Impulsan los consorcios rurales para todo el país

Un proyecto de ley que permitirá en todo el país el funcionamiento de los Consorcios Productivos de Servicios Rurales es impulsado por el diputado nacional Julio Solanas. La iniciativa del exintendente de Paraná apunta a darle un marco legal a las asociaciones civiles de servicios a la comunidad, que estarán integrados por vecinos de una zona determinada y que podrán actuar para sí y también para terceros.

Según surge del proyecto, el principal objetivo es aunar esfuerzos y aportes económicos de distinta naturaleza para lograr “contención, desarrollo y fortalecimiento de los micros y pequeños productores argentinos”, aclarando que los trabajos podrán ser realizados por estos consorcios o estar a cargo de terceros.

Para lograr el reconocimiento pleno de sus derechos, los consorcios deberán inscribirse en la Dirección de Personas Jurídicas de su provincia, con lo que también asumirán una serie de obligaciones.

Objetivos

La principal finalidad de los consorcios será llevar adelante toda actividad que esté relacionada con la producción agropecuaria, por parte de los denominados micro y pequeños productores (incluidos los de comunidades aborígenes) en función de su fortalecimiento económico y social.

El proyecto de Solanas cita algunos ejemplos: laboreo de tierras para la producción agrícola y ganadera; planificación de la producción agrícola, ganadera y forestal que garantice una comercialización en condiciones de competitividad; desbosques, destronque y limpieza de terreno para ampliación de zonas de laboreo; acarreo de suelos para ladrilleros; o construcción de represas para reservorios de agua.
También podrán contratar trabajos afines con reparticiones oficiales y con instituciones públicas o privadas;  colaborar con consorcios vecinos y celebrar acuerdos para adquirir y utilizar en común maquinarias para ejecutar trabajos para el cual fueron creados; o jerarquizar modelos productivos sustentables para la agricultura familiar a partir del asociativismos e incorporar tecnologías apropiadas a sus objetivos.

 Asimismo se menciona la posibilidad de brindar a la comunidad circundante la atención primaria ambiental, ejerciendo la función de monitoreo, difusión y cuidado de las prácticas ambientales; y la de gestionar y organizar la comercialización en forma asociada generando los instrumentos adecuados, para el acceso a los distintos mercados.

Formación

El consorcio se constituirá por asamblea pública y además de las distintas comisiones deberá tener un representante de la comuna o de junta de gobierno de ese lugar.

En cuanto a los recursos económicos de los que dispondrá, se señala que deberá crearse un fondo específico, que conformado por los montos que la Nación le destine, derivados de las retenciones a la exportación de los productos agrarios y ganaderos; por el dinero efectivo que surja del pago de las cuotas sociales de los socios; por el producido de toda obra o trabajo que realice el consorcio; por los subsidios, donaciones y/o legados en efectivo, equipos y materiales que reciba de instituciones públicas o privadas o de particulares; y también por los recursos que les destinen las provincias adherentes a la normativa nacional.

La autoridad de aplicación de la norma será la determinará el Poder Ejecutivo Nacional y según el proyecto de Solanas tendrá su sede  en la ciudad de Paraná. Al respecto el legislador sostiene que resulta coherente con el objetivo de la ley que la sede  se constituya en alguna ciudad del interior del país y no en la Capital Federal.

Detalles

Formarán parte del Consorcio una Asamblea General, una Comisión Directiva, un Comité Ejecutivo, una  Comisión Revisora de Cuentas y un representante de comuna o junta de gobierno de su jurisdicción.
 

Los consorcios quedan exceptuados de impuestos nacionales que graven la transferencia de bienes y servicios a título oneroso. En principio sí deberán pagar tasas, ya que la aplicación es  una facultad local, aunque sería lógico que también los eximan.

Se creará una asociación que  representará a los consorcios ante la autoridad de aplicación.