La Legislatura avaló volver a La Haya por el conflicto con UPM

Ambas cámaras avalaron un proyecto de resolución que pide a la Nación que recurra a la corte internacional para juzgar a Uruguay por el incumplimiento del Estatuto del Río homónimo.
27 de junio 2014 · 07:55hs

Senadores y diputados, sesionaron de manera paralela en la mañana de ayer, luego de ser convocados por el gobernador, Sergio Urribarri, para que elaboren un pedido formal en nombre del Poder Legislativo provincial y de Entre Ríos, solicitándole al Ejecutivo nacional, que reclame una nueva intervención de la Corte Internacional de Justicia La Haya, en el conflicto que enfrentan Argentina y la República Oriental del Uruguay, por la pastera finlandesa UPM.

 

Si bien ya se acudió al tribunal en 2010, los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, quienes cuentan con el apoyo del intendente, Juan José Bahillo, aseguran que en la otra costa nunca se cumplió el fallo emitido hace cuatro años respecto de los niveles de producción permitidos a la firma y la realización de un monitoreo de las chimeneas para medir el impacto ambiental, que tampoco fue acatada.

 

Con ambas salas ocupadas casi en su totalidad, los legisladores también solicitaron al gobierno nacional que “habilite la activa participación”, a la Provincia en la elaboración de la estrategia judicial que la Cancillería abordará para al tribunal de La Haya. Diputados agregaron un artículo, por el que exigen a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), un “informe periódico” de las actividades que se realizan. Fue la modificación que destrabó la reticencia del bloque radical a apoyar la medida, y permitió así la sanción por unanimidad.

 

 
Gualeguaychú presente

 

En la Cámara de Diputados se hizo presente el intendente de Gualeguaychú Juan José Bahillo, quien acudió a la sesión que se desarrolló en la capital provincial junto con el viceintendente, un grupo de concejales, funcionarios municipales y periodistas locales.

 

El jefe municipal dijo a UNO: “Estamos de acuerdo y muy agradecidos tanto por la iniciativa tomada por el oficialismo, como también del acompañamiento de la oposición y que tenga sanción por unanimidad”.

 

Destacó el respaldo brindado por parte de los distintos partidos políticos a este tipo de cuestiones sensibles para la comunidad, en representación de los vecinos de su localidad, a quienes consideró como los principales protagonistas de la lucha ambiental.

 

Respecto de las expectativas que tienen, por un nuevo fallo de la corte internacional contó: “Somos optimistas, pero nos habría gustado que este conflicto se resuelva de otra manera, llevar a un país vecino a la Justicia no es la manera que a uno le gusta para que se resuelvan estos conflictos. Ojalá esto se hubiera logrado por la vía del diálogo en las innumerables oportunidades que se lo propuso el gobierno nacional, pero la postura del Uruguay es absolutamente cerrada y no deja otra vía que la de recurrir a La Haya”.

 

 

Votación unánime

 

Se resolvió en ambas cámaras por unanimidad “peticionar al Ejecutivo nacional que exija a la República Oriental del Uruguay el cumplimiento de sus compromisos internacionales, el respeto por el mantenimiento del medio ambiente y la preservación efectiva de las aguas del río compartido”, en el primer artículo.

 

En su segundo punto el escrito establece el pedido de recurrir a la La Haya: “De entenderlo necesario y adecuado, en ejercicio de los derechos procesales internacionales, denuncie los hechos nuevos vinculados a la producción de pasta de celulosa en el margen oriental del río Uruguay, en territorio de la República Oriental del Uruguay, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y las violaciones que estos implican a los convenios subscriptos entre las partes y los pactos internacionales”.

 

Como tercer punto se aprobó “requerir al gobierno nacional que habilite la activa participación de la provincia de Entre Ríos, a través de los organismos pertinentes, en la elaboración de la presentación y estrategia judicial a desarrollar en el proceso internacional, atendiendo fundamentalmente al compromiso evidenciado por nuestra provincia en la defensa del medio ambiente y a la directa afectación de intereses entrerrianos por la conducta asumida por el vecino país”.

 

Un cuarto párrafo -a sugerencia del bloque radical- pide a la CARU “que remita un informe periódico sobre la ejecución de las actividades cumplidas en el marco de lo dispuesto por el Estatuto del Río Uruguay”.

 

 

Voces opositores

 

La diputada María Emma Bargagna (Frente Amplio Progresista) dijo a UNO: “He estado en todas las marchas del puente y lo considero justo y legítimo, al igual que la extracción de hidrocarburos no convencionales que es un drama para la Argentina. Tenemos que darnos cuenta y enfrentarlo, al igual que las mineras a cielo abierto y las fumigaciones. A nivel mundial somos el ‘territorio de sacrificio’, las grandes empresas entran, destruyen todo lo que necesitan para sus negocios y nos dejan complicaciones sociales muy graves”.

 

El diputado Lisandro Viale (Partido Socialista) dijo que su bloque resolvió aprobar el proyecto, pero aclaró que lo hacían en nombre del pueblo de Gualeguaychú y de la lucha que habían emprendido hace 10 años: “Vamos a acompañar esta iniciativa porque entendemos que es necesario ya que están los datos, para que puedan ser mostrados y democratizados, pero también es cierto que no podemos exigirle a otros lo que no somos capaces de exigirnos a nosotros mismos, cuando en el territorio nacional las pasteras que están instaladas tampoco tienen monitoreos y sabemos que contaminan”.

 

 

Se involucra al medio ambiente y a los derechos  humanos

 

 

El encuentro en la Cámara alta se inició poco después de las 11. Estuvieron presentes 16 senadores, por la ausencia del representante de Islas, Eduardo Melchiori. Presidió la sesión el vicegobernador de la provincia, José Cáceres.

 

En la sesión el senador de Gualeguaychú, Natalio Gerdau, pidió que se incorpore al expediente la Resolución que trató el Concejo Deliberante de Gualeguaychú.

 

Además el senador de Colón, Oscar Arlettaz, leyó ante el cuerpo los fundamentos que acompañan a la iniciativa que fue aprobada por unanimidad.

 

Uno de los aspectos centrales de los argumentos que sostienen la posición entrerriana es que “el conflicto entre partes involucra la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos”.

 

Se indica que por su naturaleza resulta ser de competencia de la Corte Internacional con asiento en La Haya, por ser el presente conflicto generado por la actitud del gobierno uruguayo una derivación de la sentencia dictada por aquel organismo “que no ha sido debidamente observada por la ROU”.

 

Además señala que el Uruguay, con su decisión de habilitar la mayor contaminación del río, va contra los alcances del Tratado del Río Uruguay, del Estatuto del Río Uruguay, de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, del tratado internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el uso no navegable de los Cursos de Agua Internacionales, del Convenio de Basilea sobre Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos, del Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur de 2001 y de la Declaración de Estocolmo de 1972.

 

 

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