Jugar con fuego, jugar con sangre

La violencia institucional, en su versión más visible que es la de los abusos policiales, no constituye ninguna novedad en Argentina: las estadísticas demuestran que es un fenómeno creciente durante las últimas décadas con más de 5.400 casos de gatillo fácil acumulados desde 1983 en todo el país. Pero hay algo que sí es novedoso, más allá de la curva ascendente de cantidad de asesinados, y es la habilitación explícita desde el poder político para que las fuerzas de seguridad incurran en esas conductas que constituyen delitos.

Cuando el presidente Mauricio Macri recibió, felicitó y respaldó a Luis Chocobar, lo que hizo fue ratificar una vez más que el Gobierno avala esta metodología represiva que impone de hecho la pena de muerte, sin juicio previo, con ejecución en manos de los que portan las armas del Estado.

Como se sabe, Chocobar es el policía que persiguió y mató por la espalda a Juan Pablo Kukoc, un muchacho de 18 años que el 8 de diciembre apuñaló a un turista en Buenos Aires. El aval de Macri y de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue incluso antes de que se definiera la situación procesal del policía, en un intento por condicionar también al Poder Judicial, despreciando el principio de la división de poderes.

Las estadísticas de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), difundidas a fines del año pasado, exhiben un incremento de los casos desde que Cambiemos asumió el gobierno. "Entre el 10 y el 31 de diciembre de 2015, tenemos registrados 26 casos. Si los sumamos a los 441 de 2016 y 258 de 2017, tenemos que, en los 722 días de gobierno de la Alianza Cambiemos, el aparato represivo estatal mató 725 personas", dice el informe publicado por la Correpi. Un muerto por día, que en su mayoría son pobres, jóvenes y habitantes de barrios carecientes.

Lejos de preocuparse por esta escalada, el Gobierno elige sumar leña al fuego. El apoyo en persona por parte de Macri a Chocobar fue la continuidad de otras señales en el mismo sentido que de modo permanente su ministra Bullrich vuelca hacia las fuerzas de seguridad, tanto en lo que denominan el combate contra el crimen como en la represión de las protestas que desencadenan las políticas económicas. Ni la muerte de Santiago Maldonado, ni la de Rafael Nahuel, ni la cacería de manifestantes que protestaban contra la reforma previsional en las afueras del Congreso de la Nación, ni ningún otro hecho de estas características motivaron algún cuestionamiento por parte de las autoridades nacionales.

Muy por el contrario, lo que hubo fueron palabras y gestos de apoyo. Al impulsar de este modo la represión y la violencia institucional como política de Estado, Macri y Bullrich y el resto del gobierno decidieron jugar con fuego. Ya no quedan dudas sobre el mensaje: para el Presidente y su equipo es correcto que los policías, prefectos o gendarmes persigan y maten por la espalda a quienes cometieron un delito. No parece preocuparles que la orden sea cometer otro delito. Tampoco que los uniformados se conviertan en algo que no son: jueces de sentencia. Y que la sentencia sea el fusilamiento.

El resultado de esta política no puede ser otro que el incremento aún mayor de los casos de gatillo fácil. ¿Cuántos muertos más contará la Correpi a fines de este año?¿Cuánta más sangre seguirá corriendo?¿A alguien del gobierno le importan esas vidas?¿Puede alguien estar de acuerdo con que se asesine sistemáticamente a estas personas?

La obligación del Gobierno es evitar esas muertes, y no solo por una cuestión moral, sino porque así lo ordenan las leyes y la Constitución. Pues bien, el Gobierno hace justamente lo contrario: llama a seguir matando. Así devela su propia incapacidad para cumplir con sus obligaciones. Como no puede solucionar la pobreza, la inflación o la desocupación, reprime a quienes salen a protestar contra esos flagelos. De la misma manera, como no puede solucionar la inseguridad ni prevenir los delitos, mata a quienes los cometen o son meros sospechosos de cometerlos.