25N: organizaciones de mujeres y disidencias dicen "ni un paso atrás" en derechos

Este sábado 25N, en el marco del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y bajo la consigna de “Ni un paso atrás”, el movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala) de Entre Ríos y organizaciones que nuclean a mujeres y disidencias se congregaron en una multitudinaria marcha que unió las plazas 1° de Mayo y Mansilla, de Paraná, para reclamar contra las violencias hacia las mujeres y disidencias y defender los derechos conquistados bajo la consigna es "Ni un paso atrás".

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Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

La declaración de la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas y de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries de Paraná resumen en 12 puntos sus reclamos y exigencias, a la vez que recalcan la necesidad de tutelar los derechos conquistados, a 40 años de recuperación de la democracia. En ese sentido apuntaron al avance de la derecha radicalizada que implica el triunfo de Javier Milei y Victoria Villarruel en las elecciones generales.

Reclamaron por la inacción ante los femicidios y travesticidios "con infancias que quedan huérfanas por causa de la violencia patriarcal", y apuntaron contra las políticas de ajuste que se pretenden implementar, la amenaza de reforma laboral y previsional, la reducción de presupuestos para salud, educación y género; y el uso de la fuerza represiva para imponerlas.

En otro punto se advierte que el presidente electo, Javier Milei, ya ha declarado su intención de eliminar el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y que el gobernador electo, Rogelio Frigerio, presentó un gabinete que incumple la Ley 10.844 de Paridad Integral de Entre Ríos y que el área de género será otra vez relegada a los rincones de la estructura estatal provincial.

Denuncian amenazas a trabajadoras de empresas estatales con el inminente despido a causa de las ventas de la industria nacional. A la vez que se exige “el no pago de una deuda ilegítima, ilegal y fraudulenta, que impuso e impone exigencias de recortar presupuestos a políticas de niñez, salud, vivienda”.

En otro párrafo el documento exige la profundización de las políticas destinadas a cumplir con la ley integral para el abordaje de la violencia de género, y de la ley Micaela de capacitación obligatoria en materia de violencia de género, para las autoridades de los tres poderes del Estado.

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Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

Autodefinición

En el punto quinto enumeran: “Somos las compañeras y compañeres que sostenemos la vida en los hogares, los comedores comunitarios y escolares, las cuadrillas de limpieza de la ciudad, las tareas de reciclado, el cuidado de niñeces y personas enfermas.

Somos las trabajadoras y trabajadores de la salud, la educación y el cuidado de las infancias que resistimos a la violencia de la precarización laboral.

Somos las trabajadoras de la economía popular, que ante un sistema excluyente, organizamos nuestro trabajo y construimos un nuevo modelo económico, solidario y sin patrones.

Somos las promotoras territoriales de género y promotoras de derechos que acompañamos y contenemos en los barrios populares a personas en situaciones de violencia y aseguramos el acceso a la justicia.

Somos las sindicalistas que combatimos y luchamos afuera y adentro de nuestras organizaciones, desde ámbitos hegemonizados por las alianzas patriarcales. Somos las compañeras que resistimos a la violencia política.

En el punto sexto declaran y enumeran:

“Somos las jóvenes que luchamos por un mundo distinto, y lo cambiamos en nuestras escuelas y universidades”.

“Somos les travestis, trans y no binaries que este sistema hetero cis patriarcal insiste en expulsar y eliminar. Somos las lesbianas que aún nos ocultamos para evitar la discriminación”.

“Somos las presas por eventos obstétricos. Somos las presas por defendernos. Somos las presas políticas. Somos las compañeras de los pueblos originarios que resisten hace más de 600 años a la ocupación de sus territorios”.

“Somos las niñeces sobrevivientes de abusos sexuales, somos las niñeces que soñamos un mundo con calles donde nuestra integridad no esté en peligro. Somos las niñeces que morimos, por un estado que nos abandona”.

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Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

Violencia de género

Otro punto del documento se refiere a la Ley de Emergencia en Violencia de Género y la exigencia de reconocimiento económico e institucional a las promotoras de derechos, género y salud quienes tienen un rol fundamental en el territorio, así como la creación del Polo Integral de promoción de derechos y prevención de violencia.

En este marco se exige un presupuesto acorde a las políticas para la erradicación de la violencia y mayor efectividad en la implementación de la Ley nacional 26.485, la Ley provincial 10.956 y del Convenio 190.

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En otro párrafo se refieren a los “pactos machistas entre los poderes político, judicial y policial” y la necesidad de articular los Juzgados de Familia y la Fiscalía de Género para evitar la peregrinación de la mujeres exigiendo justicia.

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Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

Cupo Trava-Trans

En cuanto a la Ley de Cupo piden la inclusión laboral de las personas trava-trans en los municipios, gobierno provincial y Justicia entrerriana y la aprobación de la Ley Integral Trans a nivel nacional.

ESI y salud mental

Exigen profundizar el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) con perspectiva de género y no binaria “para todo el sistema educativo, en la que la interrupción voluntaria del embarazo sea un contenido pedagógico y se dejen de avalar maternidades obligatorias en la infancia y la adolescencia”.

Asimismo se exige la plena vigencia de la Ley de Salud Mental y no avalan recortes en los presupuestos de Salud, exigiendo accesibilidad a los servicios de Salud mental Estatales y del sistema de obras sociales. También se refirieron a la atención d ellas personas con discapacidad y el efectivo cumplimiento de la ley 22.341, la ley de cupos busca garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, facilitar su inclusión y la igualdad de oportunidades.

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Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

Derechos económicos

El colectivo dijo NO al Ajuste y al pago al FMI que implican recortes a las políticas públicas.

Le dicen “No a la precarización laboral y a los salarios por debajo de la línea de pobreza” y se declaran a favor del acceso al techo, la tierra y los derechos de los trabajadores de la economía popular, a la vez que exigen cupos de vivienda para víctimas de violencias mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries.

El punto once se refiere al respeto por la naturaleza. Se exige terminar con el Ecocidio, promover la soberanía de los ríos, el control estatal del dragado y balizamiento y el cese de las fumigaciones sobre las escuelas rurales.

Entre las declaraciones de solidaridad se enumeran las mujeres y niñeces del pueblo Palestino y se exige Justicia para los femicidios, trans y travesticidios aún impunes:

Gisela López, Jésica Dos Santos, Lucía Torres Mansilla, Verónica Lescano, Noemí Guadalupe Suárez. Repudian la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que decidió anular el fallo dictado por el Tribunal Popular en el femicidio de Julieta Riera y ordenó un nuevo juicio.

Reclaman la aparición con vida de Tehuel de la Torre y Guadalupe Lucero; exigen justicia por la periodista Griselda Blanco.

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Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

La fecha conmemorativa

El 17 de diciembre de 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó al 25 de noviembre como Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer con el objetivo de sensibilizar, denunciar y reclamar políticas públicas para erradicar la violencia de las que son víctimas las mujeres en todo el mundo. Esta conmemoración tiene como origen el asesinato de las hermanas Mirabal, que eran opositoras a la dictadura de Trujillo, en 1960 en la República Dominicana.