registro Único de la Verdad

La Multisectorial de Derechos Humanos de Entre Ríos expresó su repudio a la situación planteada por el Decreto Nº 3817, firmado por el ministro Manuel Troncoso y el gobernador Rogelio Frigerio, que renueva 833 contratos y quedan afuera del listado de más de 100 trabajadores del área de Derechos Humanos. La medida se dio un día antes de Navidad y aun no hay información precisa sobre el destino de esos trabajadores generando mucha angustia e incertidumbre en las familias.

El dirigente Alejandro Milocco, trabajador del Registro Único de la Verdad, planteó las consecuencias de la medida en el organismo.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se hizo pública una nota dirigida a Frigerio pidiendo la renovación de los contratos que vencen el 31 de diciembre y recalcando la extrema necesidad laboral de los empleados contratados, muchos de los cuales son único sostén de familia. “Una decisión contraria resulta una injusticia para quienes han puesto lo mejor de sí al servicio de la actividad estatal”. “No pueden ser variable para ajustar gastos ni ser responsables de su ingreso al estado por vía de contratos u otras formas precarias”.

"La no renovación de contratos dejaría a cientos de familias sin su única fuente de ingresos, generando un grave daño social. Las y los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste ni cargar con la responsabilidad de formas de contratación precarias que el propio Estado sostiene desde hace años. Exigimos la prórroga de los contratos y la regularización laboral, una demanda histórica de nuestro sindicato frente a todas las gestiones de gobierno. ATE se mantiene a disposición para el diálogo y reclama una reunión urgente para abordar esta situación sensible. Defendemos el trabajo digno, la estabilidad laboral y los derechos de las y los trabajadores del Estado", se indicó desde el gremio.

Desmantelamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia

Por otra parte advirtieron que resulta grave el desmantelamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia construidas de manera sostenida por la sociedad entrerriana desde el retorno de la democracia. "Esta decisión impacta de manera directa en el Registro Único de la Verdad y Derechos Humanos, mediante el despido de trabajadoras y trabajadores que sostienen cotidianamente su funcionamiento".

Insisten: "La labor del Registro Único de la Verdad (RUV) suele transcurrir lejos de los reflectores, entre legajos, nóminas y documentos producidos durante la dictadura. Sin embargo, cada uno de esos papeles constituye un testimonio fundamental. La tarea de investigación, análisis, sistematización y reconstrucción de información que realizan sus trabajadores es una pieza clave para el avance de las causas por delitos de lesa humanidad en la Justicia Federal. Sin este trabajo especializado, los archivos permanecerían inertes y la verdad seguiría fragmentada. Pero la función del RUV no es únicamente técnica o administrativa. Es, ante todo, profundamente humana. Sus trabajadoras y trabajadores son muchas veces el primer contacto institucional para sobrevivientes y familiares que buscan reconstruir historias, encontrar respuestas y obtener reconocimiento estatal después de años de dolor y silencio".

"La memoria no se sostiene sola"

Por otra parte se expresó que este trabajo "necesita políticas públicas activas, equipos de trabajo estables y un Estado comprometido. Vaciar o precarizar el Registro Único de la Verdad no constituye un simple ajuste administrativo: es un ataque directo a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y, por lo tanto, al fortalecimiento del sistema democrático. El trabajo del RUV es una garantía para que el autoritarismo no vuelva a instalarse en nuestra sociedad".

Y se advierte: "De concretarse esta decisión, el 59% de las y los trabajadores del Registro Único de la Verdad quedaría en la calle, pese a contar con más de 10 años de antigüedad y experiencia en funciones altamente especializadas. Cabe recordar que el RUV fue creado por Ley de la Legislatura Provincial, con responsabilidades y tareas específicas que, de persistir este achicamiento, resultarán materialmente imposibles de cumplir. Exigimos al gobernador Rogelio Frigerio y a sus funcionarios una respuesta inmediata, la renovación de todos los contratos y la reincorporación de la totalidad de las trabajadoras y trabajadores del Registro Único de la Verdad. Defender al RUV es defender la memoria colectiva, la justicia y la democracia".